Lucha contra el fraude y la evasión

Nuestro principal problema no es la llamada doble tributación, sino la no tributación de la riqueza y los grandes patrimonios. El caso más evidente, las que se ocultan del fisco, cometiendo fraude fiscal. El fraude es la mayor fuente de distorsión del sistema económico. Por consiguiente, proponemos para combatirlo:

  • Incrementar en 5.000 empleados públicos los efectivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los próximos cuatro años.
  • Destinar al Presupuesto de la AEAT, para luchar contra el fraude fiscal, un porcentaje real y automático de la recaudación bruta derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria.
  • Revisar el régimen de estimación objetiva con el objetivo de minimizar el fraude fiscal que se pudiera producir a través de tal instrumento tributario.
  • Modificar la figura del delito fiscal para para hacerla más efectiva. En todo caso, se modificará el artículo 305 del Código Penal para que todos los delitos fiscales sean considerados como graves (pena de prisión de 2 a 6 años y prescripción a los 10 años) y aquellos que revistan especial gravedad, las penas a imponer siempre serán en su mitad superior.
  • Potenciar el papel del Servicio de Vigilancia Aduanera y la coordinación de la AEAT con la Fiscalía, el SEPBLAC y las fuerzas de seguridad del Estado. En particular se promoverá la creación de juzgados especializados en delitos económicos, fraude fiscal y a la Seguridad Social, dotados con medios adecuados y suficientes.
  • Elaborar una estrategia de lucha contra la economía sumergida, en particular, se considerarán medidas puestas en práctica en otros países como la ampliación de la limitación en el uso de efectivo en las transacciones económicas y la estandarización de los sistemas de facturación de las pequeñas empresa.
  • Elaborar una Ley Antifraude que incorpore las modificaciones necesarias para corregir los vacíos legales y aquellas interpretaciones normativas que posibilitan la elusión fiscal. Remitir al Parlamento un informe anual con la evaluación de los resultados de la lucha contra el fraude y su comparación internacional.

Junto a lo anterior proponemos medidas dirigidas a promover una cultura ciudadana que aliente el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, a través de:

  • Adquirir el firme compromiso de no aprobar una nueva amnistía fiscal. Dentro del marco de una reforma constitucional debe prohibirse de forma absoluta el recurso general o individualizado a la amnistía fiscal.
  • Introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaria, dentro de los límites constitucionales, que permitan conocer el nombre de los  defraudadores, acogidos a la amnistía fiscal.
  • Exigir a las entidades financieras que operan en España que notifiquen a las autoridades españolas los clientes que tienen cuentas en paraísos fiscales y, en caso de que dichas entidades no colaboren con las autoridades españolas, ser sancionadas económicamente e, incluso, en caso de reincidencia en la falta de colaboración, retirada de la ficha bancaria en su caso.
  • Establecer un mayor control de las SICAV mediante: (i) Establecimiento de un porcentaje de participación máximo para cada inversor; (ii) Se estudiará la fijación de un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen; (iii) Dotar legalmente a la AEAT de competencias para supervisar e inspeccionar a las SICAV.
  • Revisar la figura de la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVES), que se ha convertido en una fuente de elusión fiscal importante. Se endurecerá el régimen de exención tributaria de los beneficios y dividendos de esta figura.
  • Hacer pública la identidad de los contribuyentes beneficiarios de incentivos tributarios que superen determinados umbrales. Además, se institucionalizará la evaluación permanente de los incentivos fiscales, tanto desde el punto de vista recaudatorio como desde la perspectiva de la eficiencia económica y su impacto. Esto abarca también las memorias de los proyectos de ley que incorporen incentivos fiscales.
  • Impulsar las modificaciones necesarias para que la legislación tributaria contemple como infracción las prácticas de elusión repetitiva, no solo de los clientes, sino también de las consultoras o comercializadoras, así como la inclusión del correspondiente tipo delictivo en el Código Penal.
  • Aprobar un Estatuto de la Agencia Tributaria que refuerce su independencia y profesionalidad, evitando las injerencias políticas.
  • Revisar el procedimiento de auxilio judicial de la AEAT con el objeto de mejorar la colaboración con los órganos jurisdiccionales, asegurando que dicho auxilio se presta en condiciones de objetividad y atendiendo estrictamente a criterios técnicos, evitando cualquier tipo de injerencia por parte de la dirección de la Agencia.
  • Aprobar un plan para mejorar el cumplimiento voluntario, reducir la litigiosidad en el ámbito tributario, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la relación cooperativa entre los contribuyentes cumplidores y la administración tributaria.