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26 / 05 / 2012
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07 Febrero 12
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Al candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales no lo elegirán sólo los 220.000 militantes del partido, sino también los simpatizantes, es decir, empleando el sistema popularmente conocido como ‘primarias francesas’.
La decisión se tomaba en el 38 Congreso Federal que los socialistas han llevado a cabo este fin de semana en Sevilla e implicará que a los más de 220.000 afiliados del PSOE en el país se sumen los cerca de 300.000 simpatizantes de la formación centenaria a la hora de elegir al candidato a La Moncloa.
El sistema exacto de elección se irá concretando y definiendo, pero, en cualquier caso, en palabras del Secretario General del PSOE local, Dionisio Muñoz, “demuestra las convicciones profundamente democráticas y de participación del PSOE”.
Muñoz recordó las palabras que el líder saliente del PSOE, José Luís Rodríguez Zapatero, pronunció en su presentación del Informe de Gestión ante el Comité Federal en el que señaló que la formación socialista ha sido siempre la más democrática de las que se han dado en nuestro país. “Habrá que mejorar cosas, pero somos el partido con mayor ejercicio democrático que existe”, señaló.
Calidad democrática
El 38 Congreso Federal aprobó numerosas resoluciones políticas que se incluyeron en la ponencia política, que va a marcar la línea de trabajo del PSOE en este mandato.
En el capítulo de calidad democrática se incluyeron resoluciones como la creación del Escaño 351 para favorecer la participación ciudadana en la toma de decisiones del Congreso, o revisar la legislación electoral para facilitar el derecho de voto en el exterior y que desaparezca el voto rogado, así como la extensión del voto en urna. También se propone crear en el Parlamento español una circunscripción específica de los españoles en el exterior.
En lo tocante a la sostenibilidad del Estado del Bienestar, el PSOE rechaza el copago, y apuesta por una ley de discapacidad para el fomento de la autonomía personal y el acceso al empleo, además de la correcta aplicación de la ley de dependencia y de su gestión independientemente del territorio, priorizando los servicios y no las prestaciones económicas con el fin de propiciar la creación de empleo.
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