Nuevo modelo de crecimiento

EXTENSIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN POR TODO EL PAÍS

  • Nuevo Plan de Transformación Digital 2016-2019 de España, que permita extender la banda ancha de alta velocidad a todos los hogares españoles y al grueso de las PYMES y administraciones públicas. Se pondrá especial énfasis en reducir la brecha digital social y territorial.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

  • Reforma del Estatuto del CDTI, que se transforma en la Agencia Estatal de Innovación, otorgándole más autonomía y mayores recursos.
  • Establecer un nuevo programa de estímulo de la cooperación público-privada en investigación industrial que, basado en la experiencia del programa CENIT, financiará con subvenciones de hasta el 50% proyectos orientados a una investigación de largo plazo en áreas tecnológicas de futuro y con potencial proyección internacional.
  • Reformar el sistema de deducciones fiscales por I+D+i. Se otorgará al CDTI la competencia para expedir las certificaciones tecnológicas necesarias para las deducciones fiscales por I+D de las empresas, con el fin de mejorar la eficacia del sistema de incentivos fiscales a la I+D+i.
  • Dedicar el 3% de todas las nuevas inversiones públicas a Compra Pública Innovadora primando criterios de sostenibilidad ambiental.
  • Creación de una red de Centros de Excelencia en Innovación Industrial (CEU) formada por una serie de Institutos para la Innovación Industrial en torno a los "productos y tecnologías facilitadoras" (tales como nanotecnología, micro-nano electrónica, materiales avanzados, fotónica, biotecnología industrial o sistemas de producción avanzados) en los que colaborarán empresas, universidades, centros de investigación existentes y administraciones públicas.

 

APOYO A PYMES, EMPRENDEDORES Y AUTÓNOMOS

  • Elevación de umbrales en el plano impositivo y contable para incentivar el incremento de tamaño empresarial. En concreto:

    • Elevar el umbral de facturación en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y en la liquidación del IVA de 6 a 20 millones de euros, cantidad a partir de la cual se producirá la integración en la Unidad de Grandes Contribuyentes.
    • Establecer un nuevo tipo de ¨auditoría abreviada¨ para empresas que cumplan al menos dos de los siguientes requisitos: cifra negocios entre 5,7 y 8 millones de euros; activos entre 2,85 y 4 millones de euros; y número de trabajadores igual o menor a 50. De esta forma la auditoría abreviada se equipararía con los umbrales de presentación de cuentas abreviadas.

  • Reforma de la Ley 25/2015 de Segunda Oportunidad para facilitar el acceso a la misma de emprendedores y micro-empresarios, permitir al juez paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa y, en caso de que sea imposible, acordar la aplicación de la dación en pago, valorando la vivienda en el precio establecido para la concesión del préstamo.
  • Combate a la morosidad empresarial. Aprobar la implantación de un régimen sancionador en materia de morosidad a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa y exigiremos a los contratistas en las licitaciones públicas certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las empresas que subcontratan.
  • Unidad de Mercado: Reforma de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado para incorporar un procedimiento de colaboración entre diferentes administraciones basado en la lealtad institucional. Se buscará la coordinación de la legislación sobre horarios comerciales con las CCAA y Ayuntamientos, siempre dentro del estricto cumplimiento de la legislación laboral y; se avanzará decididamente en la armonización de las licencias y permisos dentro del país, a través del reconocimiento mutuo entre Comunidades Autónomas haciendo así efectiva la armonización de mercado sin perjuicio de sus competencias.
  • Medidas para reducir y simplificar los trámites y costes administrativos para la creación de empresas, a través de: (i) extensión de la tramitación telemática a todas las operaciones; (ii) extensión del silencio administrativo positivo de manera general y (iii) generalizar la Declaración Responsable de los nuevos emprendedores.
  • Impulso al ICO para transformarlo en un verdadero banco público de inversiones

    • Aumento del crédito directo del ICO, que hasta ahora representa una pequeña parte. Para estimular la concesión de líneas ICO por parte de las entidades financieras a las empresas, en particular en segmentos estratégicos como las start-ups, PYMES, proyectos de internacionalización, etc. El ICO compartirá riesgos con la banca privada y para ello reforzará ampliamente el departamento de Análisis de Riesgos.
    • Desarrollo de nuevos instrumentos, como línea de avales y garantías, e inversiones en modalidad primera pérdida (first-loss). Se abrirá una línea especial de avales y garantías especializadas en proyectos de licitaciones públicas en terceros países para consorcios de empresas españolas.
    • Mayor coordinación con COFIDES y ENISA con el objetivo de unificar los criterios de inversión.
    • Impulso a los FONDOS ICO-Axis de capital semilla y capital riesgo, con especial énfasis en start-ups y a business-angels.
    • Puesta en marcha del fondo Micro-PYMES con el BEI por unos 1.000 millones de euros.

  • Revisión y refuerzo del sistema de garantías recíprocas, con el objetivo de que juegue un papel más relevante de catalizador de la financiación privada. Se incentivará el aumento de tamaño de las Sociedades de Garantía Recíproca con fusiones o consolidaciones para crear un mercado a nivel nacional. Al tiempo, se reforzarán las contra-garantías públicas aumentando los recursos de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).
  • Refuerzo de los instrumentos de apoyo a la internacionalización, para lo que se aumentará la dotación del Fondo para la Internacionalización de Empresas (FIEM) y se reformará su normativa para permitir una tramitación de los créditos mucho más ágil. Se dará prioridad a la financiación de proyectos en los que participen más de una empresa española, especialmente PYMES. También se potenciará la actividad de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE) en el impulso a las exportaciones de empresas españolas, garantizando su continuidad dentro del sector público.
  • Impulso del Crowdfunding, modificando la Ley de Financiación Empresarial en dos aspectos: (i) incorporar medidas de transparencia que ayuden a limitar los riesgos para los inversores y (ii) aumentar los límites de inversión.
  • Modificar la Ley General de la Seguridad Social para acercar la cotización a la Seguridad Social de los autónomos a sus ingresos reales. En consonancia con las recomendaciones del Pacto de Toledo España debe avanzar en la posibilidad de que los autónomos coticen por los rendimientos netos que reciben. También se modificará la Ley del IRPF para acercar las retenciones en IRPF de los autónomos a sus ingresos reales.
  • Elaboración de una Estrategia Estatal para Emprendedores Tecnológicos, que se instrumentalizará mediante la reforma de la Ley de Emprendedores en aspectos como: tributación de las stock-options, incentivos para los business-angels, reforma de la sociedad de emprendedor de responsabilidad limitada.
  • Creación del Observatorio de la Productividad y Competitividad, siguiendo las recomendaciones contenidas en el informe de la UE sobre la reforma de la Unión Económica y Monetaria. Dicho Observatorio se integrará en la red de Agencias Nacionales de Competitividad.

MEDIDAS PARA MEJORAR LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS, FORTALECER EL GOBIERNO CORPORATIVO Y A FAVOR DE UNA ECONOMÍA INCLUSIVA

  • Revisar la regulación de sectores donde haya una gran concentración empresarial -sectores estratégicos, como el energético, telecomunicaciones o las infraestructuras- para favorecer la entrada de nuevos competidores, dotando de transparencia a las regulaciones.
  • Reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dotándole de mayor independencia funcional y recursos, y en su caso acercándola al modelo alemán. La CNMC dispondrá de la autoridad necesaria de competencia, plenas capacidades normativas para los reguladores, independencia de recursos financieros y suficiente personal cualificado.
  • Avanzar en la liberalización del acceso y ejercicio a los servicios profesionales, revisando todas las barreras de entrada y eliminando todas aquellas que no sean estrictamente justificadas. Los servicios no económicos de interés general quedan excluidos.
  • Reorganización de la estructura institucional de la supervisión financiera, adoptándose el modelo de dos pilares (twin peaks), uno para solvencia y otro para conductas, vigente ya en la mayor parte de los países de nuestro entorno. En concreto se plantea:

    • La creación de una Autoridad de control macroprudencial en el Banco de España, mediante la integración en su área de supervisión bancaria de la vigilancia de la solvencia de las compañías de seguros (actualmente en la DGS del Ministerio de Economía y Competitividad, contraviniendo el requisito de independencia aceptado en todo el mundo) y de las Empresas de Servicios de Inversión (actualmente supervisadas por la CNMV).

    • La creación de la Autoridad de Protección al Consumidor e Inversor Financiero que, a partir de la CNMV, unifique y refuerce los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores en los productos financieros. Además, la nueva Autoridad se ocuparía de la supervisión de compañías de auditoría (siguiendo el modelo dominante en la UE) que actualmente desempeña el ICAC. Esta Autoridad mantendría un régimen de independencia similar a la CNMV actual y estaría financiada íntegramente por tasas de la industria, fijadas por Ley.

MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL

  • Transposición de la Directiva de la Unión Europea sobre contratación pública que permite la reserva de contratos públicos a empresas sociales y de propiedad de trabajadores.
  • Establecer un tratamiento fiscal favorable para las empresas de economía social. Se apoyará a las Sociedades Laborales que destinen excedentes empresariales para que sus trabajadores pasen a formar parte de las mismas con la condición de socios trabajadores.
  • Reforma de la Ley de Cooperativas para hacer más operativo su funcionamiento económico y social. Se reformará la Ley de régimen fiscal de las Cooperativas de 1990, actualmente desfasada por las distintas reformas fiscales, para recuperar la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas.
  • Reforma de la Ley de Mecenazgo para mejorar los incentivos fiscales al mecenazgo, la filantropía y la participación social (micro mecenazgo); así como para regular la figura del ¨endowment¨, o fondo fiduciario que se nutre de aportaciones de personas físicas o jurídicas para una finalidad social específica.
  • Creación de un Protectorado único de ámbito estatal para las fundaciones que, junto al Registro único, sea un referente profesional y de calidad y que contribuya a mejorar la gestión y la transparencia de estas entidades.
  • Regulación de la economía colaborativa: Se constituirá una Ponencia parlamentaria, que consultará con expertos, empresas e instituciones que representan la economía colaborativa para identificar los obstáculos para su desarrollo en nuestro país, con especial incidencia a los ámbitos laboral y fiscal.

MEDIDAS DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

  • Reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para convertirla en un nuevo Código de Consumo que incluya instrumentos adecuados para la protección de los consumidores de modo integral, que describa todos sus derechos y precise los mecanismos para su protección efectiva.
  • Integración en la CNMC de las competencias en materia de consumo tal y como ocurre en la mayoría de países de la UE. De esta forma se unificarían en una misma agencia independiente de ámbito nacional las competencias en materia de defensa de la competencia y de protección de los consumidores, al menos en lo que respecta al ámbito de la competencia desleal y sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas en materia de consumo.
  • Revisar la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias, incluida la eliminación completa de las cláusulas suelo.
  • Reforzar la regulación de los préstamos no bancarios, entre particulares, para evitar los intereses usureros y abusivos, así como situaciones de fraude y estafa.
  • Refuerzo de los mecanismos del ejercicio de acciones colectivas de consumidores y usuarios para la reparación de sus derechos, creando un sistema de reclamaciones efectivo y eficaz, con un ámbito de aplicación amplio, frente a infracciones o abusos de las empresas. Al mismo tiempo, se impulsará la puesta en marcha de un Plan Nacional de Apoyo al Sistema Arbitral de consumo que potencie y fomente entre consumidores y empresas el recurso al arbitraje de consumo como vía de resolución de reclamaciones.

MEDIDAS PARA REFORZAR EL GOBIERNO CORPORATIVO

  • Incorporar en la legislación correspondiente un nuevo modelo de gobernanza empresarial para las grandes empresas que: (i) refuerce el papel de la Junta de Accionistas ante decisiones relevantes de la empresa; (ii) separe las funciones de dirección estratégica (Consejo de Administración) de las de la gestión diaria; y (iii) refuerce los mecanismos de control y supervisión sobre los gestores, otorgando mayor poder y relevancia a las comisiones delegadas del Consejo, por ejemplo los comités de auditoría y remuneraciones, que deberán ser presididos por consejeros realmente independientes.
  • Incorporar a la legislación actual fórmulas de representación de los trabajadores que fomenten el buen gobierno, especialmente en las grandes empresas.
  • Regular adecuadamente el comportamiento de los llamados Asesores de Voto o Proxi Advisors, especialmente en lo referente a independencia, rendición de cuentas, transparencia y conflicto de intereses, entre otros.
  • Revisar y hacer transparentes las cada vez más complejas estructuras de remuneración de los altos directivos y consejeros, de forma que tengan que ser aprobadas como punto independiente del orden del día, en votaciones individuales y con participación de los accionistas minoritarios, estableciendo ratios máximos de las retribuciones variables sobre las fijas, obligando a las empresas a publicar en las cuentas anuales, indicadores de dispersión salarial.

MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

  • Reforma de la Ley de contratos del sector público y sus disposiciones de desarrollo con el fin de:

    • Endurecer los requisitos para garantizar la máxima concurrencia y transparencia a través del establecimiento de pactos de integridad de los licitantes, limitaciones estrictas al fraccionamiento de contratos y a las revisiones de costes.
    • Incluir cláusulas equivalentes al Small Business Act de EE.UU. para reservar una parte del gasto de las Administraciones Públicas a las PYMES, incluidas las de nueva creación, con énfasis especial en la innovación y las actividades de reducción de la huella ecológica. En el diseño de estas cláusulas se incorporarán mecanismos para incentivar el crecimiento.
    • Revisar los procedimientos de concesiones de obras públicas y de colaboración público-privada, particularmente en el ámbito de las infraestructuras, que incluya mejoras en los procedimientos de las licitaciones, en las obligaciones contractuales y en la distribución de los riesgos entre las partes, todo ello siguiendo las mejores prácticas internacionales.