Transición energética y lucha contra el cambio climático

• Promover un gran Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética.
• Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización, impulse el mejor conocimiento y la disponibilidad de escenarios climáticos y de trayectorias para el desarrollo sostenible, así como la sistemática toma en consideración de los elementos de riesgo climático en cualquier actuación pública y de transparencia y rendición de cuentas en empresas cotizadas, incluyendo:

  • la creación de una Comisión para la Transición Energética, que desarrolle escenarios progresivos de reducción de emisiones de CO2a 2020/2030 y 2050 que permitan identificar los retos y oportunidades del cambio de modelo, y elabore una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO2del país, que se remitiría anualmente al Parlamento.
  • obligaciones de transparencia sobre riesgos de carbono y de impacto climático en empresas cotizadas.
  • modificación de la Ley de Contratación Pública, incluyendo nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas.
  • escenarios de largo plazo para Zero emisiones e informe anual sobre evolución.
  • generación de mapas de riesgos e incorporación en análisis de impacto y en planificación sectorial en ámbitos tales como la territorial, urbana, hidráulica, energética y de infraestructuras.

• Prohibir el fracking y nuevas exploraciones de hidrocarburos.
• Cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil.
• Reformar el Real Decreto 900/2015, que regula las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, incluido el denominado "impuesto al sol", y aprobar en su lugar un marco regulatorio estable para el autoconsumo eléctrico y la generación a pequeña escala, en la modalidad de balance neto.
• Acometer una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica, así como del mercado gasístico, facilitando su progresiva adecuación al nuevo modelo energético disminuyendo los costes de la transición.
• Creación de un fondo verde para la transición energética, alimentado con parte del nuevo impuesto al CO2, dedicado a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa.

MEDIO AMBIENTE URBANO: CIUDADES RESILIENTES Y ZERO EMISIONES

• Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector. En el ámbito de los edificios públicos se fijará como objetivo la rehabilitación energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de la Administración General –edificios de servicios administrativos– y, a su vez, trasladarlo al resto de administraciones.

POLÍTICA FORESTAL Y USOS DEL SUELO

• Recuperar la prohibición absoluta de cambio de uso de suelo en zonas forestales incendiadas.
• Impulsar un estatuto básico para agentes y bomberos forestales.

BIODIVERSIDAD Y CADENAS DE VALOR

• Recuperación y desarrollo de la Ley de Patrimonio Natural y Protección de la Biodiversidad de 2007, derogando las limitaciones y excepciones impuestas por la Ley de 2015.

UNA GESTIÓN SOSTENIBLE Y EFICIENTE DEL AGUA

El nuevo gobierno recuperará la consideración del agua como un derecho así como un bien ambiental y de la correcta integración de este principio en la planificación hidrológica, para ello:

• Hacer efectiva la garantía del derecho a un agua de buena calidad (con un mínimo vital) así como el saneamiento antes de su devolución a los cauces naturales respetando la calidad ambiental. Asimismo, se buscarán mecanismos para facilitar la utilización de agua desalada a precios asequibles, incluido el establecimiento de tarifas sociales.
• Otorgar especial prioridad a los territorios afectados por la sequía y las medidas previstas en los decretos para paliar los daños que éstas producen, así como las proyecciones hídricas y climáticas que, necesariamente, han de ser tomadas en consideración en los ciclos de planificación. En este contexto, se hará un uso eficiente de las desaladoras y demás infraestructuras existentes, se impulsará la inversión en eficiencia y las medidas prioritarias y urgentes que faciliten una gestión eficaz y satisfactoria de los recursos hídricos.
• Aprobar un Plan de Restauración de ríos y humedales.
• Aprobar un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización del Agua.

 COSTAS Y ESPACIOS MARINOS

• Recuperar los plazos de protección del dominio público marítimo terrestre de la Ley de Costas de 1987.
• Prohibición total de cualquier intervención nueva salvo para su protección.
• Plan de usos de espacios marinos, primando su valor ambiental y velando por la plena compatibilidad de los autorizados. Desarrollo de la Ley de protección del medio marino.
• Estrategia de adaptación de la costa al cambio climático.

ECONOMÍA CIRCULAR

• Impulsar el objetivo de Vertido cero.
• Impulsar el ecodiseño, la utilización de materiales recuperados y el impulso de la trazabilidad de todo tipo de productos.
• Fomentar la concienciación y sensibilización de la ciudadanía. Incentivar la cooperación y compartir experiencias de éxito con otras ciudades y establecimiento de procedimientos que faciliten el acceso a la información en materia de gestión de residuos.