REFORMA DE LA JUSTICIA

La crisis económica ha incrementado la demanda de justicia, primero en las jurisdicciones social y mercantil y luego en la civil, como consecuencia de la reforma laboral del PP, de las ejecuciones de créditos hipotecarios, del endeudamiento familiar y de las cláusulas abusivas en los productos bancarios. La ineficacia del sistema judicial, con graves deficiencias estructurales, organizativas, procesales y presupuestarias, tiene consecuencias muy negativas para los ciudadanos, los trabajadores y las empresas, aumentando su desconfianza en un sistema judicial del que se sienten cada día más alejados y menos protegidos e incrementando su percepción de que existe una clara desigualdad en función de la capacidad económica de los que intervienen en los procesos judiciales.

A ello hay que añadir el debilitamiento y desnaturalización del órgano de gobierno del poder judicial, el CGPJ, tras la última reforma operada por el Gobierno del PP, que desvirtúa y modifica sustancialmente la naturaleza jurídica del órgano que el constituyente diseñó.

  • Derogación inmediata de la prisión permanente revisable incluida hoy en el Código Penal.
  • Derogación también inmediata del artículo 315.3 del Código Penal, sobre el ejercicio del derecho de huelga.
  • Revisión de las penas relativas a los delitos que afectan al conjunto de la sociedad, como los delitos contra la Hacienda Pública, la ordenación del territorio, el medio ambiente y el urbanismo.
  • Y con carácter más general, revisión del Código Penal, para volver a los principios del Código Penal de la democracia.
  • Con carácter inmediato derogar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo referido a la limitación de los plazos de instrucción.
  • Aprobar con el mayor consenso una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y que cree la figura del juez de garantías.
  • Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la autonomía de la institución.
  • Reformar la LOPJ para redefinir la nueva estructura organizativa y territorial del Poder Judicial, revisar el modelo de acceso a la carrera judicial y corregir las funciones del CGPJ.
  • Realizar una reforma del sistema de justicia gratuita fomentando la especialización y dotándola de medios suficientes y adecuados.
  • Desarrollar el despliegue territorial de la oficina judicial y de sus servicios comunes, implantando en todo el territorio español un único sistema informático de gestión procesal.
  • Suprimir las tasas judiciales actuales para pequeñas y medianas empresas.
  • Crear los tribunales de instancia, que sustituirán a los órganos unipersonales.
  • Fortalecer los derechos de los consumidores por medio de una legislación integral; estableciendo un sistema real de segunda oportunidad que mejore el régimen jurídico de la insolvencia de los deudores, con protección de la vivienda habitual frente a los desahucios por las entidades financieras, revisión del régimen jurídico de las cláusulas y préstamos abusivos y eliminación de las cláusulas suelo; y fortaleciendo la formación de jueces y magistrados en derecho de consumo.