Interrupción voluntaria del embarazo

Carmen Montón denuncia la “hipocresía” del gobierno de Navarra al recurrir la Ley de Salud Sexual y Reproductiva ante el Constitucional

Afirma que los recursos deberían destinarse "a prevención, planificación familiar, información, educación y acceso a los métodos anticonceptivos”

Madrid, 20 de abril de 2010. La coordinadora federal de la OSPC y portavoz del Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Carmen Montón, y la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Federal del PSOE, Soledad Cabezón, han acusado hoy al Gobierno de Navarra de llevar a cabo “un ejercicio de hipocresía preelectoral” al recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo; una Ley “avalada por el Consejo de Estado y cuya constitucionalidad está fuera de toda duda”.

Carmen Montón ha señalado que “las leyes que se aprueban en el Parlamento se deben cumplir en todo el territorio” y entiende que “no es posible que unas españolas tengan menos derechos que otras”.

La portavoz socialista ha rechazado el argumento de que la Ley invada competencias y ha recordado que se aprobó en el Parlamento con un amplio consenso y con el apoyo de ocho partidos, entre ellos PNV, ICV, ERC y CiU, "nada sospechosos de centralistas y de no respetar las competencias autonómicas”.

En su opinión, “lo único que les preocupa es impedir la interrupción voluntaria del embarazo dentro de su territorio, no les importa correr con el gasto del viaje, de la intervención sanitaria, ni de las dietas en otras comunidades autónomas donde tienen firmados convenios, haciendo recorrer cientos de kilómetros a las mujeres navarras para ejercer un derecho”.

Montón ha invitado al Gobierno navarro a que, si realmente quiere evitar interrupciones voluntarias del embarazo, “destine esos recursos a prevención, planificación familiar, información, educación y acceso a los métodos anticonceptivos”.

“Los condicionamientos morales son muy respetables en la esfera de lo privado, pero no se pueden llevar a lo público para impedir el cumplimiento de las leyes” –ha dicho- “y no se puede entender que quieran paralizar esta Ley, que es muy similar a las de los demás países europeos, con constituciones y democracias similares a la nuestra”.

Para Soledad Cabezón, secretaria de Igualdad del PSOE, no se trata de un “problema de constitucionalidad de la Ley, sino de un problema de voluntad” por parte del Gobierno de Navarra que trata de “boicotear el derecho de las mujeres navarras, hacer que no puedan ejercer libremente los derechos reconocidos en la Ley como el resto de mujeres en España”.

Cabezón ha instado a que “no utilicen las instituciones democráticas para hacer prevalecer conceptos morales individuales, sino que se respete la democracia y el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de la Comunidad Autónoma en que se encuentren”.