Hugo Morán Fernández. Secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

LEY DE COSTAS

Carta Abierta de Hugo Morán sobre la reforma de la Ley de Costas que tiene previsto aprobar el Gobierno

Carta Abierta del Secretario Federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad sobre la reforma de la Ley de Costas

REFORMA DE LA LEY DE COSTAS: MUCHO COSTE Y POCO BENEFICIO

Si la Constitución Española incorporó una visión social del patrimonio litoral, estableciendo limitaciones a la especulación urbanística a costa del dominio público marítimo-terrestre, fue precisamente por el riesgo que ya había evidenciado el desarrollismo de los 60 y los 70, que nos encaminaba a velocidad de vértigo hacia una privatización total de un bien público de enorme valor estratégico para el país. Esa encomienda que se autoimponía el Estado se vio reflejada en la subsiguiente Ley de Costas. De esta forma, lo que pretende ahora el Gobierno con la reforma de la Ley es burlar el espíritu de la Carta Magna, habilitando unos enormes vacíos de salvaguarda de la titularidad pública, expoliando bienes y valores públicos para transformarlos en cotos privados y oportunidades de negocio para unos pocos.

Pero además de erigirse esta Reforma de la Ley en un auténtico monumento a la desprotección de los intereses públicos al servicio del enriquecimiento privado, nos encontramos ante un indudable ejemplo de discriminación avalada por el Gobierno. No es posible admitir bajo ningún punto de vista que una Ley, que se dotó en origen de una herramienta de transparencia para identificar con claridad el bien que había de proteger, como es el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, se vea privada de esa herramienta antes de concluir la tarea que tenía encomendada. Y es que cuando sólo resta por identificar un escaso cinco por ciento del perímetro costero, vamos a encontrarnos con una nueva norma que dispensará distinto tratamiento a ese pequeño porcentaje, frente al noventa y cinco por ciento restante. Un auténtico mecanismo de privilegio avalado por la Administración, que desembocará sin duda en un océano de litigiosidad el cual, muy al contrario de lo sucedido hasta ahora, en que el Estado ha visto ratificado en los tribunales de forma reiterada la legalidad de la aplicación de la norma, corre un serio riesgo de deslegitimación de la acción del Ejecutivo.

Frente a tamaño despropósito, entendemos que no cabe aducir urgencia de ningún tipo para modificar una Ley que tiene un recorrido de 24 años de aplicación avalado por los tribunales de justicia, y mucho menos cuando resta un mínimo recorrido de aplicación que garantice un trato igual para todos los ciudadanos. Procedería, por tanto, concluir los trabajos de deslinde de toda la costa antes de iniciar cualquier proceso de modificación de la misma.

Y después si. Una vez culminado el deslinde de la franja costera, sería posible acometer un debate abierto para actualizar la Ley conforme a la nueva realidad de ese suelo ya delimitado, incorporando las prospectivas que en clave científica han aportado los estudios en materia de Cambio Climático (que van justo en la dirección contraria de las que pretende el Gobierno del PP), desarrollando mecanismos de control de la actividad económica, fundamentalmente la inmobiliaria, a raiz del aprendizaje respecto a los efectos de la burbuja del ladrillo en la actual crisis económica (y que también distan mucho de las pretensiones del PP de aplicar medidas de liberalidad urbanística mediante esta burda maniobra de cambiar una Ley de Costas por una Ley del Suelo Litoral), y aplicando el principio de huella ecológica a la conservación de un patrimonio natural tan sensible como es el frente costero, frente al cual el Estado tiene la obligación de protegerlo representando los intereses de las generaciones que habrán de venir (solidaridad intergeneracional que, más allá de reforzarla, el Gobierno la diluye abdicando de su responsabilidad hacia el futuro).

Hugo Alfonso Morán Fernández
SECRETARIO FEDERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD DEL PSOE.