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23 Junio 10
Esta semana se han publicado diversas encuestas de intención de voto en nuestra comunidad, entre las que se observa un importante incremento del porcentaje atribuible a Partido Popular, principalmente. También el PSIB-PSOE mejora sus resultados, junto con UPyD.
Creo que algunos de los sorprendentes resultados que muestran estas consultas se deben, fundamentalmente, a la desafección ciudadana motivada por la actual situación económica. Especialmente tras haberse aprobado el recorte presupuestario la pasada semana en el Congreso de los Diputados. Pero también debe tenerse en cuenta el desengaño de muchos ciudadanos por los escándalos de corrupción que asolan a nuestra comunidad.
A nadie se le escapa que la presunta mayoría absoluta que algunas informaciones otorgan al Partido Popular resulta, cuando menos, extraña, tratándose de una formación afectada por numerosos procesos penales contra algunos de sus militantes -no siempre “de base”- y en determinados casos con sentencias ya condenatorias.
El derecho de voto no sólo es una de las conquistas sociales más importantes de la Historia, sino que comporta una responsabilidad considerable tanto para quien lo ejerce, como para quien es destinatario del mismo.
Así pues, del mismo modo que a los políticos se nos exige un determinado comportamiento, los ciudadanos cuando depositan su elección en las urnas están llevando a cabo una acción que les compromete, aunque sea en una parte muy pequeña del total, con el resultado final y las consecuencias derivadas de éste.
Por ello considero que puede ser muy perjudicial para la democracia y nuestra comunidad autónoma, la legitimación sobrevenida por los resultados electorales de una determinada manera de gobernar y hacer las cosas ya conocida por todos.
En efecto, prácticamente ninguno de los procesos judiciales por presunta corrupción que acechan al PP actualmente se había iniciado antes de los comicios de 2007, sino que han ido saliendo a flote durante la presente legislatura. Por ello, los ciudadanos no pudieron tener en cuenta estos hechos a la hora de dar su apoyo a dicha formación en las elecciones del 2007.
Sin embargo, podría darse la paradoja de que los numerosos desfases político-económicos, sobre los que la justicia deberá decidir ahora, queden validados electoralmente de forma mayoritaria, en una convocatoria posterior. De esta manera, puede asentarse un peligroso precedente según el cual cualquier comportamiento político esté legitimado, si después los ciudadanos optan por no exigir una mínima responsabilidad de quienes han cometido la actitud a tachar.
El Partido Popular de Balears ha hecho un esfuerzo para renovarse ante los ciudadanos, que se ha traducido en dos congresos regionales y el desfile de hasta 3 presidentes en este periodo legislativo.
Pero lo cierto es que la actitud de muchos de sus miembros ante el proceso del Palma-Arena, las obras iniciales del metro o ciertos desfases de carácter urbanístico, obstinados en defender la legalidad de sus prácticas políticas a ultranza aunque sea como estrategia procesal para salvar su persona, no parece denotar un cambio tan profundo como el que pretende escenificarse.
Naturalmente, los ciudadanos son plenamente libres para decidir en quién deben depositar su confianza y si su consideración es la reflejada en las encuestas, deberá respetarse como tal por todos los participantes. Son las normas del juego democrático.
Pero es evidente que aquellos que después critican con fervor la corrupción de algunos políticos y reniegan de sus prácticas, parecen no recordar que fueron sus votos quienes auparon a los mismos y posibilitaron, en consecuencia, que se produjeran los hechos que todos lamentamos. Devolverles la confianza para que regresen a las máximas instituciones de la comunidad sería -cuanto menos- paradójico.
No me cabe la menor duda de que los ciudadanos de Illes Balears sabrán tener en cuenta todos los elementos necesarios de juicio para emitir su voto en los futuros comicios de 2011.

