REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

Reforma de la Constitución para asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el funcionamiento federal de la organización territorial de nuestro Estado

Nuestro Estado ahora necesita remodelarse para un nuevo largo periodo de convivencia con el objetivo fundamental de garantizar el progreso, la paz social, la estabilidad política y la solidaridad territorial entre las generaciones vivas, un legado político que debemos dejar a las futuras.

Cuatro razones fundamentales avalan la necesidad de la reforma:

Primera, que la realidad se ha transformado tan profundamente que necesitamos extender y garantizar con suficiencia los derechos fundamentales, singularmente los derechos sociales básicos.

Segunda, que la experiencia de estos casi cuarenta años ha puesto de relieve la existencia de instituciones y mecanismos que no cubren de manera adecuada los objetivos del Estado democrático y las exigencias de calidad democrática que demanda la ciudadanía.

Tercera, que la Constitución dejó prácticamente en blanco el modelo territorial, por lo que hay que regular constitucionalmente lo que en 1978 se dejó muy abierto y sin precisar, actualizando y relegitimando nuestro modelo para mejorar la convivencia entre españoles y fortalecer nuestra unión ciudadana.

Cuarta, que nuestra vocación europeísta nos exige reforzar el compromiso con la Unión Europea más social y decidida a la integración, articulando con ella nuestra relación, mejor y más intensamente, desde la propia norma constitucional.

Ni la Constitución resuelve por sí sola todos los problemas de nuestra convivencia ni hay que recoger en ella todas las respuestas que los nuevos tiempos exigen. Pero lo cierto es que algunas reformas muy compartidas requieren, para poder completarse, una reforma parcial de la Constitución.

Orgullosos de la Constitución, no pretendemos abrir un proceso constituyente sino mantener los principios e instituciones esenciales de la misma, fortalecer los derechos reconocidos a los ciudadanos y adecuar su texto a las transformaciones experimentadas por nuestra sociedad.

Convencidos de la función de integración de nuestra Constitución, marco común normativo fundamental que debe permitir y garantizar la actuación de todas las opciones políticas democráticas, su reforma no puede ser el resultado de la imposición de posiciones ni de la exclusión de ninguno de los agentes políticos. Sólo tendrá sentido y sólo podrá salir adelante si es fruto del pacto, si cuenta con el apoyo de la gran mayoría de las fuerzas políticas y de la ciudadanía.

CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Creación, en el plazo de un mes, de una Subcomisión para la reforma Constitucional en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso.

Su función será la de proceder, durante un período de seis meses, a sesiones de audiencia que posteriormente permitan la presentación de un acuerdo sobre el “perímetro” pactado de la reforma.

En ese perímetro deberían figurar, al menos, los siguientes bloques:

  • Reconocimiento de nuevos derechos civiles y políticos.
  • Reconocimiento como derechos fundamentales de derechos sociales e incorporación de garantías sobre la dotación presupuestaria de los mismos.
  • Supresión de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona.
  • Revisión de las bases del sistema electoral, con remisión de su concreción a la LOREG, que debería requerir una mayoría cualificada para su modificación posterior.
  • Modificación de la composición y funciones del Senado.
  • Revisión de los aforamientos.
  • Incorporación del “hecho” Unión Europea al ordenamiento constitucional.
  • Revisión del Título VIII y los preceptos conexos. Desarrollar concepto de Estado Federal.

CONSTITUCIÓN DE UNA PONENCIA PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

  • Al finalizar los trabajos de la Subcomisión, se procederá al nombramiento de una Ponencia Constitucional para que pueda iniciar la redacción de un proyecto a inicios del año 2017.