Motivos para decir NO a la Ley Mordaza

El PSOE ya ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana o ‘ley mordaza’, aprobada ayer en el Congreso con los únicos votos del PP.

El PSOE rechaza la mal llamada "Ley de Seguridad Ciudadana", más conocida como Ley Mordaza.

Es una vuelta al Estado policial que instaura, además, el “Derecho Administrativo Sancionador del enemigo”.

Su objetivo es sancionar al disidente, al que protesta, al considerar que quien protesta altera, no la seguridad, sino la “tranquilidad pública”, que por otra parte es un valor sin concreción constitucional.

Esta ley:

Habilita a la policía para el ejercicio de poderes exorbitantes de inspección, retención, investigación, represión y sanción, mediante la penalización de ciertas conductas.

■ Se atribuye a la policía poderes fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales, y que adolecen de un margen enorme de discrecionalidad, lo que vulnera el artículo 24 CE (tutela judicial efectiva).

■ El derecho se emplea como instrumento para proteger y asegurar la actuación policial al margen de los controles judiciales, lo que de nuevo vulnera el artículo 24.

Supone una inversión del orden constitucional, al situar como principal objetivo de las funciones de la policía la seguridad ciudadana y no el libre ejercicio de los derechos fundamentales (artículo 104 CE).

Instaura un derecho administrativo sancionador preventivo fundado en sospechas y dirigidas a generar desaliento en el ejercicio de derechos fundamentales. En los artículos 21 -derechos de reunión y manifestación- y 18 -libertad de expresión-, el constituyente, no les puso prácticamente ninguna limitación, y desde luego ninguna gubernativa.

■ El Derecho administrativo sancionador se solapa y castiga las mismas conductas que el derecho penal, acumulando así el reproche jurídico de conductas, lo que está prohibido por el artículo 9 CE, en sus apartados 2 y 3.

Un sistema sancionador fundado en una definición abierta y ambigua de los tipos sancionadores, con la fijación de multas desproporcionadas, lo que vulnera los artículos 9.3 y 25.1 CE, principio de legalidad, tipicidad y proporcionalidad en la sanción.

■ Se desliga el sistema sancionador de la prevención o represión de la lesión o puesta en riesgo real, efectivo e inminente de la integridad física, moral, la vida o los bienes de terceros. El reproche se liga a comportamientos considerados una amenaza para el sistema.

El modelo es muy claro: se criminaliza la disidencia ideológica bajo la idea de que esa disidencia altera el orden público y la seguridad ciudadana, como en otras épocas se hizo con leyes como la Ley de Peligrosidad y rehabilitación social.

Se concatena la reforma del Código Penal con la de la Ley de Seguridad Ciudadana, se tipifican conductas delictivas y así se justifica las intervenciones y detenciones policiales para su persecución o prevención. Y además, se sancionan también administrativamente la misma conducta (a veces se sanciona más gravemente la sancionada administrativamente que la penal).

La técnica es coherente con el modelo ideológico del PP: prevenir conductas antisociales facultando a la policía para atajar, controlar, disolver e impedir reuniones, manifestaciones, actos de protesta (sentadas, acampadas, scratches), expresión de ideas y opiniones y divulgación de información que no resulte conveniente.

Frente al argumento de que hay que proteger mejor la tranquilidad de los ciudadanos y sus derechos fundamentales, conviene señalar que eso, y así lo ha dicho el TC, se logra con la persecución de conductas delictivas y la sanción, incluso administrativa, de aquellas conductas que:

■ O bien son una lesión real y efectiva de derechos fundamentales de terceros.

■ O bien esas conductas constituyen amenazas probadas, reales, efectivas e inminentes de lesión de esos derechos fundamentales, en particular vida, integridad física y moral, y su propiedad.

No hacerlo así es intolerable para un sistema democrático e infringe los principios de culpabilidad y de taxatividad del régimen sancionador, porque no es tolerable la sanción preventiva de conductas sobre las que sólo existe la sospecha de que pueden ser lesivas de derechos.

Además, se sustenta en juicios discrecionales y arbitrarios de la Administración lo que impide un efectivo control judicial de la limitación del derecho o de las consecuencias de su ejercicio.

Por si fuera poco, se instaura la culpabilidad solidaria que se extiende tanto a los que organizan y dirigen -o son sospechosos de ello para la policía-, como a quien participa sin saberlo en una actividad prohibida por una orden policial (que se emite sin control judicial y sobre indicios y sospechas).