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02 Abril 11
El Comité Federal ha aprobado el Manifiesto Autonómico del PSOE para las próximas elecciones del 22 de mayo. Un documento en el que el PSOE apuesta por dar un nuevo impulso al desarrollo autonómico encaminado a la mejora de la actividad económica, el impulso a la recuperación del empleo, el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos y la mejora del acceso del ciudadano a los mismos
El PSOE propone que las CC.AA. y el Gobierno aúnen fuerzas para asegurar la sostenibilidad de la red de prestaciones y servicios públicos a los que la ciudadanía tiene derecho, promoviendo sistemas de colaboración interadministrativa que permitan ahorrar costes, racionalizar el crecimiento y aprovechar a fondo las capacidades específicas de cada Comunidad para mejorar la vida de los ciudadanos. Y es que, como señala el Manifiesto, es el momento de situar la eficacia como objetivo prioritario de las administraciones españolas.
Una eficacia que, junto a la necesidad de extremar la austeridad en la gestión pública, lleva a los socialistas a proponer, entre otras medidas, la fijación por ley de cada Comunidad Autónoma del techo de gasto correspondiente a cada ejercicio.
En consecuencia, el Manifiesto Autonómico del PSOE recoge un programa de acción en todos los niveles encaminado a mejorar el funcionamiento del conjunto de las Administraciones y, con ello, del Estado Autonómico mismo en los siguientes ámbitos:
1.- Desarrollo y garantía de los servicios públicos.
2.- Empleo y cohesión social: garantía del Estado de Bienestar
3.- Austeridad y eficacia del gasto público
Se trata de propuesta que los socialistas se comprometen a llevar a cabo desde el Gobierno y desde las Comunidades Autónomas en las que gobiernen, y a promoverlas en aquellas Comunidades en las que esté en la oposición.
1.- Desarrollo y garantía de los Servicios públicos.
Entre otras medidas, el PSOE aboga por:
• Refuerzo del sistema educativo desde el compromiso simultáneo con la calidad y con la cohesión social y la igualdad de oportunidades, acordando entre las Comunidades Autónomas
• Consolidación del sistema integrado de Formación Profesional, adoptando criterios concertados de desarrollo de las nuevas previsiones contenidas en la Ley de Economía Sostenible sobre mejor coordinación con el entorno empresarial y laboral de los centros de enseñanza.
• Perfeccionamiento de la atención sanitaria plena a los ciudadanos que se trasladan entre Comunidades, incluyendo la posibilidad de acceder al centro sanitario más próximo al domicilio, independientemente de la Comunidad Autónoma en que se encuentre.
• Desarrollo pleno del Sistema de Atención a la Dependencia, garantizando su aplicación efectiva.
• Potenciar los convenios cooperación entre administraciones en ámbitos tales como el acceso a prestaciones sociales (teleasistencia, ayuda domiciliaria, atención a víctimas de violencia de género…), educativas o sanitarias, reconocimiento de actividades formativas…
• Continuación del proceso de reducción de cargas administrativas y la sustitución de licencias y autorizaciones por procedimientos de declaración responsable o comunicación, coordinando las actuaciones entre todas las administraciones públicas.
• Fomento del crecimiento de núcleos de innovación conjuntos, a través de acuerdos entre diversas Comunidades Autónomas para inversión conjunta en núcleos de desarrollo industrial y empresarial.
• Promoción de redes de centros de investigación y de educación interautonómicos que permita racionalizar el mapa de estudios universitarios y centros de investigación y la generación de centros universitarios de excelencia o especializados en carreras minoritarias mediante convenios interautonómicos, distribuidos territorialmente por
especialidades.
• Adopción de convenios que permitan el acceso rápido y ágil por cualquiera de las Administraciones a los datos administrativos de las personas y empresas, previa autorización del interesado
2.- Empleo y cohesión social: garantía del Estado de Bienestar
• Acuerdo del Estado y las Comunidades Autónomas para transformar los programas actuales de formación de las personas en situación de desempleo, adecuándolos a las nuevas necesidades del mercado de trabajo.
• Adopción de un programa conjunto de Estado y Comunidades Autónomas que garantice la existencia de iniciativas específicas de los servicios de empleo para los menores de 25 años que no estudien ni trabajen, y para las personas sin graduado en educación secundaria, que permitan además combinar formación y trabajo.
• Coordinación efectiva de la red de las oficinas de empleo en toda España, con acceso a registros compartidos e instrumentos de impulso de la movilidad interna.
• Concertación de acuerdos interautonómicos que propicien el principio de validez en toda España de las actuaciones de cada administración y un marco normativo mínimo común a todas las administraciones en aquellos ámbitos de especial interés para la actuación empresarial.
• Concertación entre las instituciones autonómicas y estatales de medidas de apoyo a la financiación de iniciativas empresariales, con especial atención a las líneas de avales que garanticen y faciliten el acceso al crédito de las PYMES.
• Concertación de los programas de impulso de inversiones, públicas y privadas, hacia el capital humano (educación e I+D+i), el capital tecnológico y las infraestructuras, armonizando los objetivos, requisitos y procesos en todas las administraciones.
3.- Austeridad y eficacia del gasto público.
• Fijación por ley de cada Comunidad Autónoma del techo de gasto correspondiente a cada ejercicio.
• Establecimiento de criterios comunes para el cumplimiento de la ley de publicidad institucional y recorte de los créditos destinados a la misma.
• Promover la cooperación entre organismos análogos hoy existentes en cada Comunidad Autónoma, como las agencias de evaluación y acreditación educativa y universitaria, los servicios de investigación agraria, de energía, de formación de la administración pública….
• Impulso decidido de la lucha contra el fraude fiscal y en el acceso a los servicios y prestaciones públicas, mediante acuerdos entre las administraciones
• Priorización de la financiación de infraestructuras y servicios comunes para las administraciones educativas y, en especial, para las distintas universidades de la Comunidad.
• Armonización concertada de las cláusulas de contratación y concierto de servicios públicos.
• Impulso a la contratación conjunta de servicios por parte de las administraciones, como medida de mejora de costes.
• Puesta en común de plazas en servicios sociales determinados y consorcios interautonómicos de servicios.
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