Prevaricación del Alcalde de Otura

PIDEN 28 AÑOS DE INHABILITACIÓN Y 2 DE CÁRCEL PARA EL ALCALDE DE OTURA POR PREVARICACIÓN

Asimismo, pide 18 años de inhabilitación y otros dos más de prisión a los cuatro concejales que integraban la Junta de Gobierno Local que aprobó la operación junto al alcalde

La Fiscalía de Granada ha solicitado un total de 28 años de inhabilitación especial y otros dos de cárcel para el alcalde de Otura (Granada), el 'popular' Ignacio Fernández-Sanz, por conceder, contra el criterio de los técnicos, unas licencias para una urbanización que aún no había sido terminada ni recepcionada.

Asimismo, pide 18 años de inhabilitación y otros dos más de prisión a los cuatro concejales que integraban la Junta de Gobierno Local que aprobó la operación junto al alcalde. El Ministerio Público atribuye a los cuatro ediles un delito continuado de prevaricación urbanística y otro de prevaricación ordinaria, y al alcalde le imputa además un delito más de prevaricación ordinaria.

Los hechos se remontan al pasado 23 de julio de 2007, cuando el alcalde y el resto de miembros de la Junta de Gobierno local adoptaron "unánimemente" un acuerdo relativo a la concesión de licencia de ocupación para cuatro viviendas de una urbanización en el Plan Parcial Sector 5 de desarrollo de las Normas Subsidiarias, "conscientes, no obstante, de que este proceder era contrario" a la normativa urbanística vigente, puesto que se prohíbe expresamente que se otorgue "sin la previa finalización de las obras", según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, consultado por Europa Press.

Este extremo, según el fiscal, "les había sido advertido por parte de la técnico municipal" en un informe del 18 de julio de 2007 a los concejales y al alcalde, que además, "prescindieron del preceptivo informe jurídico sobre adecuación del acto a la legalidad", pese a que la "omisión" también fue advertida por el secretario.

Del mismo modo, el 1 de octubre de 2007, la Junta de Gobierno Local "también de forma unánime" votó favorablemente la adopción de tres acuerdos por los que se concedía licencia de ocupación para 46 viviendas en la misma urbanización y "con idénticas infracciones legales", puesto que no estaban terminadas y las obras no habían sido aún recepcionadas por el Ayuntamiento, se actuó en contra del criterio de la técnico municipal y se prescindió del preceptivo informe jurídico.

La concesionaria de la obra pública de urbanización pidió al Ayuntamiento su recepción parcial, pero el arquitecto técnico municipal emitió un informe desfavorable que alertaba de "importantes defectos y omisiones", entre otros aspectos. No obstante, pese a este informe, la Junta de Gobierno, ya el 29 de octubre de 2007, y nuevamente con el voto unánime de todos sus miembros, acordó la recepción de las obras "sin ninguna referencia a su carácter parcial", condicionándola a que se subsanaran las deficiencias en el plazo de 90 días.

Al transcurrir tan sólo 15 días y en virtud de un escrito de la empresa en el que se afirmaba que las deficiencias habían sido corregidas, el alcalde de Otura tomó la decisión de poner fin al procedimiento, "cualquiera que fuese el estado de las obras de urbanización" y el 14 de noviembre ordenó a la técnico municipal que emitiera informe sobre la subsanación de las deficiencias.

Ésta, que constató que seguían sin presentarse documentos esenciales, volvió a informar en contra de la recepción, pues no se ajustaba a las fases del plan parcial y se incumplían algunas de las condiciones puestas por la Junta de Gobierno Local, pero, pese a esto, el alcalde, "llevado de la determinación de proceder a la recepción total y definitiva de las obras de urbanización aun prescindiendo de las normas y garantías legales aplicables", dictó una resolución en la que dio por subsanadas los defectos y por cumplidas las condiciones señaladas. Ya el 20 de noviembre, a pesar de la nueva reticencia del técnico municipal, firmó el acta de recepción de la totalidad de las obras.

Por todo, la Fiscalía solicita, además de la pena de cárcel e inhabilitación, que se declaren nulas las licencias que fueron aprobadas y las resoluciones adoptadas en igual sentido por el Ayuntamiento, para que se proceda al restablecimiento de la legalidad urbanística "perturbada".