Artículo publicado en "El Socialista"

Pensiones: Una propuesta responsable

Entra en la noticia para acceder al artículo de Octavio Granado, Secretario de Política y Empleo, publicado en "El Socialista"

Tras la presentación, por parte del Gobierno, de la propuesta de reforma de nuestro sistema de Seguridad Social, el debate en torno a la edad de jubilación se ha convertido en uno de los principales temas de discusión de la sociedad española. Este debate nos lleva a analizar cuál es la situación actual de nuestro sistema de pensiones, y por qué es necesario llevar a cabo medidas para reformarlo, pero sobre todo, y quizá más importante, debe llevarnos a reflexionar sobre cuál es el modelo de pensiones que queremos tener en el futuro.

Respecto a la primera cuestión, podemos afirmar con rotundidad que nuestro sistema de pensiones goza de buena salud, y ello gracias a las diferentes reformas que se han ido operando para adaptarlo a los cambios sociales que han tenido lugar a lo largo de los últimos veinticinco años. Si hoy tenemos una situación de superávit de la Seguridad Social, aún en un momento económico como el que atravesamos, es entre otras cosas gracias a que hace un cuarto de siglo un gobierno socialista apostó por financiar la sanidad y los servicios sociales con impuestos, dejando las cotizaciones sociales sólo para sufragar los gastos de pensiones, incapacidad y desempleo.

También el actual Gobierno socialista ha implementado varias medidas con un resultado final claramente satisfactorio: las pensiones han crecido, el sistema ahora financia nuevas prestaciones, y el éxito de la gestión es indudable, con un Fondo de Reserva de la Seguridad Social que en estos momentos se sitúa en 62.500 millones de euros.

Ante estos resultados, cualquier ciudadano se preguntará cuál es la necesidad entonces de llevar a cabo una reforma precisamente ahora. Pues bien, aquí es donde hay que resaltar la responsabilidad con la que ha actuado el Gobierno.

Para empezar, hay que recordar que en el Debate sobre el Estado de la Nación de 2009, se aprobó una propuesta de resolución en virtud de la cual el Congreso instaba al Gobierno a presentar un diagnóstico sobre el sistema de pensiones y promover un nuevo acuerdo. En los meses de marzo y abril de 2009 el Senado también había aprobado varias mociones en el mismo sentido. Obedeciendo dichos mandatos, el Gobierno aprobó, en Consejo de Ministros el pasado 29 de enero, un documento que, con el título “Documento sobre revisión del Pacto de Toledo”, contempla más de 60 medidas -aunque sólo una haya captado toda la atención mediática- para ser debatidas, con el objetivo último de fortalecer la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social.

El diagnóstico sobre la situación de nuestro sistema de pensiones es conocido y compartido: las proyecciones de población para nuestro país muestran que en el medio y largo plazo el número de pensionistas aumentará a mayor ritmo que el número de ocupados, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida (somos los más longevos del mundo después de los japoneses) y de que nuestra generación del baby boom, más tardía que en otros países, comenzará a ser perceptora de pensiones en la segunda década de este siglo.

A esto hay que añadir que nuestra mayor edad nos exigirá mejoras sanitarias y de atención a la dependencia, para lo que también necesitaremos mayor gasto y financiación tributaria. Baste un sólo dato para ilustrar la situación: con una población solo ligeramente superior a la actual, en el año 2040 habrá que pagar 15,3 millones de pensiones, mientras que hoy pagamos 8,6 millones. La conclusión, por tanto, es clara: si no se llevan a cabo ciertos cambios se generará un desequilibrio en el sistema que lo hará insostenible a medio y largo plazo.

La presentación de esta propuesta podría haberse retrasado mucho más en el tiempo, podría haberse esperado a un momento con menos dificultades, pero se ha optado por la responsabilidad y por la justicia, porque las propuestas que se presentan han de aplicarse en periodos de tiempo extensos si queremos evitar agravios comparativos respecto a los actuales cotizantes. Así es como se ha diseñado la medida que aborda la prolongación de la edad de jubilación, medida que respetará en todo caso las carreras de cotización más largas, los trabajos más penosos, y corregirá efectos perversos, como los que se producen con los trabajadores despedidos al final de su vida laboral.

Pero la propuesta del Gobierno no se queda ahí, sino que toca otros muchos aspectos. Así, se proponen medidas para incentivar la prolongación de la vida laboral, para acotar las prejubilaciones en aquellas empresas con beneficios y hacer que éstas participen de los costes que generan, para adaptar las pensiones de viudedad y orfandad a la realidad social del momento, para seguir mejorando el control y la gestión de las prestaciones por incapacidad y para recortar costes burocráticos, integrando los distintos organismos de la Seguridad Social en una sola administración. Todo este conjunto de medidas tiene un mismo fin, que los pensionistas del futuro tengan los mismos derechos que los que disfrutan hoy los pensionistas actuales.

Así pues, quedaría hacerse la última pregunta: ¿cuál es el modelo de pensiones que queremos tener en el futuro? Si la respuesta es que queremos perpetuar el que hoy tenemos y disfrutamos, el que consideramos como una de nuestras mayores conquistas sociales, no cabe mirar hacia otro lado ni esperar que sean otros los que se ocupen, porque eso no hará desaparecer el reto que se nos plantea. Abiertos al diálogo, pero firmes en nuestro compromiso, esperamos llegar a un acuerdo en el que, paradójicamente, planteamos reformas para que todo siga como hasta ahora.