Ciencia, tecnología e innovación

1. DÓNDE ESTAMOS

A lo largo de tres décadas, con amplio consenso, con gran esfuerzo de toda la sociedad española y con el impulso de los gobiernos socialistas, se logró desarrollar un sistema de Ciencia y Tecnología que ha alcanzado un notable nivel de calidad y reconocimiento internacional. La Ley de Economía Sostenible y la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, ambas aprobadas en 2011, marcaron un hito en ese proceso, con énfasis en la calidad, la transferencia y circulación de conocimiento y la innovación.

En los últimos años, sin embargo, el Gobierno del PP ha revertido este proceso: ha disminuido fuertemente la inversión en I+D, tanto en el sector público como en el privado, renunciando al objetivo europeo de destinar el 3% del PIB en 2020; se han limitado radicalmente las oportunidades de trabajo para nuestro personal de investigación; se ha reducido y constreñido el sector público de I+D; y se han despreciado sistemáticamente las bases de consenso y las previsiones de desarrollo de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (LCTI).

De hecho, en esta legislatura la inversión en España en I+D ha retrocedido hasta situarse en el 1,23% del PIB, alejándose respecto al máximo histórico del 1,40% que se alcanzó en 2010, y el peso de la I+D+i civil en los Presupuestos Generales del Estado ha caído prácticamente en un punto. Un nivel de inversión tan alejado de la media y los objetivos europeos, está suponiendo un atraso en la mejora de la competitividad y la necesaria modernización de nuestros sectores productivos, con especial incidencia en el industrial.

Dentro de las cifras totales sólo el 40% de la inversión española en I+D proviene de fondos privados, un porcentaje muy inferior al 55% de la media europea y muy lejos del objetivo de la UE de que la aportación privada constituya los 2/3 de la inversión en I+D.

Por otra parte, los instrumentos que catalizan la innovación y los  centros donde se replica y difunde son solo accesibles a unas pocas  grandes empresas y limitada a la especialización de los centros existentes. Ello impide que el país pueda desplegar todo su potencial en la nueva economía vinculada al conocimiento, a la innovación como factor de crecimiento y desarrollo económico.

Se ha abandonado el apoyo a la creación de parques científicos y el desarrollo de la periferia innovadora de las universidades. La supresión, en la práctica, del programa de campus de excelencia internacional ha frenado un buen número de proyectos estratégicos que pretendían contribuir al fomento de la transferencia de conocimiento y la innovación. Por otra parte, algunas de las medidas previstas por la Ley Orgánica de Universidades y una buena parte de las de la LCTI están por desarrollar.

Una consecuencia directa de esta situación es la escasa actividad española en la generación de patentes. A modo de ejemplo, en el registro de Patentes, como indicador de actividad científico-tecnológica aplicada, España únicamente aportaba un 0.33% de las patentes triádicas registradas, ocupando la posición 26, con solamente 3 patentes por millón de habitantes. La media europea era de 23,3 y la de los países de la OCDE de 33,1. En los últimos años y coincidiendo con los recortes las cifras han empeorado.

 

2. NUESTROS OBJETIVOS

La ciencia, la tecnología y la innovación son factores esenciales  para el aumento de la riqueza y del bienestar de la sociedad. Por eso, es  cada vez más importante que los gobiernos diseñen políticas adecuadas  para fomentar la producción de nuevos conocimientos y la aplicación de  éstos en el sistema productivo y los servicios públicos, sin olvidar fomentar las humanidades en la educación y reforzar la ética tanto en el sistema productivo, como en la sociedad y en la investigación.

De hecho la innovación es un factor clave para la mejora de la competitividad, a la que puede contribuir mediante la provisión de nuevos o mejorados productos o servicios y, a través de su producción, mediante procesos nuevos o mejorados, que añaden valor, incrementando la demanda o la productividad.

El alto grado de interacción entre las políticas universitaria, científico-tecnológica y de innovación hace imprescindible abordarlas desde una perspectiva integral y en estrecha articulación, pero preservando sus singularidades. Conviene en todo caso distinguir dos niveles o tipos de políticas: las políticas orientadas a fomentar y potenciar las actividades de I+D y las políticas orientadas a incentivar y potenciar la innovación.

La articulación entre ambas no ha de hacer olvidar que son políticas diferentes en cuanto a sus objetivos propios, sus instrumentos y sus tipos de actuación. Las políticas orientadas a potenciar la innovación en el sistema productivo no solo afectan a las actividades de I+D, sino a otros muchos tipos de actividad, y son mucho más complejas y polifacéticas que éstas.

Por otra parte, debemos ser conscientes de que la calidad de vida que disfrutamos en la actualidad se apoya en la Ciencia y los descubrimientos científicos. Pero no podemos olvidar que todos estos descubrimientos son solo una pequeña parte visible de muchos descubrimientos previos, realizados en algunos casos, decenas o centenares de años antes. Es imposible saber hoy qué descubrimiento puede suponer un cambio extraordinario en unos años. Por ello es fundamental el mantenimiento promover  la investigación básica. Y ello sin perjuicio del apoyo de aquellas investigaciones más directamente relacionadas con la realidad económica y local del medio circundante.

Debemos retomar la senda de la modernización hacia la nueva  economía, bajo criterios de competitividad y sostenibilidad. Esta  modernización, en torno a ese nuevo paradigma: desarrollos basados en el conocimiento, en la innovación y el emprendimiento, que solo será posible invocando la combinación efectiva de eficiencia con equidad, crecimiento verde, inclusión y protagonismo de la toda la sociedad. No basta  con apostar por grandes proyectos e instalaciones o por liderazgos  tecnológicos fuertes en la gran empresa, hablamos de una nueva cultura empresarial globalizada que se mueve allí donde aparece conocimiento e innovación.

En ese cambio, el papel de la Administración pasa por definir los elementos de una política industrial moderna e innovadora en sí misma, basada en medidas que dinamicen y acompañen a las inversiones privadas y que sean selectivas, dirigiéndose a los sectores de carácter más estratégico.

 

3. PROPUESTAS

• Promover un amplio acuerdo social y político que, partiendo del Acuerdo Parlamentario por la Ciencia suscrito en 2013, permita alcanzar el máximo consenso en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación.

• Crear el Consejo para la Ciencia y la Innovación, presidido por el Presidente del Gobierno.

• Duplicar la inversión pública en I+D+i civil, que representará al menos el 2,5% de los Presupuestos Generales del Estado al final de la legislatura, y recuperaremos como objetivo estratégico el objetivo europeo de alcanzar una inversión total del 3% del PIB. Defenderemos en las Instituciones Europeas la aplicación de la “regla de oro” a las inversiones en I+D+i.

• Promover un Plan Especial para la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico que permita, en colaboración con las comunidades autónomas, las universidades, los organismos públicos de investigación y otros centros de investigación públicos y privados, incorporar con criterios de excelencia a 10.000 investigadores en cuatro años, con especial atención a los que se encuentren en las etapas iniciales de su carrera, dotándolo de los medios y recursos necesarios para alcanzar ese objetivo.

• Fomentar la interacción y la movilidad de personal entre todos los agentes del sistema (universidades, organismos públicos de investigación y empresas e instituciones privadas), eliminando barreras normativas y procedimentales, teniendo siempre presente la función y características propias de cada uno de ellos.

• Impulsar la modificación del modelo de Agencia Estatal de Investigación; y revisar y reformar en profundidad el sistema y en particular el CSIC y demás organismos públicos que lo integran, su organización y gestión, con criterios de excelencia y atendiendo para ello a las previsiones de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y a la mejora de su calidad, eficacia, eficiencia.

• Garantizar la suficiencia y regularidad de las convocatorias de proyectos de investigación y de recursos humanos, ampliando la dotación del Fondo Nacional y uniendo a la evaluación ex ante, para la concesión de los proyectos, la rendición de cuentas ex post, de modo que el rendimiento y grado de consecución de objetivos sea una variable para la concesión de proyectos futuros.

• Revisar y simplificar los procedimientos administrativos que se siguen en materia de I+D, aligerando sustancialmente los trámites burocráticos que ha de realizar el personal investigador.

• Establecer una nueva línea de financiación competitiva, dirigida a financiar con criterios de excelencia los programas institucionales de  actividad científica, tecnológica e innovadora de las universidades y  organismos públicos de investigación.

• Poner en marcha un Plan de Reforzamiento de Sectores Prioritarios, partiendo de la valoración de la dimensión y peso internacional de las comunidades científicas en los diferentes ámbitos, de la calidad de los resultados científicos conseguidos en estos últimos años y del impacto tecnológico generado en otros sectores.

• Incentivar la participación en el programa Horizonte 2020 y el aumento del retorno hacia España.

• Impulsar un nuevo plan director de infraestructuras científicas.

• Elaborar y desarrollar un plan de difusión, comunicación y cultura científicas, en colaboración con las comunidades autónomas, municipios, universidades, organismos públicos de investigación y otras instituciones públicas o privadas, que favorezca la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.

• Estimular la colaboración pública-privada en investigación.

• Definir y establecer programas específicos de impulso de la colaboración entre universidades, organismos públicos de investigación, otros centros de investigación públicos y privados y sector productivo, con atención especial a los mecanismos de transferencia y circulación de conocimiento, entre otras medidas estableciendo y dotando una nueva generación de programas e instrumentos de apoyo a la transferencia.

• Permitir el acceso libre a propiedad intelectual de Organismos Públicos de Investigación y de Universidades que no haya sido explotado en los últimos 3 años cuando esté vinculado a iniciativas emprendedoras innovadoras generadoras de empleo.

• Crear una red de Centros de Excelencia en Innovación Industrial (CEII): una red de centros tecnológicos, inspirados en los Advanced  Manufacturing Institutes de EEUU y el Fraunhofer-Institut de Alemania.  La red de CEII estará formada por una serie de Institutos para la  Innovación Industrial en torno a los “productos y tecnologías facilitadoras” (tales  como nanotecnología, micro-nano electrónica, materiales avanzados,  fotónica, biotecnología industrial o sistemas de producción avanzados) en los que colaborarán empresas, universidades, centros de  investigación y administraciones públicas.

• Fomentar la cultura innovadora y emprendedora, incorporando el factor de impulso de la innovación y el emprendimiento desde el sistema educativo.

• Redefinir los mecanismos de protección de la propiedad intelectual, adaptándolos a la realidad y necesidades actuales y haciéndolos más atractivos tanto para quienes inventan como para la academia.

• Incorporar la valoración de la propiedad intelectual y de la actividad emprendedora, de manera real y mensurable, al currículo del alumnado universitario y del personal docente e investigador.

• Impulsar de una manera sostenida mecanismos de desintermediación financiera que acerquen el capital inversor a nuevos proyectos empresariales con fondos públicos de capital y garantías especialmente en fases tempranas, semilla y start up; racionalizando y coordinando a través de ventanillas únicas que informen de los diferentes instrumentos existentes.

• Promover la compra pública y otros instrumentos de tracción de la innovación, asegurando un marco estable de demanda pública de  bienes y servicios innovadores al que dedicaremos al menos el 3% de  las nuevas inversiones públicas.

• Establecer un sello de “producto innovador” para aquellas tecnologías desarrolladas gracias a la financiación pública de I+D y, por tanto, previamente validadas.

• Reforzar el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), otorgándole más autonomía y mayores recursos para que pueda realizar con plena eficacia las funciones previstas por la Ley de la  Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El CDTI asumirá, sin coste alguno  para las empresas, la expedición de las certificaciones tecnológicas  necesarias para obtener las deducciones fiscales por I+D.