El papel de la empresa y el buen gobierno corporativo.

La democratización económica debe partir desde el corazón mismo de la iniciativa económica individual y colectiva: la empresa.

La empresa es un sistema vivo e interdependiente de su entorno interno y externo, a través de las relaciones entre la propiedad, los inversores, los clientes y proveedores, los trabajadores y la comunidad en la que se encuentra inserta.

Este concepto de empresa implica superar el concepto restringido de responsabilidad social corporativa como un elemento de comunicación o de relaciones públicas, y situarlo allí donde ejerce su máxima función, plenamente integrado con el modelo de gobernanza corporativa.

Los socialistas apostamos por un nuevo concepto de gobierno corporativo que vaya más allá de la legislación actual o los códigos existentes en materia de RSC o de gobierno corporativo para las sociedades cotizadas. Proponemos superar ciertos excesos que han marcado las conductas empresariales de las últimas décadas, articulando un modelo de gobierno empresarial que interrelacione a los agentes económicos y sociales desde una perspectiva de mutua colaboración, facilitando la transparencia en la gestión, el uso de buenas prácticas, y los necesarios mecanismos de rendición de cuentas y de vigilancia frente a conductas social, ambiental o éticamente inaceptables.

Los grados de exigencia de dicho modelo serán coherentes con el impacto de las empresas y por lo tanto establecerán obligaciones diferentes para empresas cotizadas, grandes empresas no cotizadas y pequeñas y medianas empresas. La incorporación de las medidas que a continuación proponemos debe ser gradual y consensuada con los actores. Proponemos la apertura de un diálogo social sobre el gobierno corporativo, que lleve a la realización de un gran pacto sobre la reforma del modelo. El resultado de dicho pacto social se materializará en un Plan Estratégico de reforma del gobierno corporativo y,  posteriormente, en las modificaciones normativas necesarias.

En concreto, proponemos poner en práctica las siguientes medidas:

  • Incorporar en la legislación correspondiente, un nuevo modelo de gobernanza empresarial para las grandes empresas que: (i) refuerce el papel de la Junta de Accionistas ante decisiones relevantes de la empresa; (ii)  separe las funciones de dirección estratégica (Consejo de Administración) de las de la gestión diaria y; (iii) refuerce los mecanismos de control y supervisión sobre los gestores, otorgando mayor poder y relevancia a las comisiones delegadas del Consejo, por ejemplo los comités de auditoría y remuneraciones, que deberán ser presididos por consejeros realmente independientes.
  • Fomentar la participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión de la empresa, incorporando una representación de los mismos en el consejo de administración o en el consejo de vigilancia de las empresas de más de 500 trabajadores.
  • Limitar las participaciones cruzadas entre grandes empresas y el número de consejos de administración que puede atender un consejero/a, así como reforzamiento del control y supervisión de las llamadas operaciones vinculadas entre la empresa y los consejeros.
  • Limitar el número de reelecciones posibles en los mandatos de los consejeros/as independientes para evitar la pérdida de las facultades que persigue su nombramiento y hacer especial seguimiento a los cambios de clasificación que se realicen.
  • Hacer efectiva una cuota mínima de un 40% de presencia de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas cotizadas y de todas las empresas públicas.
  • Regular adecuadamente el comportamiento de los llamados Asesores de Voto o Proxi Advisors, especialmente en lo referente a independencia, rendición de cuentas, transparencia y conflicto de intereses, entre otros.
  • Revisar las cada vez más complejas estructuras de remuneración de los altos directivos y consejeros/as, que han tenido tenencia a centrarse en el corto plazo y a estar escasamente relacionados con el resultado obtenido. Entre algunas actuaciones, proponemos:

    • Modificar la regulación del Impuesto de Sociedades de modo que los gastos de personal sólo sean deducibles hasta un máximo por trabajador.
    • Modificar la Ley de Sociedades de Capital, para incluir la aprobación de las retribuciones de altos directivos y miembros del Consejo de Administración por la junta de accionistas, como punto independiente del orden del día, en votaciones individuales y con participación de los accionistas minoritarios.
    • Medidas fiscales y de transparencia sobre las retribuciones variables desproporcionadas en los salarios de los Directivos, desincentivando las retribuciones variables que superen las retribuciones fijas establecidas y las retribuciones desorbitadas en especie.
    • Desincentivar los blindajes empresariales de los altos ejecutivos: (i) prohibiendo que se contabilicen como gastos deducibles; (ii) gravando dichas indemnizaciones excepcionales con un tipo adicional extraordinario del IRPF por las cantidades percibidas en concepto de blindaje, salarios diferidos, planes de pensiones, indemnizaciones u otras remuneraciones complementarias.
    • Obligación de publicar en las cuentas anuales de la empresa, el nivel de dispersión salarial entendido como la diferencia entre la remuneración percibida por el primer ejecutivo/a, el salario mediano, el salario medio y el más bajo de la empresa.