PREGUNTAS Y RESPUESTAS

sobre el acuerdo

¿El acuerdo incluye la modificación del artículo 135 de la Constitución?

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Como se recogía en el programa electoral del PSOE y en el programa de gobierno presentado el 8 de febrero, el acuerdo contempla la modificación del artículo 135 de la Constitución para que la “estabilidad social” justifique y permita la superación de los límites de déficit y deuda pública; es decir, los derechos sociales están por encima de los límites de déficit y deuda pública.
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¿El acuerdo comtempla derogar la Ley Mordaza?

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Sí. Por supuesto. El Acuerdo se compromete a anular los artículos de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y aquellos otros que reconocen facultades excesivas de intervención por las fuerzas de seguridad, sustituyen el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones o los que atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales: restricciones del tránsito y controles en las vías públicas y comprobaciones y registros en lugares públicos.

Estos preceptos son fundamentalmente los que modificó el Partido Popular en la reforma de esta Ley, que se conoce como “Ley Mordaza”. Y serán derogados.

Pero esta Ley Orgánica tiene otros muchos preceptos que no pueden ser derogados, que ya se encontraban en la ley antes del Gobierno del PP y a cuyo mantenimiento no se ha opuesto ningún partido. Algunos ejemplos son:
  • Requisitos y condiciones de la fabricación, reparación, adquisición y tenencia de armas.


  • Medidas de policía para garantizar la seguridad ciudadana frente a los riesgos que, para las personas o sus bienes, se puedan derivar del comportamiento de quienes organicen un espectáculo o actividad recreativa.


  • Regulación legal del derecho a obtener el DNI, como documento acreditativo de la identidad. Regulación del Pasaporte.


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¿Qué contempla el Acuerdo en materia de lucha contra la corrupción?

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  • Revisar los deberes y obligaciones de los funcionarios y cargos públicos y las normas de contratación pública.


  • Revisar la regulación del secreto fiscal.


  • Regular los lobbies.


  • Tipificar el delito de enriquecimiento injusto (o ilícito) que castigue el incremento patrimonial de autoridades y funcionarios públicos, producido durante el período de su mandato, cuando no puedan justificar la causa de este incremento.


  • Revisar el delito de financiación ilegal de partidos políticos.


  • Establecer un plan especial para dotar de medios humanos y materiales adecuados para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal.


  • Prohibir la concesión de indulto en cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción, violencia de género y contra los Derechos Humanos.


  • Crear una Oficina Anticorrupción.
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¿Se ha retirado el compromiso de la derogación de la reforma laboral recogida en el programa electoral?

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No. En este Acuerdo se recoge la derogación de reforma laboral del Partido Popular.

Además de las medidas concretas que integraban aquella reforma y que expresamente se señalan en relación con la recuperación del equilibrio en las relaciones laborales y la negociación colectiva (supresión de la prioridad absoluta del convenio de empresa, recuperación de la ultraactividad de los convenios, supresión del arbitraje obligatorio, etc.), se devolverá a los trabajadores su carta de derechos laborales, renovada y adaptada a los nuevos requerimientos del mercado de trabajo mediante la aprobación del nuevo Estatuto de los Trabajadores, recogido en nuestro programa electoral y en el texto del Acuerdo, negociado por los interlocutores sociales en un plazo de un año, es el instrumento que devolverá a los Es decir, la apuesta por el nuevo marco laboral que recoge el Acuerdo supone la derogación de la reforma laboral del Partido Popular.
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¿Qué medidas concretas se contemplan para reducir el paro?

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El Acuerdo recoge la necesidad de un Plan de choque por el Empleo y la inserción laboral. Como medidas concretas, entre otras, contempla:

  • Duplicar a lo largo de la legislatura la dotación presupuestaria en políticas de empleo, que deben cambiar en el diseño y contenido.


  • Desarrollar un Plan de recolocación externa de trabajadores despedidos, prioritariamente para los mayores de 45 años, que hayan perdido su trabajo como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).


  • Poner en marcha un Plan de choque contra el paro de larga duración con subvenciones para las empresas que contraten a estas personas, quintuplicando el presupuesto del programa PREPARA, y ampliando el período de percepción de una renta de integración.


  • Poner especial atención a la adquisición de competencias básicas para el empleo, mediante un Plan específico.
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¿Se ha incluido el contrato único en el Acuerdo?

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No. En el texto del Acuerdo se recogen los tres contratos de nuestro programa electoral. De este modo, junto a los contratos de relevo y para la formación, existe un contrato de trabajo indefinido para la cobertura de puestos de trabajo indefinidos y un contrato estable y progresivo para la cobertura de puestos de trabajo de duración determinada.

Por tanto no hay un “contrato único”. Es más, el contrato estable y progresivo, se recalca, tendrá una duración temporal de un máximo de dos años, que podrá ser inferior si así se determina en la negociación colectiva; el tercer año será indefinido. Y se fortalece la posición del trabajador, con una indemnización que si no se utiliza constituirá un fondo que incrementará su pensión de jubilación.

También se fortalece la posición jurídica del trabajador, con una mayor garantía de la tutela judicial efectiva y se pone en marcha con la mayor urgencia un Plan de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para luchar contra la explotación y la precariedad laboral.

De otra parte, se penaliza al empresario que abusa de la rotación, al tiempo que se incentiva a las empresas que creen empleo estable mediante reducciones en las cotizaciones sociales. Además, el Acuerdo recalca que el despido será siempre el último instrumento de ajuste, favoreciendo las medidas de flexibilidad interna.
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¿Se rebajan en el Acuerdo las indemnizaciones por despido?

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No. Estas indemnizaciones se refieren exclusivamente al nuevo contrato estable y progresivo que, como señalábamos, es un contrato temporal, y no a los contratos indefinidos.

El vigente Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 49.1, dispone que los contratos temporales tienen una indemnización de 12 días por año de servicio, mientras que el Acuerdo incrementa esta indemnización a 16 días, es decir 4 días más, a partir del segundo año, teniendo en cuenta que el tercer año el contrato será indefinido. Hay que tener en cuenta que este tipo de extinción de contratos supuso en 2015 el 62,54% de todas las finalizaciones de contrato de trabajo.

El Acuerdo promueve la estabilidad o el carácter indefinido del contrato frente a una indemnización ligeramente superior -la que pudieran tener los contratos temporales cuando son extinguidos por causas objetivas o improcedentes durante el primero o segundo año de su vigencia- pues está demostrado que la misma no aporta una mayor estabilidad o seguridad al trabajador. Frente a esta constatación, es necesario adoptar medidas que frenen el fraude a través de la contratación temporal y garantizar la contratación estable, aun a costa de una ligera indemnización menor.

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En todo caso, también se recoge en el Acuerdo la negociación con los agentes sociales y la aprobación, en el plazo de un año, de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, norma donde se contemplan todos estos aspectos.
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¿Qué propone el Acuerdo respecto del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)?

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El Acuerdo recoge que el nuevo Gobierno aprobará en 2016 una subida del SMI de al menos el 1% con el fin de ir recuperando su pérdida de poder adquisitivo, que ha alcanzado en los últimos años el 4,1%.

Hay que tener en cuenta que este incremento se hará ya sobre la base de la subida aprobada por el Gobierno del PP para este año (que fue superior al incremento del IPC, aunque en años anteriores había sido congelado, probablemente por la circunstancia de ser año electoral).

Por lo tanto habrá un incremento adicional y, por supuesto, por encima del IPC.

El Acuerdo establece que será un Comité de Salarios de los incrementos anuales a efectuar a partir de 2017, que se integrará en el nuevo Observatorio de la Productividad y Competitividad, con el fin de acompasar las subidas del SMI a la evolución de nuestra economía, tal y como establecía el programa electoral.

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¿Va a suponer la consolidación fiscal que se siga recortando el gasto social?

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No, el acuerdo plantea que la consolidación de las cuentas públicas no se puede hacer a costa de reducir aún más nuestros niveles de bienestar, por lo que no se llevará a cabo ningún recorte de gasto social. Todo lo contrario, tras años de austeridad que han deteriorado los servicios públicos fundamentales, el Acuerdo se compromete a blindar los derechos sociales en la Constitución, y garantizar una financiación pública suficiente.
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La aprobación del Complemento salarial Garantizado ¿no es contradictoria con el programa del PSOE?

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Esta medida se encontraba en programas electorales de otros partidos, como Ciudadanos y Podemos, dirigida a personas con salarios bajos. Y el PSOE entendía que era preferible la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, dirigido a familias sin ningún tipo de ingresos. Su integración en un Plan de Emergencia Social en el que también están incluidos el Ingreso Mínimo Vital y el incremento de la prestación por hijo a cargo, aporta la coherencia necesaria a esta medida, pues ya no se atiende sólo a uno de los colectivos mencionados.
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¿Qué medidas van a llevar a cabo para garantizar el derecho a la vivienda a quienes no pueden afrontar el pago de sus hipotecas o de sus alquileres?

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Esta es una de las prioridades del pacto. Queremos atajar el drama de los desahucios. Para ello proponemos medidas que llevamos reivindicando de forma reiterada durante los últimos años:

  • Pondremos en marcha un sistema real de segunda oportunidad que mejore el régimen jurídico de la insolvencia de los deudores, con protección de la vivienda habitual frente a los desahucios por las entidades financieras.


  • Reconoceremos el derecho de las personas que hayan perdido su vivienda a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares y, en su caso, a un plan de rescate personal sobre la deuda pendiente que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos.


  • Se va a reformar la Ley Hipotecaria para la eliminación automática de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo por parte de las entidades financieras y sin previa exigencia del titular de una hipoteca.


  • Para tener viviendas en régimen de alquiler social para estas personas, se pondrá en marcha urgentemente un Programa de Alquiler Social mediante un acuerdo con la SAREB y otras entidades financieras propietarias de viviendas vacías.
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¿no se prohíben las SICAV?

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En la página 18 dice textualmente: “Combatir decididamente el fraude, la evasión fiscal y la economía sumergida. Se aprobarán, entre otras, las siguientes medidas: Devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las SICAV, y reforzar su control para evitar el fraude en las mismas”.
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¿Se reformará la ley electoral?

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El acuerdo recoge constituir, en el seno de la Comisión Constitucional, una subcomisión para el estudio de la reforma del régimen electoral que, durante tres meses, proceda a audiencias de expertos y, a su término, pueda elaborar una proposición de ley orgánica de reforma que, entre otras cosas, contemple:
  • Mejorar la proporcionalidad.


  • Impulsar los medios y realizar las reformas legislativas necesarias para facilitar el voto electrónico.


  • Reformar el sistema de voto de la ciudadanía residente fuera de España y derogar el voto rogado.


  • Establecer para la elección de diputados y diputadas un sistema de listas desbloqueadas.


  • Garantizar la igualdad mediante el sistema de listas paritarias.


  • Posibilitar de forma efectiva el ejercicio del voto a las personas con discapacidad que hoy no pueden ejercerlo.


  • Regular la celebración de debates electorales.


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¿Se recuperará la universalidad del Sistema Nacional de Salud?

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Sí, se recuperará tal y como estaba antes de la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril. Es decir, serán titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria los españoles y españolas, las personas extranjeras que se encuentren en España, inscritos en el padrón, y los menores de dieciocho años que se encuentren en España, en las mismas condiciones que los españoles. En todo caso, las mujeres extranjeras embarazadas, tendrán derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto.

Por tanto, las personas que resultaron expulsadas del Sistema como consecuencia de la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012 recuperarán su tarjeta sanitaria. Los demás extranjeros, tendrán derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica.

Los nacionales de Estados Miembros de la UE tendrán los derechos que resulten del derecho comunitario europeo y los tratados y convenios que se suscriba por España y les sean de aplicación. Y los nacionales de los Estados no pertenecientes a la UE tendrán también los derechos que les reconozcan las leyes, los tratados y los convenios internacionales.

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Entonces, ¿quién tendrá derecho a la tarjeta sanitaria?

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Tendrán derecho a la tarjeta sanitaria tanto los españoles como los extranjeros empadronados, tal y como sucedía hasta que el Gobierno de Rajoy les privó de tarjeta en julio de 2012.

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¿qué ocurrirá con el copago farmacéutico?

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Se garantizará que el copago farmacéutico no sea una barrera de acceso a la protección de la salud, suprimiendo los que impidan el acceso o la continuidad de los tratamientos, y en especial los de pensionistas y personas en situación de especial vulnerabilidad.

Esto es coherente con el Programa Electoral del PSOE que marcaba las líneas maestras que deberán regir el nuevo sistema: “tener en cuenta criterios de necesidad y cronicidad para evitar que siga siendo una barrera de acceso, en especial para pensionistas, parados y colectivos en situación de riesgo socioeconómico”.

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¿Qué otras medidas se contemplan en el Acuerdo para recuperar y proteger derechos afectados por la legislación del gobierno del PP?

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En el Acuerdo se prevén muchas medidas en este sentido:

  • Aprobar una ley para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.


  • Aprobar una Ley de muerte digna.


  • Aprobar una Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia y revisar los Acuerdos con la Iglesia Católica, que impiden la igualdad de trato con otras confesiones religiosas.


  • Revitalizar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

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  • Suprimir la pena de prisión permanente revisable del Código Penal, que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PSOE y otros partidos.


  • Derogar el artículo 315.3º del Código Penal que se ha utilizado para penalizar la actuación de piquetes informativos durante las huelgas.
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¿Qué recoge el Acuerdo en relación con la violencia de género?

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El Acuerdo identifica la violencia de género como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Por ello, recoge nuestra propuesta para un Pacto social, político e institucional contra la violencia de género, en el que se comprometan las Administraciones Públicas y se dé participación a las organizaciones sociales y en el que se contemplen medidas específicas, entre las que se prevén:

  • La ampliación de la Ley de protección integral de 2004


  • La recuperación de dotaciones presupuestarias


  • El Acompañamiento Judicial Personalizado


  • El Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género


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¿Afecta la Ley de violencia intrafamiliar a la ley o a las medidas contra la violencia de género?

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En absoluto. El Pacto contra la violencia de género y las medidas para erradicar este tipo de violencia incluye medidas procesales, preventivas y punitivas para luchar contra la violencia hacia las mujeres, y para proteger y reparar el daño a las mujeres y sus hijos/as víctimas de violencia machista.

La ley de violencia intrafamiliar no tendrá por objeto tratar ninguna de las situaciones derivadas del machismo que ya se abordan en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Ni siquiera está en el apartado del Acuerdo dedicado a este asunto.

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¿Promovemos un modelo de CGPJ distinto del actual con las propuestas relativas a este órgano?

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Proponemos redefinir la nueva estructura organizativa y territorial del Poder Judicial, corregir las funciones del Consejo, revisar el modelo de acceso a la carrera judicial y asegurar el mérito y la capacidad en los nombramientos judiciales.

También impulsaremos la reforma de la CE para reducir a la mitad su composición. Estamos seguros que, sin afectar a su función esencial de garantizar la independencia del poder judicial, para lo que deberá tener, exclusivamente, las competencias necesarias para ello, es posible revisar aquellas otras que no estén vinculadas a esta función y el número de miembros que lo componen. Así mismo, dado que este es un órgano de gobierno de un poder del Estado y no de autogobierno del poder judicial, como en ocasiones ha sido entendido, es imprescindible realizar las reformas que garanticen que, tanto en su elección como en el desempeño de sus funciones, esto se lleve a cabo de modo que dicho órgano sea pluralista y transparente y, especialmente, que desempeñe las funciones pensando en la legalidad y no en otros intereses.

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