REFORMA DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

El Gobierno y la Administración General del Estado que él dirige son piezas esenciales en la ordenación general de la vida del país, en la provisión con equidad de servicios públicos, en la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Su actuación conforme a criterios de publicidad y transparencia se ha convertido en una de las señas de identidad de las democracias modernas.  La transparencia, hoy, es instrumento esencial para asegurar el derecho de participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos, para garantizar la actuación objetiva de las Administraciones de acuerdo con los intereses generales y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, para acreditar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos y para facilitar la proximidad de los cargos públicos a los intereses y necesidades de los ciudadanos.

Junto a la transparencia, y como forma específica de asegurarla, se extienden por las democracias avanzadas las técnicas de “Gobierno abierto” que confirman la publicidad de sus actuaciones, facilitan la formación de opinión responsable en los ciudadanos, permiten la reutilización de la información pública.

Por otra parte, el desarrollo de determinados servicios esenciales para la defensa de los intereses generales requiere una revisión del régimen de la función pública y un incremento de la dotación de los empleados públicos destinados a tales servicios.

MODIFICAR LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

  • Imponer obligaciones específicas de transparencia a las entidades que participan en la prestación de servicios públicos, en especial en los de educación, sanidad y servicios sociales.
  • Incluir entre los extremos a publicitar de los contratos públicos las cesiones del contrato y las subcontrataciones.
  • Igualmente las Administraciones Públicas publicarán la información relativa a las campañas de publicidad o comunicación institucional que hayan promovido o contratado, el importe de las mismas, los contratos celebrados así como los planes de medios correspondientes en el caso de las campañas publicitarias.
  • También serán objeto de publicidad activa los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, incluidas las recalificaciones y las modificaciones de los planes urbanísticos.
  • Las Administraciones Públicas publicarán el inventario de sus bienes inmuebles y derechos reales y los datos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas.
  • Hacer del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno un órgano realmente independiente, cuyo presidente deba ser ratificado por mayoría cualificada del Congreso y cuyos miembros sean, fundamentalmente, representantes de la sociedad civil.

APROBAR UNA NUEVA LEY DE SECRETOS OFICIALES

  • Como complemento a la ampliación de la Ley de Transparencia, debe sustituirse la vigente Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, y aprobar una normativa sobre la materia que encomiende la declaración de secreto exclusivamente al Gobierno, defina con precisión los asuntos protegidos por ella, establezca un plazo máximo para el mantenimiento de la calificación de secreto y prevea sanciones contra la violación de la misma.

REVISAR LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA

  • Constituir, en el plazo de tres meses, un Grupo de Expertos que presenten, en el plazo de seis meses, una propuesta de reforma de la Función Pública que, al menos, afecte a los sistemas de acceso; estructura de Cuerpos; criterios objetivos de dimensionamiento; formación, evaluación, carrera y promoción profesional; estabilidad; régimen retributivo; estatuto del directivo.
  • Elevar de 5 a 10 años el periodo mínimo de servicio activo del funcionariado para pasar a excedencia voluntaria y establecer un periodo máximo de permanencia en esta situación a cuyo término se pierda la condición de funcionario.
  • Incorporar un régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades durante los primeros dos años de la excedencia voluntaria por interés particular.

APROBAR UN PLAN DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

  • Estará específicamente dirigido a incrementar, con criterios previsibles, las dotaciones de funcionarios destinados a la lucha contra el fraude fiscal, laboral y de Seguridad Social, a jueces y fiscales y a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

APROBAR UNA NUEVA LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

  • La Ley otorgará garantías suficientes a las personas expropiadas y evitará prácticas inadecuadas que puedan dar lugar a resultados injustos. La nueva Ley debe mejorar la información, agilizar el procedimiento y reformar los Jurados Provinciales de Expropiación. Permitirá que la Administración pueda desistir de la expropiación cuando el precio fijado suponga un grave quebranto para las arcas públicas, en coherencia con el régimen de valoraciones establecido en la legislación estatal sobre suelo.

PUERTAS GIRATORIAS

  • Incluir, en la legislación de conflictos de intereses, un supuesto especial de incompatibilidad al cese de altos cargos destinado a evitar el fenómeno de puertas giratorias, fijando un periodo de incompatibilidad de cinco años para quienes pretendan incorporarse ex novo a empresas del sector sobre el que no tenían experiencia profesional previa y sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión.