Protección de los consumidores/as
Una economía más democrática e inclusiva debe asegurar la participación de los consumidores, garantizando elevados índices de protección de los mismos frente a los abusos de las grandes empresas.
Proponemos lo siguiente medidas para mejorar la protección de los consumidores:
- Unificar en una única autoridad las competencias en materia de defensa de la competencia y de la protección de los consumidores, al menos en lo que respecta al ámbito de la competencia desleal y sin perjuicio de las competencias de las CCAA en materia de consumo.
- Simplificar las condiciones y trámites para el ejercicio de los derechos legales de los consumidores, creando un sistema de reclamación efectivo y eficaz y reforzar y facilitar los mecanismos de acciones colectivas de consumidores y usuarios frente a infracciones o abusos de las empresas.
- Poner en marcha un Plan Nacional de Apoyo al Sistema Arbitral de consumo que potencie y fomente entre consumidores y empresas el recurso al arbitraje de consumo como vía de resolución de reclamaciones.
- Promover cambios legislativos para extender la garantía legal actual de 2 años en los productos y adaptarla la duración de la misma a la vida útil de cada producto.
- Prohibir y penalizar de forma estricta las prácticas de obsolescencia tecnológica forzada de los productos por parte de las empresas.
- Mejorar los mecanismos de control de publicidad para evitar el daño por publicidad engañosa a los consumidores, reforzando la colaboración con la Fiscalía General en las acciones de cesación de las campañas publicitarias que induzcan a engaño. Ha de vigilarse especialmente la publicidad dirigida a los menores.
- Promover, en el sector de las comunicaciones, la eliminación de las actuales barreras para lograr una efectiva competencia en el sector. Por ejemplo, limitar la venta de teléfonos móviles bloqueados por el operador, una mejor regulación de los períodos de permanencia y las penalizaciones y que se informe claramente de todo ello al cliente antes de contratar.
- Revisar y reforzar los esquemas de protección de inversores y consumidores de servicios financieros, para recuperar la confianza de los ahorradores en los productos financieros. Proponemos la unificación de los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) a los que pueden acudir los clientes e inversores en única Autoridad de Protección Financiera y resolución de disputas. Este nuevo servicio –a diferencia de los actuales- tendrá capacidad de emitir, a instancias de los consumidores perjudicados, dictámenes vinculantes para las entidades financieras (según el modelo británico).
- Promover los cambios normativos que penalicen a los prestamistas que utilicen los tipos de interés usurarios y abusivos, y regularemos los préstamos personales no bancarios para evitar situaciones de fraude y estafa.