Formación profesional integrada

1. DÓNDE ESTAMOS

La Formación Profesional en nuestro país sigue estando poco prestigiada socialmente, menos conectada con el mundo empresarial de lo que debería y todavía lejos de converger con los mejores sistemas de educación y formación de Europa.

En consonancia con esta visión nos proponemos adaptar la normativa del Estado para que en el transcurso de la próxima legislatura nuestro país pueda contar con un Sistema de Formación Profesional abierto a los cambios sociales e integrador de los actuales subsistemas de educación y de empleo. Estamos convencidos de que avanzar en el proceso de construcción europea de una formación profesional de calidad es la mejor respuesta que podemos dar a la crisis económica actual y, sobre todo, a la creación de empleo.

El número de titulados y tituladas en FP en España es claramente insuficiente. Según los datos aportados por el Mapa de la oferta de Formación Profesional en España (2011), el número asciende a 4.664.859 (FPI+GM+FPII+GS), lo que representa un 24,6% de la fuerza productiva necesaria para el año 2010, y un 22,97% de la fuerza productiva necesaria para el año 2020. Este problema continuará si no se pone solución a la escasez de plazas y alumnado de Formación Profesional de Grado Medio.

Los procesos de acreditación de competencias adquiridas en el entorno laboral deben de ser otra apuesta básica en el cambio de modelo productivo. Los modelos de acreditación deben de ser homogéneos, públicos y de oferta obligada para todo el Estado, para evitar discriminaciones entre quienes trabajan por el hecho de vivir en una autonomía determinada. Su gestión debe de ser autonómica en función de las especialidades y con un reparto adecuado a sus necesidades y posibilidades siendo, en cualquier caso, una función con garantía pública, con una planificación, coordinación y dirección de la Administración General del Estado, quien podrá aportar, en su caso, compensación económica a la comunidad gestora si superara el reparto autonómico equilibrado.

Respecto a la coordinación entre las enseñanzas para obtención de Títulos de FP y las de Certificados de Profesionalidad, debe de hacerse una revisión profunda que no requiere cambios en la Ley de las cualificaciones, sino en los desarrollos de la misma efectuados por la Administración General del Estado, con el objetivo de mejorar las enseñanzas que permiten la obtención de dichos Certificados, facilitar la integración de los centros y entidades que los imparten y los centros de formación profesional, así como de las titulaciones adecuadas del profesorado para impartirlos, para garantizar la coherencia y validez del sistema.

El Partido Popular en lugar de mejorar el sistema ha creado nuevos problemas que agravan los anteriores y provocan un empeoramiento generalizado del sistema educativo.

El principal problema de la Formación Profesional era la alta demanda de nuevas plazas en todos los territorios del Estado. En lugar de atender a este problema el PP creó dos nuevos: la Formación Profesional Básica y la Formación Profesional Dual.

El empeño del PP en crear una Formación Profesional Básica que nadie necesitaba ha provocado la segregación temprana de miles de estudiantes, les ha impedido obtener el título de Graduado en Educación Secundaria a las primeras promociones y ha endeudado a las administraciones públicas obligándolas a financiar todo el coste de implantación de estas enseñanzas con cargo al Fondo Social Europeo o bien a cargo de sus propios presupuestos. Todo ello para que, con los datos conocidos, asistan a esta enseñanza menos alumnado del que asistía a los Programas de Cualificación Profesional Inicial.

Otro tanto ha ocurrido con la torpemente llamada Formación Profesional Dual (una mala imitación del modelo alemán que no cumple ninguna de sus características) una modalidad de Formación Profesional que, en el mejor de los casos llegará al 5% de todo el alumnado, pero que ha sido presentada como una alternativa a la Formación Profesional actual y cuya implantación en todo el territorio ha sido muy desigual.

Lo cierto es que todo aquello que podría haber contribuido a la mejora de la formación profesional, el aumento de plazas, la integración de la formación para el empleo y la formación dentro del sistema educativo, el reconocimiento de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral, o el desarrollo del Proceso de Copenhague, ha quedado por hacer. Por ello, debemos promover un acuerdo con las Comunidades Autónomas, para desarrollar un programa que permita a las personas adultas un desarrollo adecuado para su formación integral.

 

2. NUESTROS OBJETIVOS

Uno de los principales desafíos que tenemos como país es conseguir que la FP tenga el reconocimiento que se merece por parte del conjunto de la sociedad y, especialmente, por las empresas. Ello ayudaría a mejorar la empleabilidad de toda la población así como su capacidad para emprender proyectos empresariales, iniciativas sociales y desenvolverse en el trabajo autónomo. Por todo ello, nuestro compromiso es prestigiar y dignificar al máximo todas las enseñanzas profesionales, reconociendo su condición imprescindible para el buen funcionamiento de la sociedad, dándoles valor social y personal.

Por ello debemos ampliar el número de plazas y perfiles para que las personas que lo deseen puedan acceder a las enseñanzas de formación profesional y certificados de profesionalidad y mejorar las actuales tasas de titulación.

Impulsar una Formación Profesional que prepare al alumnado de forma integral y le permita acceder con éxito al mercado laboral o conectar con el resto de niveles educativos.

Adaptar el Sistema Integrado de Formación Profesional a las necesidades del nuevo modelo productivo primando los sectores emergentes y actualizando la oferta de títulos en los sectores productivos tradicionales. Entre otras, daremos especial importancia a todas las enseñanzas dirigidas a las ciencias medioambientales, energías alternativas, tecnologías de la información y la comunicación, ciencias de la salud y atención a la dependencia.

Mejorar el actual procedimiento de reconocimiento y acreditación de competencias adquiridas en el puesto de trabajo, valorando significativamente el tiempo trabajado en el sector para el que se solicita la acreditación.

Facilitar la transición desde la formación al empleo mediante la colaboración de los servicios públicos de orientación e intermediación laboral con las empresas, con los organismos públicos y con las organizaciones empresariales, sin que ello suponga la sustitución de un puesto de trabajo estable.

Definir un modelo de orientación profesional y laboral que permita a todas las personas conocer las posibilidades que ofrece el mercado laboral y definir su propia carrera profesional.

 

3. PROPUESTAS

• Modificar la actual Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional para consolidar un Sistema Integrado de Formación Profesional que permita la obtención tanto de títulos de Formación Profesional como de Certificados de Profesionalidad, así como para mejorar la conexión de los distintos grados, dando respuesta a las especificidades del medio rural.
• Incentivar la oferta pública de plazas que responda a las necesidades derivadas del nuevo modelo de crecimiento inteligente, sostenible y cohesionado.
• Definir un nuevo modelo de financiación de todas las enseñanzas profesionalizadoras que permita atender la demanda en las condiciones de calidad exigibles.
• Incentivar la contratación de las personas que tengan títulos oficiales de Formación Profesional o Certificados de Profesional, así como la contratación de personas que estén dispuestas a formarse mientras trabajan.
• Impulsar la incorporación de España al proceso de convergencia europea en Formación Profesional (Proceso de Copenhague) y facilitar la movilidad transnacional del profesorado y alumnado de Formación Profesional.
• Promover la ampliación y la renovación de los Centros Integrados de Formación Profesional incorporando a esta red los actuales centros de Referencia Nacional. Además, y al objeto de reforzar la complementariedad y se contribuya así a potenciar la relación entre la formación profesional y el mundo universitario, se promoverá, con las administraciones autonómicas competentes, la posibilidad de que Centros Integrados de Formación Profesional establezcan acuerdos de colaboración con las universidades para rentabilizar los medios materiales pero manteniendo siempre la relación administrativa actual.
• Definir un modelo de formación en alternancia que permita una adecuada formación en los centros de trabajo sin que esto suponga un deterioro de la formación en los centros educativos.
• Promover en colaboración con todas las empresas y con las administraciones públicas un plan de formación específico de todo el profesorado, que permita la actualización de sus competencias, el dominio de las nuevas herramientas profesionales y el desenvolvimiento eficaz en los nuevos entornos productivos. Otorgar especial atención al profesorado que se incorpore a nuevas titulaciones, y a las personas que asuman en las empresas la responsabilidad de colaborar en la formación del alumnado como monitores.y monitoras
• Promover la posibilidad de crear una educación de adultos de modalidad no presencial a través de las nuevas tecnologías que permitan alcanzar la formación mínima necesaria para acceder al mundo laboral.
• Incorporar, progresivamente, a todas las enseñanzas profesionales un segundo idioma extranjero para facilitar la internacionalización de las empresas y para evitar que el desconocimiento de idiomas se convierta en un obstáculo para acceder a más oportunidades laborales.