Universidades

  1. DÓNDE ESTAMOS

El sistema universitario público ha mantenido durante décadas un ritmo de crecimiento tanto en alumnado como en profesorado y en titulaciones muy superior al resto de los países de nuestro entorno. A partir de los 80, y en solo tres décadas, la Universidad española pasó de ser una institución al alcance de unos pocos a abrir el camino de la educación superior a todas aquellas personas con capacidad y voluntad de seguir estudios universitarios. España logró así incorporarse al grupo de países europeos con una proporción mayor de estudiantes universitarios, recuperando un retraso histórico, si bien el sistema de becas seguía aún distante de alcanzar, por el porcentaje del PIB dedicado a él, la media europea.

Este crecimiento continuado dio sus frutos y, como recoge el Informe español sobre los objetivos europeos 2020 de educación y formación (2013), en 2010 España ya había logrado alcanzar el objetivo previsto en cuanto a porcentaje de titulados superiores en el grupo de edad entre 30 y 34 años.

Desgraciadamente esta situación se ha interrumpido bruscamente en la última legislatura, hasta el punto de que miles de personas han tenido que abandonar sus estudios o no han podido acceder a ellos. Esta situación contrasta con el enorme aumento de las universidades privadas.

A la disminución del número de personas en las aulas habría que sumar el grave deterioro en las condiciones del profesorado y de los equipos de investigación como consecuencia de los recortes en la inversión y la imposición de una tasa de reposición cero totalmente injustificada.  Esta falta de oportunidades para nuestra juventud, para quienes investigan, para quienes se dedican a la docencia universitaria, ha frustrado las carreras investigadoras de miles de personas y provocado la salida del país de muchas de ellas, con el consecuente envejecimiento de las plantillas de la universidad e impidiendo el necesario relevo generacional, lo que de no subsanarse afectará gravemente a nuestro sistema universitario público.

Así lo muestran numerosos estudios, entre ellos la encuesta sobre investigación y transferencia de conocimiento de las universidades españolas elaborada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) a través de las redes OTRI y UGI. Según este informe, presentado recientemente, la financiación para la investigación competitiva se redujo un 30% en los años 2012 y 2013. La CRUE ha denunciado asimismo la pérdida de más de 5.000 profesores y profesoras desde 2011 hasta 2014.

Con el PP en el Gobierno hemos asistido a un debilitamiento de la articulación y equidad del sistema universitario español; con la mayor subida de tasas de la historia, incrementando las diferencias entre Comunidades Autónomas; sin un modelo marco de financiación que garantice la suficiencia financiera de las universidades en todos los territorios; y con el radical endurecimiento de los requisitos de las becas y una reducción drástica de sus cuantías, lo que ha supuesto un enorme retroceso para la igualdad de oportunidades.

Uno de los capítulos más recientes de la quiebra del sistema universitario ha sido la reforma por decreto de los títulos universitarios, que de aplicarse devaluará los títulos de grado, obligará al alumnado a pagar más por la misma formación y hará posible que una misma titulación tenga duraciones diferentes entre universidades.

Esta situación supone una grave amenaza para las universidades públicas que es necesario afrontar con eficacia y determinación. Hay que poner fin a una política universitaria que está quebrando el sistema público e hipotecando el futuro de nuestro país. Es evidente que en una sociedad basada en el conocimiento las universidades están llamadas a ser un motor por el desarrollo inteligente y sostenible.

 

  1. NUESTROS OBJETIVOS

Debemos construir una política universitaria que renueve y fortalezca nuestras instituciones de educación superior y las dote de un mayor autogobierno para que puedan cumplir con mayor eficacia la alta misión que la sociedad les ha encomendado: la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura; la preparación para el ejercicio de actividades profesionales; la difusión, valorización y transferencia del conocimiento; y la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

Esa política ha de construirse desde el consenso social, académico y político, el mismo consenso que hizo posible tanto la modificación de la Ley Orgánica de Universidades (2007) como la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (2011).

Nuestro principal objetivo será volver a ese consenso para, a partir de él, recuperar unas universidades públicas que vuelvan a ser accesibles a todo el mundo, en las que únicamente la voluntad y la capacidad de cada cual marquen los límites, y no sus condiciones socioeconómicas o su lugar de residencia. Unas instituciones que generen conocimiento científico y cultural  y sean, a la vez, un agente activo en la transferencia de ese conocimiento  a la sociedad y su beneficio para el desarrollo, la economía y la innovación en nuestro país.

Unas universidades más emprendedoras e innovadoras serán también los espacios idóneos para el fomento del espíritu innovador y emprendedor de su alumnado, del futuro profesional de nuestro país. Para ello necesitamos instituciones más autónomas, comprometidas y socialmente responsables. Urge dotar a las universidades públicas de un modelo de financiación transparente que garantice la suficiencia, promueva la eficacia y la eficiencia, y asegure la equidad.

Al tiempo de promover la mejora sobre la financiación, impulsaremos la mejora de la transparencia institucional, mediante el cumplimiento efectivo del acuerdo de implantación generalizada de sistemas de contabilidad de costes, distribuir los fondos en función del rendimiento y resultados y el avance en los sistemas de información para tomar decisiones.

Un nuevo gobierno socialista garantizará la mejora de la calidad y la internacionalización del sistema universitario, estableciendo nuevos mecanismos y asegurando el eficaz funcionamiento de los existentes. La ordenación de las enseñanzas universitarias se realizará teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de las actuales titulaciones y preservando la cohesión y consistencia del sistema universitario, así como su proyección internacional. Uno de nuestros objetivos primordiales debe ser el desarrollo de programas que permitan, además de la internacionalización de las universidades españolas, el retorno de nuestros licenciados, de nuestras licenciadas, integrándolos en los grupos de investigación y docencia de las universidades, donde puedan aportar su experiencia y conocimiento conseguidos dentro y fuera de nuestras fronteras durante estos años.

Finalmente, es importante diseñar y desarrollar un modelo de carrera profesional para el personal docente e investigador y para el personal de apoyo especializado a la investigación (técnico y de gestión) que  favorezca y promueva la superación continua de sus capacidades y competencias, con las garantías necesarias de reconocimiento y acreditación institucional en todo el Estado e incorporando nuevos mecanismos de movilidad nacional e internacional. Uno de nuestros objetivos primordiales ha de ser el retorno de nuestra juventud investigadora, integrándola en los grupos de investigación y docencia de las universidades, donde puedan aportar su experiencia y conocimiento conseguidos dentro y fuera de nuestras fronteras durante estos años.

 

  1. PROPUESTAS

  • Establecer el diálogo con las universidades como mecanismo esencial para la definición de la política universitaria. Las medidas y reformas estarán sustentadas en diagnósticos y objetivos compartidos, y contaremos para su formulación con la participación de personas expertas nacionales e internacionales independientes.
  • Paralizar el conjunto de decisiones y reformas impuestas por el Gobierno que han carecido del acuerdo, la participación y el riguroso diagnóstico para su definición e implantación, entre ellas las referidas a creación y reconocimiento de universidades; homologación de títulos; acreditación; y ordenación de las enseñanzas. Derogaremos el Real Decreto que establece el conocido como modelo 3+2, que ha modificado la duración de grado y master afectando a la coherencia del sistema y a la igualdad de oportunidades.
  • Promover, en el marco del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria, un Plan Especial de Actuaciones para la reparación de los efectos del límite de la tasa de reposición, garantizando la necesaria financiación.
  • Revisar el marco normativo vigente con el objetivo de aumentar la capacidad de las universidades a la hora de establecer y desarrollar sus propias estructuras, organización y gobernanza, de manera que puedan mejorar su eficacia, eficiencia, flexibilidad institucional, capacidad de adaptación y competitividad internacional, profundizando en la autonomía reconocida por la Constitución.  
  • Promover, en el seno del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria, la realización de auditorías de calidad del sistema universitario, con la participación de personas expertas independientes e instituciones especializadas independientes, nacionales e internacionales. Las auditorías incluirán un estudio detallado de la oferta por titulaciones y un análisis prospectivo de inserción laboral de las mismas.
  • Realizar un seguimiento sistemático del cumplimiento estricto por las universidades de las condiciones de creación o reconocimiento, así como de los requisitos específicos legalmente establecidos en materia de profesorado, en particular,a las Universidades Privadas.
  • Adoptar las medidas precisas para una aplicación plena, ágil y eficaz de la acreditación de títulos, incorporando como elemento sustantivo de los procesos de acreditación los resultados formativos logrados por las instituciones.
  • Definir un nuevo modelo de financiación de las universidades públicas que sea transparente, que garantice la suficiencia de recursos, la eficacia y la eficiencia, que asegure la equidad y genere estímulos consistentes para la mejora de los resultados y de la calidad. Para ello y en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades, promoveremos un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula que tenga en cuenta los niveles de renta de la unidad familiar a la que pertenezca cada estudiante y permita mantener un marco coherente en el conjunto del Estado asegurando así la igualdad de oportunidades. En tanto este nuevo marco no sea aprobado, eliminaremos el modelo de precios públicos fijado por el RDL 14/2012, de 20 de abril, de modo que por las Comunidades Autónomas puedan recuperar con carácter inmediato los niveles de precios públicos de 2011.
  • Establecer el carácter de las becas como un derecho subjetivo de todas las personas que manifiesten objetivamente la necesidad de la ayuda, exigiendo los mismos requisitos académicos que rigen para cualquier estudiante universitario. Se tendrán en cuenta las situaciones socioeconómicas, territoriales y de insularidad.
  • Promover un programa de ayudas para personas tituladas universitarias en situación de desempleo para que puedan pagar la matrícula de master en universidades públicas, con el objetivo de mejorar su cualificación y facilitar su incorporación al mercado laboral. Además, para las familias más necesitadas, se implementará un programa de becas salario, y la posibilidad de otras ayudas complementarias.
  • Impulsar un programa específico para recuperar al alumnado que haya tenido que abandonar sus estudios universitarios por motivo de los cambios legislativos injustos o cambios sobre sus condiciones socioeconómicas desde el inicio de la crisis.
  • Aumentar los recursos destinados a garantizar la igualdad de oportunidades en la participación en programas de movilidad internacional y doble titulación para el Programa Erasmus y estableciendo nuevos tipos de ayudas dirigidas a favorecer la movilidad del alumnado en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, tanto en los estudios de Grado como en los de Master y Doctorado.
  • Presentar, en el primer año, una propuesta del Estatuto del PDI previsto por la Ley Orgánica de Universidades, que contemple el marco normativo que regule las condiciones de trabajo y la carrera profesional del Personal Docente e Investigador de las Universidades públicas,para que pueda ser debatida y consensuada con las comunidades autónomas, las universidades, organizaciones sindicales y profesionales  e instituciones implicadas.
  • Revisar, en este nuevo marco legal, el conjunto de procedimientos relacionados con los procesos de acreditación del profesorado y su recertificación, con el objetivo de reducir sustancialmente aquellos aspectos más burocráticos para los profesores y profesoras, generando procesos más transparentes y ágiles, sin afectar a su rigor ni garantías.
  • Promover la constitución de una Comisión Mixta Conferencia General de Política Universitaria – Consejo de Universidades para que, contando con el Consejo Estudiantil Universitario del Estado y con la participación de los agentes sociales, profesionales, personas expertas y otras instituciones interesadas, identifique objetivos estratégicos en materia de PDI, las líneas de acción precisas para alcanzarlos y los criterios para su evaluación, con el fin de dar respuesta a las necesidades del sistema universitario español con el horizonte 2025.
  • Reforzar el papel de los órganos consultivos, de cooperación y concertación del sistema universitario, devolviéndolos a la normalidad en el cumplimiento de las funciones que legalmente tienen establecidas.
  • Impulsar, contando con las comunidades autónomas y con la colaboración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y demás universidades, un programa para la mejora de la calidad, extensión y refuerzo de campus virtuales, fomentando la cooperación entre universidades, la innovación tecnológica y metodológica, la generación de contenidos y la formación del profesorado y del personal de administración y servicios, con las necesarias garantías de calidad y con los recursos adecuados.
  • Promover el compromiso de las universidades con la mejora de la cualificación y el empleo de los titulados a lo largo de toda su vida laboral, incluyendo entre otras medidas su progresiva especialización, el establecimiento de mecanismos de vinculación con el tejido social y productivo de su entorno y la creación de sistemas de formación específicos.
  • Dar el protagonismo de la internacionalización a las universidades, con el objetivo de atraer estudiantes, personal investigador y docente que mejore el sistema universitario español, y que además  contarán con el respaldo de las representaciones diplomáticas de España y con planes regionales específicos, con particular atención a los ámbitos europeo,  iberoamericano, mediterráneo y de la iberofonía.
  • Desarrollar plena y efectivamente las funciones previstas por la Ley Orgánica de Universidades para la Fundación Universidades y la posterior incorporación en el Organismo Autónomo SEPIE.
  • Recuperar el programa Séneca de intercambio de alumnado entre las diferentes universidades españolas.