Estabilidad presupuestaria y reforma fiscal progresiva

España debe respetar los compromisos con la UE en materia de estabilidad presupuestaria, establecidos en el PEC, que obligan a reducir a medio plazo el déficit público hasta situarlo por debajo del 3% y la deuda pública por debajo del 60% del PIB.

Los objetivos anuales de estabilidad presupuestaria acordados por el Gobierno y la Comisión Europea son muy exigentes. Los presupuestos aprobados por el actual Gobierno para 2016 no cumplirán con el objetivo de déficit acordado como tampoco se ha cumplido en 2015 del de acuerdo con los datos hechos públicos por la Comisión Europea.

España se encuentra en el brazo correctivo del Procedimiento por Déficit Excesivo (PDE) del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) por lo que los mecanismos de flexibilidad sobre el PEC aprobados por la Comisión en 2015 (Reglamento Moscovici) no le serán fácilmente aplicables.

Además, España ha sido advertida por la Comisión Europea que el PGE 2016 presenta una desviación de unos 10.000 millones de euros. La Comisión ha pedido al nuevo Gobierno una modificación del presupuesto que de no hacerse podría activar una propuesta de sanción que equivaldría a la apertura de un depósito sin intereses por 0,2% del PIB y que requeriría mayoría cualificada en el Consejo para su revocación.

ENFOQUE DE NEGOCIACIÓN CON BRUSELAS

El nuevo Gobierno debe iniciar una negociación con Bruselas para acordar unos nuevos objetivos anuales de déficit y deuda pública que atiendan a los nuevos factores que están influyendo en el incumplimiento de los compromisos, flexibilización que ya se ha acordado para otros países (Francia, Alemania, Italia):

  • Importante desviación al alza en el objetivo de déficit para 2015.
  • Dificultad para reducir el déficit y la deuda pública en un entorno deflacionario. En particular, las medidas adoptadas por el anterior Gobierno para contener el déficit de la Seguridad Social no son plenamente efectivas con inflación cercana a cero.
  • Situación de emergencia social (pobreza, exclusión, desigualdad) y necesidad de recuperar los niveles de gasto social por habitante para converger con estándares europeos.

Por tanto, el objetivo debe ser acordar con Bruselas una senda gradual, realista y equilibrada de consolidación fiscal a cuatro años que sitúe el déficit en el entorno del 1% en 2019. La misma debería permitir colocar el déficit por debajo del 3% en 2017 (un año de retraso respecto a los objetivos actuales) de forma que España pueda salir del brazo correctivo del PDE, abriendo así la puerta para acudir a los mecanismos de flexibilidad de la Comisión y a una relajación del control por parte de Bruselas.

Junto a ello el nuevo Gobierno ofrecerá un paquete de reformas estructurales que aumentará el crecimiento potencial de la economía española y el impulso a un nuevo sistema fiscal que sitúe entre sus prioridades la lucha contra el fraude fiscal y el final de las aministías fiscales que permita elevar los ingresos de forma estructural en unos dos puntos de PIB a lo largo de la legislatura, a la vez que se efectuará una revisión del gasto público para priorizar su eficiencia.

REFORMA FISCAL

  • Reforma integral de la tributación de la riqueza. Para ello se creará una Comisión de Expertos, que estudie y presente una propuesta concreta al Gobierno. Dicha Comisión se constituirá en el primer trimestre de la legislatura de forma que sus conclusiones se puedan incorporar en los PGE 2017.
  • Reformar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Patrimonio para establecer, en ambos impuestos, un mínimo común que se aplique en todo el territorio para evitar en la práctica su vaciamiento.
  • Aprobar una fiscalidad medioambiental siguiendo los estándares europeos, cuya principal figura será un Impuesto a las Emisiones de CO2, que se incorporará en la Ley de Cambio Climático contemplada debajo.
  • Reformar el Impuesto de Sociedades, ensanchando sus bases imponibles, con el objetivo de asegurar una tributación mínima del 15%.
  • Impulsar la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), tal y como ya han acordado once países de la Unión Europea, entre ellos España.

ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL Y LA ECONOMÍA SUMERGIDA

Aprobación de una Estrategia de lucha contra el fraude fiscal, la evasión y la economía sumergida. El combate al fraude fiscal y la economía sumergida será una de las prioridades en materia fiscal. Se podrán tomar algunas medidas de manera inmediata que deberían suponer incrementos de ingresos fiscales en el corto plazo:

  • Anuncio de Oferta de Empleo Público para aumentar en 5.000 empleados públicos los efectivos (inspectores, técnicos, agentes tributarios, administrativos, TICs, Cuerpos de Vigilancia Aduanera, etc.) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los próximos cuatro años.
  • Creación de una Oficina de Lucha contra el Fraude, integrada en la Agencia Tributaria, que coordine a los distintos departamentos de la Administración del Estado, en particular la AEAT, Seguridad Social, Inspección de Trabajo, Catastro, colaborando igualmente con las restantes Administraciones Territoriales, para asegurar la máxima coordinación y flujos de información.
  • Modificación urgente de la ley general tributaria. La última reforma de la LGT operada por la reciente ley 34/2015 recoge en su exposición de motivos el objetivo de “reforzamiento de la seguridad jurídica tanto de los obligados tributarios como de la Administración Tributaria”, sin embargo, en cuestiones de extraordinaria trascendencia para los procedimientos inspectores frente a las grandes empresas, ha supuesto importantes perjuicios para la actuación de la agencia tributaria, siendo los grandes perjudicados los procedimientos inspectores iniciados antes de su entrada en vigor, 12-10-2015, que son los que producirán efectos recaudatorios a partir de 2016. Se hace imprescindible y urgente su modificación inmediata, en particular en lo referente a bases o cuotas pendientes de compensación.
  • Limitación de los pagos en efectivo en las transacciones: rebajaremos el actual límite de pago en efectivo a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera, con el objetivo de transitar hacia una economía en la que las transacciones en efectivo sean cada vez más minoritarias, ya que este tipo de operaciones facilitan las prácticas de economía sumergida y evasión fiscal.

REFORMA DEL MARCO DE GOBERNANZA FISCAL

  • Reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria:

    • El principio de estabilidad presupuestaria se entenderá como equilibrio financiero o con un déficit máximo del -0,5%, en línea con el Pacto Fiscal Europeo.
    • Reformar la Regla de Gasto que se aplica a las CCAA para que cumpla su papel de estabilizador anticíclico.
    • Reforzar la coordinación entre administraciones para lograr la estabilidad fiscal y financiera.

  • Refuerzo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) a la que dotaremos de más recursos e independencia real.

MEJORA DE LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DEL GASTO PÚBLICO

  • Reformar la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo, para que el precio no sea el único criterio de valoración y selección de contratistas en las licitaciones públicas y se tengan en cuenta otros indicadores como la calidad, cláusulas sociales o de compromiso anticorrupción.
  • Aprobación y puesta en marcha de una Auditoría del Gasto Público (spending review) de la administración central, siguiendo la metodología de los organismos internacionales (FMI), para limitar las inercias, eliminar gasto superfluo, establecer prioridades y mejorar la eficacia.