LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La corrupción sigue siendo la protagonista de nuestra vida política y una de las causas principales de la insatisfacción de los ciudadanos con nuestras instituciones y con los representantes públicos. Un pacto de gobierno en esta materia requiere el compromiso y el consenso para establecer medidas urgentes de carácter preventivo, de control y sanción.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL SECTOR PÚBLICO

  • Revisar los deberes y obligaciones de los funcionarios y cargos públicos

    • Establecer un solo formato de declaración de bienes y patrimonio para todo aquel que acceda a un cargo público.
    • Revisar las normas reguladoras de los conflictos de intereses.
    • Exigir a los miembros del Gobierno y Altos cargos de la Administración del Estado la presentación, en el momento del nombramiento y del cese, de una certificación de Hacienda sobre su situación patrimonial y sobre el estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la seguridad social.
    • Prohibir el nombramiento y establecer la obligación de cese de Altos Cargos cuando se les abra juicio oral por algún delito relacionado con la corrupción.
    • Suspender a concejales y parlamentarios a los que se les abra juicio oral por algún delito relacionado con la corrupción.

  • Revisar las normas de Contratación pública

    • Restringir las posibilidades de contratación directa con el sector público y de utilización del procedimiento negociado sin publicidad.
    • Fortalecer los mecanismos para impedir o regular la revisión de costes.
    • Extender el ámbito de control del recurso especial de contratación a importes más bajos, con la finalidad de eliminar ámbitos exentos de control previo independiente.
    • Establecer normas sobre conflicto de intereses en los diversos órganos de las AAPP en los que se toman decisiones como las mesas de contratación pública.
    • Sancionar el fraccionamiento de contratos.
    • Establecer que en las licitaciones superiores a 300.000 euros las sesiones de las Mesas de Contratación sean públicas.

  • Revisar la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias de cuantía superior a 30.000 euros y la identidad de sus autores.
  • Establecer la nulidad de las subvenciones, bonificaciones, ayudas y contratos con las Administraciones Públicas y la obligatoria restitución e indemnización por daños y perjuicios cuando los mismos se hayan obtenido o cuyo mantenimiento haya sido logrado por conductas de sobornos o vinculadas a cualquier otro tipo de modalidades de corrupción.
  • Revisar las normas reguladoras de las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales, fundaciones públicas, etc, para reforzar e intensificar los mecanismos de prevención, control y supervisión destinados especialmente a evitar supuestos de fraude en la gestión y corrupción.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL SECTOR PRIVADO

  • Regular el acceso al ejercicio de representación de intereses e influencia en la política (Lobby), para evitar la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del tráfico de influencias.
  • Establecer beneficios en la contratación con el sector público para aquellas empresas que firmen Pactos de integridad.
  • Establecer las condiciones para facilitar que en la empresa se puedan implementar las normas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC/RSE) que constituyen un valor competitivo no solo a nivel empresarial, sino también de la economía de un Estado.

MEDIDAS DE REPRESIÓN

  • Revisar los actuales delitos contra la Administración Pública (prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas) definiendo mejor las conductas contrarias a la ley, incrementando las penas para los delitos cometidos por funcionarios o autoridades públicas y reforzando las penas privativas de libertad en los delitos contra la Administración pública con penas de inhabilitación absoluta y especial, así como la suspensión para empleo o cargo público.
  • Tipificar el delito de enriquecimiento injusto (o ilícito) que castigue el incremento patrimonial de autoridades y funcionarios públicos, producido durante el período de su mandato, cuando no puedan justificar la causa de este incremento.
  • Tipificar entre las modalidades del delito de encubrimiento la figura del testaferro en las conductas de creación y/o mantenimiento de estructuras societarias u organizaciones de cualquier clase que no tengan otro fin que actuar en el mercado encubriendo actividades económicas ajenas de fraude y corrupción.
  • Revisar el delito de financiación ilegal de partidos políticos rebajando significativamente la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de prisión y tipificar la manipulación de cuentas anuales de los partidos políticos.
  • Reforma y revisión integral de las medidas administrativas y penales contra el fraude fiscal, el fraude de subvenciones y el fraude a la Seguridad Social.
  • Revisar las competencias de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción para los delitos de funcionarios públicos, autoridades y corrupción política.
  • Establecer un plan especial para dotar de medios humanos y materiales adecuados para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, especialmente a la Fiscalía Anticorrupción y las fiscalías provinciales, donde se concentra más del 80% de los casos de corrupción.
  • Establecer incentivos para fomentar y favorecer el afloramiento de casos de corrupción:

    • Establecer atenuantes específicas para los supuestos de autodenuncia para más delitos que los actualmente previstos.
    • Regular la protección de quien denuncia prácticas corruptas e ilegales tanto en la Administración Pública como en el sector privado, a fin de proteger a la ciudadanía que denuncie este tipo de delitos de cualquier clase de represalias
    • Limitar y condicionar las sentencias de conformidad a la existencia de una cooperación activa y aportación de pruebas determinantes para el esclarecimiento del caso o descubrimiento de otros, así como el obligado pago de la responsabilidad civil derivada del delito.

 

  • Prohibir la concesión de indulto en cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción y violencia de género. Incorporar la necesidad de su motivación y acentuar la información a las Cortes Generales sobre los indultos concedidos.
  • Revisar las normas reguladoras del comiso para asegurar que la persona condenada por un caso de corrupción responda con bienes patrimoniales presentes y futuros.

 

 

MEDIDAS DE CONTROL

  • Crear una Oficina Anticorrupción con capacidad de actuación directa y coordinada en todo el ámbito del sector público del Estado y de las Administraciones autonómicas y locales, con competencia para revisar las actuaciones y procedimientos con alcance económico y capacidad para exigir las responsabilidades que puedan derivarse de ellos. La Oficina podrá relacionarse directamente con la Fiscalía, con la AEAT y con la Oficina de Conflictos de Intereses y actuará en las CCAA tras la firma de los correspondientes acuerdos de colaboración.
  • Establecer expresamente la obligación de colaboración con el Tribunal de Cuentas por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Administración de la Seguridad Social y la Oficina de Conflictos de Intereses, así como de cualquier órgano administrativo, agencia, organismo autónomo o entidad pública empresarial de cualquiera de las administraciones públicas.
  • Ampliar los poderes del Tribunal de Cuentas y establecer el deber de colaborar con el mismo de cualquier tercero que pueda estar relacionado con la actividad económico financiera que se estuviera fiscalizando.
  • Poner en marcha en las AAPP planes de prevención contra la corrupción, en los que se determine los funcionarios responsables de cada expediente, los protocolos de actuación cuando el funcionario al que se puede exigir responsabilidad por un expediente irregular detecta algún indicio de corrupción y los instrumentos de protección de dichos funcionarios frente a posibles represalias.