Última Hora (05/10/10)

Las islas en la agenda europea

Artículo de opinión de Teresa Riera, eurodiputada socialista

Los territorios insulares vemos condicionado nuestro desarrollo económico y social por nuestras características geográficas particulares. Consecuentemente, podemos hablar de la insularidad como factor permanente que influye en el desarrollo de los territorios que la sufren. Es por ello que la Unión Europea debe establecer un régimen específico dirigido a compensar los efectos la insularidad. Esta es la reivindicación central de la Resolución que hemos aprobado en el pleno del Parlamento Europeo.

No se trata de una demanda novedosa o aislada. Al contrario, es un paso más de un dilatado proceso de sensibilización y reivindicación liderado por el Govern de Francesc Antich y el Grupo de Socialistas y Demócratas (S-D) del Parlamento Europeo. Dicho proceso ha contado con importantes iniciativas como la Cumbre sobre Política Regional e Insularidad celebrada en Palma durante la Presidencia española de la UE o la Conferencia sobre UE e Insularidad que organizó el Grupo S-D en el Parlamento Europeo el pasado mes de julio. Precisamente, las conclusiones de este Seminario en el que participó el President Antich han dado lugar a la Resolución aprobada por la Eurocámara.

Tampoco se trata de una demanda ingenua o inconsistente. Nuestra reivindicación encuentra una base jurídica en el artículo 174 de los Tratados, que reconoce que hay ciertos tipos de regiones con características específicas, entre ellas las insulares, que merecen una especial atención por parte de la Unión. Sin embargo, dichas previsiones no se han traducido, hasta el momento, en medidas consistentes que, en la práctica, se dirijan a atender las necesidades que tenemos los territorios insulares.

Gran parte de lo que hace la UE radica en la creación de oportunidades para sus ciudadanos. Las cuatro libertades básicas -libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales- son las oportunidades axiomáticas, al permitir la circulación en Europa con la misma libertad que en el interior de un Estado miembro.

Lo que parece obviarse a menudo es que no todos los ciudadanos se benefician de las oportunidades ofrecidas por la UE de una manera equitativa. Los isleños sabemos que la insularidad no es sólo una condición física sino que es también aislamiento y falta de oportunidades. La geografía de nuestros territorios hace que veamos reducida o encarecida nuestra capacidad de desplazarnos así como nuestro acceso, no sólo a bienes, servicios y capitales, sino incluso al conocimiento.

Es por ello que nuestra Resolución reclama un marco político integrado a nivel europeo para abordar los efectos de la insularidad. Dicho marco debe tener implicaciones jurídicas y financieras, permitiendo que las políticas e instrumentos europeos de que dispone la UE se adapten a las necesidades particulares de sus islas. No sólo la Política Regional, principal medio para apoyar el desarrollo de las regiones, sino también las políticas sectoriales con un importante impacto en las islas (transporte, energía, medio ambiente y cambio climático, competencia y ayudas públicas...) deberían incluir las previsiones necesarias y aunar sus esfuerzos para que nuestras regiones puedan superar las dificultades, así como aprovechar los potenciales, ligados a la insularidad.

Un ejemplo práctico de la necesidad de esta adaptación de las políticas europeas que afecta directamente a Illes Balears. Nuestras islas no pueden acceder a financiación comunitaria para establecer proyectos de cooperación transfronteriza con regiones marítimas de otros Estados miembros, al estar separadas por más de 150 km, la distancia máxima establecida por la Política Regional. Este criterio nos impide cooperar con otras islas que comparten nuestros mismos problemas e inquietudes. La retirada del criterio cuando afecta a regiones insulares sería un paso en la dirección adecuada.
El objetivo último es avanzar hacia la cohesión territorial, concepto introducido por el Tratado de Lisboa. Dicha cohesión no será alcanzada si no permitimos que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, se beneficien equitativamente de la integración europea. Si la UE es sinónimo de oportunidades, éstas deberían ser las mismas para todos.