Una economía al servicio del bienestar de toda la ciudadanía

Crear empleo estable, dignamente retribuido, es el objetivo que orienta todo el programa económico socialista. Como prueba de que salimos de la crisis y no solo de la recesión, como demostración de nuestra voluntad de cambio al servicio de toda la ciudadanía.

Los y las socialistas queremos preparar a España para superar los retos y aprovechar las oportunidades del siglo XXI en beneficio de toda la ciudadanía. Esto implica, en el ámbito económico, apostar por una economía eficiente y competitiva, creadora de empleo, que no desconozca el marco transnacional en el que se desenvuelve, con un sistema energético limpio, que genere una prosperidad que beneficie de forma incluyente a todos, que implique una disminución de las desigualdades. Actuaremos en el corto plazo pensando en la España que queremos para el medio y el largo plazo, apostando por la digitalización de los sectores productivos de la economía, la transición energética, la innovación y el desarrollo, las políticas que incrementen la cohesión social y la transformación sostenible de nuestra sociedad como vectores de prosperidad, productividad y empleo, a medio plazo.

Superar la crisis económica exige maximizar el crecimiento económico mediante la mejora de la productividad de nuestra economía pero garantizando también una redistribución de los frutos de ese crecimiento que reduzca las desigualdades. Se trata de garantizar que no sólo cumplimos con los requisitos impuestos desde Europa (reducción del déficit, fundamentalmente) sino también que el crecimiento económico generado se dirija, de forma prioritaria, a reducir la desigualdad.

La economía española está superando la mayor recesión de su reciente historia democrática. La está superando, en gran medida, gracias a un contexto favorable, ajeno a las decisiones de política económica nacional, en el que destacan una caída espectacular de los precios del petróleo y una importante intervención del Banco Central Europeo en los mercados de deuda. Pero ni la continuidad de la recuperación está asegurada, ni hemos resuelto los muchos desperfectos sociales sufridos como consecuencia de las políticas conservadoras aplicadas durante estos años. El modelo impuesto de devaluación salarial no es sostenible en el tiempo ya que perjudica la reactivación del consumo de las familias, pone en riesgo la financiación de las pensiones públicas, al reducir las bases de los cotizantes y, además, agudiza peligrosamente las diferencias amenazando la cohesión social nacional. Necesitamos un cambio en el rumbo de la política económica que no solo tenga como objetivo conseguir un mayor crecimiento estable sino un mejor reparto social de los frutos del mismo. Necesitamos reorientar nuestro tradicional modelo de crecimiento hacia premisas de mayor eficiencia en el uso y consumo de recursos.

Todo ello, teniendo en cuenta las nuevas realidades a las que nos enfrentamos como país, después de que el mundo haya sufrido una gran crisis financiera internacional propiciada por los principios neoliberales de estado mínimo y no intervención en los mercados globales. Nuevas realidades como las derivadas de los cambios económicos y políticos experimentados tras la internalización del capital como factor productivo.

• Hoy, una cuarta parte del PIB mundial está generada ya por actividad internacional, bien a través de filiales en el extranjero de alguna multinacional o bien a través de la exportación, y la previsión es que el comercio mundial se multiplique por dos o tres en términos reales en los próximos veinte años.

• En las últimas tres décadas el comercio mundial se ha multiplicado por diez, pero el stock de inversiones directas extranjeras por más de 40. Las empresas ya no se limitan a exportar, sino que invierten en el extranjero, compran empresas o establecen nuevos centros de producción. Además crean Cadenas de Valor Global, es decir ‘descomponen’ un único proceso de producción (ejemplo un coche) en varios subprocesos (ejemplo I+D, producción del circuito eléctrico, del motor etc. ensamblaje final...), que se desarrollan en distintos países y que generan tráfico de productos y servicios intermedios entre las distintas ubicaciones. Hoy casi el 60% del comercio mundial está integrado en cadenas de valor global (CVG), controladas generalmente por alguna multinacional.

Hoy casi el 60% del comercio mundial está integrado en cadenas de valor global (CVG), controladas generalmente por alguna multinacional.

La globalización y la tecnología están acelerando el ritmo al que las economías menos avanzadas se acercan al nivel de desarrollo alcanzado en otras partes de mundo. Fruto de estas dos grandes megatendencias, el desarrollo y la riqueza ya no están tan concentrados en un puñado de países occidentales y los países emergentes están asumiendo cada vez más protagonismo en la economía y la política mundial. Este cambio trae consigo mucho más que un simple movimiento geográfico: es una verdadera revolución para nuestra forma de hacer negocios y gestionar empresas.

Además, la extrema movilidad que produce la globalización implica una extrema competencia, que reduce drásticamente la capacidad de actuar de los Gobiernos en muchos ámbitos. El resultado es una carrera hacia abajo en muchas áreas, desde condiciones laborales hasta fiscalidad, incrementando la desigualdad por la vía de un menor peso en la renta nacional de los asalariados y en unas mayores dificultades para hacer sostenible el Estado de bienestar. Ahí nace la desigualdad del siglo XXI.

La globalización y la tecnología están acelerando el ritmo al que las economías menos avanzadas se acercan al nivel de desarrollo alcanzado en otras partes de mundo. Fruto de estas dos grandes megatendencias, el desarrollo y la riqueza ya no están tan concentrados en un puñado de países occidentales y los países emergentes están asumiendo cada vez más protagonismo en la economía y la política mundial. Este cambio trae consigo mucho más que un simple movimiento geográfico: es una verdadera revolución para nuestra forma de hacer negocios y gestionar empresas.

Además, la extrema movilidad que produce la globalización implica una extrema competencia, que reduce drásticamente la capacidad de actuar de los Gobiernos en muchos ámbitos. El resultado es una carrera hacia abajo en muchas áreas, desde condiciones laborales hasta fiscalidad, incrementando la desigualdad por la vía de un menor peso en la renta nacional de las personas asalariadas y en unas mayores dificultades para hacer sostenible el Estado de Bienestar. Ahí nace la desigualdad del siglo XXI.

• Es decir, el aumento de la competencia y del tamaño del mercado tiene como consecuencia el aumento de la desigualdad salarial, en la que los trabajos poco cualificados son los grandes perdedores.

• Estudios rigurosos muestran que el factor educación (años de escolarización) explicaría por sí solo el 80% del diferencial de renta per cápita entre España y los países más avanzados de la OCDE. Por eso, a medio plazo el aumento del crecimiento potencial de nuestra economía y la reducción de la desigualdad van íntimamente ligados a la mejora del nivel educativo y formativo de nuestro capital humano, para adaptarse a los retos de un mundo globalizado. Este es sin duda uno de los grandes desafíos de nuestro país.

España está bien situada para ganarse un lugar en el tablero global de las próximas décadas. Es el quinto país en el mundo por su grado de internacionalización, con una exposición al exterior (suma de comercio exterior e inversión directa) del 166% del PIB, similar a la de Alemania y superior a la de Francia. Y, además, presenta una dinámica positiva y un buen equilibrio entre exportación, recepción y emisión de inversiones.

Nuestras grandes empresas del Ibex 35 están internacionalizadas y ya facturan más dinero fuera que dentro de España. Pero el fenómeno se ha extendido también a las pymes españolas que se están internacionalizando y presentan un dinamismo relevante, sobre todo en el sector servicios.

Los gobiernos nacionales no pueden hacer política económica hoy en día sin tener en cuenta estas realidades cambiantes y su impacto sobre la ciudadanía. La dinámica de la globalización altera las relaciones entre mercados internacionales, gobiernos nacionales y democracia, de manera antes impensables. Nuestra pertenencia a la UE, que sigue siendo el intento más serio de unidad política supranacional, nos permite enmarcar la lógica de la globalización bajo el paraguas de unas estructuras comunitarias, imperfectas, pero que pueden sernos de ayuda frente a los desafíos de los mercados internacionales, como vimos cuando el rescate a que fuimos sometidos en 2012 como consecuencia de la falta de confianza en una parte de nuestro sistema financiero. Cuando teníamos cerradas todas las fuentes de financiación externas, lo que nos llevó a una severa sequía de créditos que agudizó la crisis interna, el rescate de nuestras entidades bancarias encabezado por el Banco Central Europeo significó un punto de inflexión positivo.

Todas estas nuevas realidades existentes imponen una dinámica política, tanto en los ámbitos supranacionales, como en cada uno de los países, diferente a la existente hace unas décadas. Con ello no se invalida la acción política nacional. Pero los condicionantes de lo posible se han visto alterados. E ignorar esta realidad, no es una opción sensata. Ahora, para conseguir los mismos objetivos, tenemos que aplicar otras soluciones, como las que proponemos los y las socialistas en este programa, un programa reformista que persigue impulsar aquellas transformaciones que impulsan la productividad, generan cohesión social y reducen privilegios. En definitiva, que reduzcan la desigualdad.

Reducir la desigualdad es una reforma estructural necesaria para poder crecer y hacerlo de forma sostenible. Para ello necesitamos que la productividad de nuestra maquinaria económica sea máxima, en un contexto de competitividad mundial y de respeto al equilibrio ecológico. Y, para conseguirlo, impulsaremos todas las reformas estructurales que permitan que nuestro aparato productivo funcione al máximo, aprovechando todas las oportunidades abiertas por las nuevas tecnologías, creando empleo estable y de calidad y, sin contradecir los objetivos adquiridos en la lucha contra el cambio climático. Pero no queremos solo mejorar la competitividad de nuestra economía, sino también poner en marcha políticas sociales específicas que acorten los plazos de salida de la pobreza o reduzcan las distancias sociales no justificadas. Necesitamos crecer para repartir. Queremos incrementar la riqueza nacional -en un contexto muy diferente al existente antes de la crisis vivida- pero, a la vez, poner en marcha mecanismos activos que ayuden a distribuir los frutos de ese crecimiento de una manera equitativa de acuerdo con una concepción justa de la sociedad.

La distribución de la renta disponible en España, ha sufrido un empeoramiento durante la crisis muy superior al de la media de la OCDE. Si en 2003 la renta del 20% más rico era de 5,7 veces la renta del 20% más pobre, ahora esa cifra ha subido hasta 8,4 veces, lo que supone más de un 47% de incremento. No sólo ha empeorado la distribución de la renta sino que se ha producido una cierta polarización social: la distancia entre las personas más ricas y las más pobres ha aumentado mucho más que la desigualdad total.

Una parte del aumento de la desigualdad obedece a causas estructurales mientras que otra parte es coyuntural y está vinculada a la gestión nacional de la actual crisis.

Esto quiere decir que el fenómeno de aumento de la desigualdad en España no se resuelve automáticamente con la salida de la crisis, no hay una sola manera de salir de la crisis. Luchar contra la desigualdad requiere políticas específicas como las que hemos aplicado los y las socialistas en otros momentos de nuestra historia reciente y que se desprenden de nuestro ideario político tradicional. Por eso defendemos una salida de la crisis que, sin olvidar la necesaria preocupación por el equilibrio presupuestario y la competitividad de nuestra economía, no se olvide de las personas y que tenga también en la agenda la eliminación de las desigualdades.

Una alternativa económica socialdemócrata de futuro para nuestro país exige tener en cuenta que luchar contra la desigualdad, regenerar las instituciones y acabar con los privilegios, apoyar a las empresas y el crecimiento económico, son elementos que se retroalimentan y se necesitan mutuamente. Se trata de poner la igualad y la decencia a trabajar, de entender que los objetivos de redistribución de la renta, de transparencia, la participación democrática, y acabar con la utilización de las instituciones por el partido que apoya al Gobierno, no son un lujo, sino que es la base sobre la que construir ese desarrollo al que aspiramos en España. En realidad, ello implica: más ingresos públicos, un gasto público más eficiente, una mayor competencia en los mercados y una mayor productividad.

Lograr una economía realmente competitiva, de alta productividad e inclusiva requiere proponer un marco institucional que favorezca la participación de los individuos en la creación de riqueza económica, sin espacios de privilegios. Una economía más inclusiva debe remover los obstáculos al dinamismo, que han caracterizado durante décadas a la estructura económica española, para permitir el acceso a la riqueza de una mayoría de la ciudadanía y empresas, y de esta forma poder desplegar todo el potencial creativo y dinámico.

La economía española no puede desconocer tampoco los aspectos medioambientales. Un Planeta que tendrá 9.000 millones de habitantes en 2050 requiere basar su prosperidad –incluso su supervivencia- en un modelo económico mucho más eficiente en el uso de sus recursos, mucho más prudente en la generación de externalidades negativas para el entorno.

La premisa de un ¨mejor crecimiento y un mejor clima¨ orienta una recuperación económica sostenida en el tiempo constituyendo una vía clara de generación de prosperidad y empleo. No puede concebirse una reducción de emisiones de CO2 que no venga acompañada de creación de empleo, de eficiencia energética o de mejoras en la habitabilidad de las ciudades y en la salud de sus conciudadanos y conciudadanas. Es un proceso con gran potencial para generar beneficios, estabilizar nuestras cuentas e invertir en nuestro futuro. Pero requiere realinear políticas, diseñar estrategias de apoyo para los sectores más vulnerables y facilitar procesos de decisión en el corto plazo que sean coherentes con las necesidades del largo plazo.

La ciudadanía del siglo XXI, el más global de todos, debe estar preocupada por el trato que se da a cada uno de los habitantes de la tierra, desde la convicción de que existe una responsabilidad individual para esforzarse en aprovechar las oportunidades existentes para llevar a cabo los diferentes proyectos de vida personal, pero también de que existe una obligación social para eliminar obstáculos y facilitar la igualdad inicial de oportunidades para que cada uno pueda hacerlo en las condiciones más equitativas posibles.

Sólo mejorar la productividad de forma sostenible para repartir mejor reduciendo las desigualdades representará una verdadera salida para todos de la crisis económica. Y eso exige un cambio en la política económica y de reformas, en la línea de lo comprometido en este programa.

1. Crear empleo estable, dignamente retribuido.

2. Cambiar el modelo productivo, para ser competitivos por valor añadido y talento, en vez de por salarios bajos.

3. Mejorar la capacitación de los ciudadanos y ciudadanas para afrontar los retos de la economía del siglo XXI, a través de reformas en el sistema educativo y formativo.

4. Distribuir los frutos del crecimiento para que no se beneficien solo unos pocos, entre otras medidas a través de una reforma del sistema fiscal progresiva, mientras combatimos la creciente desigualdad social mediante una subida del SMI y un plan de choque contra la probreza, creando el Ingreso Mínimo Vital.

5. Incrementar los recursos dirigidos a la I+D+i creando un auténtico sistema nacional de investigación e innovación, al tiempo que impulsamos la sociedad del conocimiento mediante la plena digitalización de la economía.
6. Propiciar una transición energética hacia una economía verde, sostenible y generadora de empleo.
7. Sanear nuestras cuentas públicas, para sacar a España del procedimiento de Déficit Excesivo a través de una reforma fiscal y el control de la eficiencia en el gasto público.
8. Incrementar el tamaño medio de nuestras empresas para mejorar su empleo, su productividad y su capacidad de internacionalización.
9. Reescribir las reglas de juego para reforzar la competencia empresarial, la buena gestión de las empresas y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios.
10. Actualizar el marco de relaciones laborales a través de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, recuperar la negociación colectiva y el valor del pacto social.