El marco institucional: instituciones y organismos públicos inclusivos

El papel del sector público es fundamental en nuestra economía. En España representa alrededor del 40% de la economía, siendo además un importante factor de dinamización para el resto de la misma. Por eso debe mejorar su actuación para convertirse en un sector de referencia en prácticas de transparencia, garante de la inclusión social y promotor de la sostenibilidad como principio necesario para garantizar el futuro.

Los socialistas creemos que es necesario que las instituciones públicas sean proveedores de servicios eficientes y transparentes. Precisamente por ello abogamos por incorporar principios de buen gobierno público, especialmente en el sector público empresarial (organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales) y fundacional, como medida necesaria para luchar contra la corrupción y las malas prácticas.

Para impulsar el gobierno corporativo público proponemos:

• Garantizar que las entidades públicas tienen en cuenta en sus contratos todos los criterios relacionados con la compra pública innovadora, sostenible, discapacidad, igualdad, etc.

• Elevar el nivel de transparencia y de la información pública que publican las entidades públicas, que debe ser homogénea y comparable para permitir la rendición de cuentas.

• Elaborar códigos éticos internos, formación y seguimiento del cumplimiento: que proporcionen una orientación clara y detallada sobre la conducta que se espera de todos los empleados así como programas de cumplimiento. Tendrán especial relevancia los procesos de compra, inversión. En particular aquellos habilitados para la denuncia confidencial por parte de los empleados que detecten alguna conducta no ética o ilegal.

• Someter de manera regular a auditorías externas, independientemente de la labor que realiza la IGAE, como sistema de control adicional. También habría que reforzar los medios y mecanismos de control de la IGAE.
• Establecer techos de endeudamiento y otros ratios para entidades públicas no sometidas a la disciplina de mercado que garanticen la viabilidad económica del ente. Debemos evitar que se abuse de las condiciones específicas de las que disfrutan los entes públicos, que a diferencia del sector privado, no se enfrentan a los dos principales elementos que obligan a una mejora continua en la gestión: pérdida de control y quiebra.
• Desarrollar procedimientos de selección, que aseguren que los miembros de los órganos de dirección sean elegidos en base a su experiencia y capacitación que asegure unos directivos más profesionales, responsables y orientados a la consecución de los objetivos establecidos y se atenga a la igualdad de género.
• Fomentar las políticas activas de comunicación y consulta por parte de los entes públicos y sus grupos de interés, yendo más allá de los requisitos legales establecidos para generar credibilidad y confianza.