Mercados abiertos, competitivos y bien regulados

Una economía más democrática e inclusiva requiere de un marco institucional adecuado, que favorezca la competencia, la inclusión social y que elimine regulaciones contraproducentes. El Estado no solo es un importante impulsor de la actividad económica, sino que también es su principal regulador.

Los socialistas defendemos la necesidad de garantizar la independencia y la suficiencia de recursos de los organismos reguladores y de defensa de la competencia como condiciones necesarias para promover el funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia efectiva y el impulso de la innovación en beneficio de los consumidores.

Para ello, nos comprometemos a:

  • Modificar el procedimiento de designación de los miembros de los organismos reguladores, que se residenciará en sede parlamentaria con las siguientes mejoras: convocatoria pública de las vacantes a cubrir; evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos y candidatas por un Comité Asesor de composición profesional variable -sus miembros serán designados para cada ocasión por insaculación entre los propuestos proporcionalmente por los grupos parlamentarios  y se harán públicos los informes, con sesiones de audiencia en las correspondientes comisiones del Congreso y Senado.
  • Impulsar el reforzamiento los organismos de competencia y de regulación de mercados dotándolos  de mayor independencia funcional y recursos; evaluar el funcionamiento de la CNMC desde su creación en 2013, y en su caso estudiar su transición hacia un modelo de regulador convergente, similar al existente en Alemania, que cuente con un Organismo Regulador para sectores económicos en red (energía, telecomunicaciones, sector audiovisual, transporte, sector postal) y el Organismo de Competencia, diferenciando así la intervención ex-ante y ex-post como sucede en la mayoría de los países de nuestro entorno. Este modelo dispondrá de la autoridad necesaria de competencia, plenas capacidades normativas para los reguladores, independencia de recursos financieros y suficiente personal cualificado.
  • Reforzar a la CMNV atribuyéndole la supervisión de las empresas que auditen a las Entidades de Interés Público.

Unas instituciones reguladoras independientes y fuertes deben ser complementadas con mercados abiertos y accesibles.

La protección por su interés social de numerosas profesiones y servicios ya no tienen más sentido que el impedir el desarrollo de la competencia y, de esta manera, de la innovación.

Para abrir mercados y acabar con situaciones injustas en materia de sobreprotección de determinadas actividades económicas proponemos:

  • Revisar la regulación de sectores donde haya una gran concentración empresarial –sectores estratégicos, como el energético, telecomunicaciones o las infraestructuras- para favorecer la entrada de nuevos competidores, dotando de transparencia a las regulaciones.
  • Eliminar licencias innecesarias o sustituyendo el sistema de licencias por un sistema de acreditaciones, abierto y sin cupo, y extendiendo el silencio administrativo positivo y la Declaración Responsable del empresario para empezar a operar, siempre que ello no menoscabe la tutela del interés general y de los derechos e intereses legítimos de terceros . Armonizando las licencias y permisos dentro del país, a través del reconocimiento mutuo entre Comunidades Autónomas haciendo así efectiva la unidad de mercado sin perjuicio de sus competencias.
  • Avanzar en la liberalización del acceso y ejercicio a los servicios profesionales, revisando todas las barreras de entrada y eliminando todas aquellas que no sean estrictamente justificadas. Los servicios no económicos de interés general quedan excluidos.
  • Promover la coordinación de la legislación sobre horarios comerciales con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, para adaptarla a los nuevos tiempos y formas de consumo; y eliminando restricciones injustificadas al establecimiento y a los horarios de apertura siempre dentro del estricto cumplimiento de la legislación laboral.
  • Actualizar la regulación de precios.
  • Garantizar el pluralismo de los actores en la actividad económica, permitiendo la entrada de formas societarias tales como asociaciones, fundaciones, cooperativas, etc., en sectores económicos donde ahora no tienen acceso.