DERECHOS Y LIBERTADES
APROBAR UNA LEY DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN
Esta ley quiere garantizar la igualdad de trato y la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
La Ley debe incorporar a nuestro ordenamiento la creación de una Autoridad contra la Discriminación, dotada de autonomía plena y con competencia en todos los campos y por todos los motivos de discriminación.
La Ley debe incluir los mecanismos de inversión de la carga de la prueba y la ampliación de la legitimación en caso de conflicto para la defensa del derecho a la igualdad de trato y la no discriminación.
GARANTIZAR DE MANERA PLENA EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR SOBRE SU MATERNIDAD
Adoptar las medidas legales necesarias para preservar la protección y el derecho a decidir sobre su maternidad de las mujeres de 16 y 17 años.
La ley debe incorporar las medidas necesarias para garantizar la educación afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.
APROBAR UNA LEY DE MUERTE DIGNA
Esta Ley quiere garantizar los derechos de los ciudadanos a afrontar con dignidad y de acuerdo con sus decisiones el tramo final de la vida, asegurando la libertad de las personas sobre la continuación o no de los tratamientos y la prestación de los cuidados paliativos que procedan.
APROBAR UNA LEY ORGÁNICA DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CONCIENCIA
Esta Ley debe establecer un estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas. Previamente a su aprobación, se denunciarán los Acuerdos con la Santa Sede para buscar un nuevo marco de relación entre el Estado y la Iglesia Católica.
LEY DE MEMORIA HISTÓRICA
Revitalizar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, incorporando la dotación presupuestaria que en su caso sea necesaria.
REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Se reformará la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para revisar los preceptos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional: el 19.2, (aprensión de efectos en los registros por vulneración del derecho a la libertad de expresión), 20.2, (registro corporal externo y superficial por vulneración del derecho a la dignidad de la persona, a la integridad física y moral y a la intimidad personal), 36.2, 36.23 libertad de expresión, 37.1 en relación con el 30.3, 37.3, (restricciones injustificadas al ejercicio del derecho de reunión), 37.7, (vulneración del principio de tipicidad) y la disposición final primera, (régimen especial de Ceuta y Melilla por crear un nuevo procedimiento de devolución de extranjeros que entran ilegalmente en España).
Junto a los anteriores, es preciso reformar otros preceptos, como los que reconocen facultades excesivas de intervención por las fuerzas de seguridad, sustituyen el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones o los que atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales: restricciones del tránsito y controles en las vías públicas y comprobaciones y registros en lugares públicos.
Finalmente, es necesaria una revisión en profundidad de las conductas infractoras procedentes de las faltas del Código Penal, para las que se prevén sanciones en ocasiones muy superiores y conlleva además una administrativización del sistema de garantías de los derechos fundamentales.
REGULAR EL DESARROLLO DE LOS DERECHOS DIGITALES
Aprobar una Ley destinada a regular el derecho a la formación digital, el derecho a la neutralidad de red, el derecho a la privacidad y protección de datos personales, el derecho a la seguridad y secreto absoluto de las comunicaciones electrónicas y de los datos que circulan por la red, el derecho al conocimiento, acceso y reutilización de los datos generados y en poder de las administraciones públicas o el derecho al olvido.
IMPULSAR MEDIDAS CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
Aprobar una Ley Marco de Bienestar Animal que siente las bases de una normativa mínima en todas las CCAA, de acuerdo con los informes realizados por el Grupo de Trabajo de Alto Nivel constituido en el Congreso de los Diputados, con el fin de garantizar de forma efectiva la protección y defensa de los animales y establecer los mecanismos y desarrollos legales necesarios que impidan situaciones de maltrato animal en los espectáculos públicos y festejos populares realizados en todo el territorio nacional.