PACTO SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Con este convencimiento nació la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, una ley que establece un sólido y completo marco legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o ex compañero sentimental. Pese a ello, alrededor de 800 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas desde el año 2003.
Con el objetivo de construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres, el nuevo Gobierno promoverá un Pacto social, político e institucional contra la violencia de género en el que se comprometan las Administraciones Públicas y se dé participación a las organizaciones sociales y en el que se contemple:
- Dotar suficientemente las partidas presupuestarias destinadas a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género por parte de las Comunidades Autónomas y de los servicios de proximidad de los ayuntamientos.
- Crear la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en cada CCAA.
- Poner en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, el Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso.
- Establecer protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.
- Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
- Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género.
- Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, tal como exige la Recomendación General nº 19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado.