Agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural

Agricultura y ganadería

España tiene un Sector Agroalimentario muy potente, generador de riqueza y empleo y referente social y cultural en todos los territorios.

Su importancia le hace acreedor de ser considerado por el PSOE como un Sector Estratégico de la Economía Española y merecedor de una política agraria y de desarrollo rural que complemente  la desarrollada por la Unión Europea, potenciando sus fortalezas y atacando sus debilidades.

Hemos generado también una ganadería que aporta cifras muy significativas combinando una producción intensiva (porcino, aves, y conejos fundamentalmente) con una extensiva que ocupa el territorio y que es fuente de actividad en amplias zonas del territorio que por su orografía o sus condiciones climáticas están amenazadas de despoblamiento.

El medio rural español representa alrededor del 90% del territorio y en él viven el 20% de los habitantes del país. La mayor parte del mismo –si excluimos las áreas periurbanas- se encuentra afectado por la despoblación, fenómeno que se ha intensificado durante la crisis económica. A ello contribuye la escasa vertebración social, la falta de capital y de actividad económica y los menores servicios, en comparación con el medio urbano.

Aquellas zonas con sectores agrario y agroalimentario más desarrollados se enfrentan mejor a los problemas del medio rural, ofreciendo generación de riqueza, empleo, cohesión social y desarrollo a los territorios.

Necesitamos política rural que implique a todos y todas. Integradora, moderna, eficiente, transparente y generadora de riqueza y futuro. La realidad y la experiencia de décadas de políticas rurales con gobiernos socialistas demuestran que la articulación de una política de base territorial y perspectiva global, apoyada en modelos con alta participación social, es el camino seguro para la utilización racional de los recursos naturales, la integración de todas las políticas sectoriales en un marco común estable y viable, y la creación de actividad económica estable y sostenible.

Precisamente lo que ahora mismo más necesitamos. Es lo que no se ha hecho. Es lo que hay que hacer.

El gobierno del Partido Popular ha hecho ostensible abandono de toda política rural  territorial. No ha existido el desarrollo rural como concepto. El balance es que gran parte de nuestro territorio y de nuestra población ha caído en un escenario de invisibilidad.

Con ello se ha ignorado, y despreciado la capacidad y la propia existencia, de cerca de diez millones de ciudadanos y ciudadanas.   Por todo ello el PSOE se obliga a desarrollar  una política agraria y de desarrollo rural comprometida, con financiación y que consiga atacar las debilidades de nuestro sistema productivo, corrija sus déficit estructurales actuales y apoye decididamente todos nuestros factores de crecimiento.

• Es necesario comprometerse para aumentar el reconocimiento y el prestigio de las actividades del sector primario, favoreciendo que la juventud se incorporen a estos sectores con la misma ilusión que en otros ámbitos y no como factores de fracaso escolar o por falta de capacidad para llevar a cabo otro tipo de actividades.
• Es preciso impulsar la I+D+i en el sector agrario y en la industria agroalimentaria como elemento clave a la hora de consolidar y proyectar hacia el futuro un modelo de desarrollo sostenible, capaz de afrontar los retos de competitividad y respeto ambiental.
• Apoyaremos decididamente la profesionalización de los jóvenes, el desarrollo de sus actividades en todos los ámbitos de la agricultura y de la industria agroalimentaria.
• Necesitamos también una política de desarrollo de las zonas rurales, en la que se incluyan acciones dedicadas a la diversificación  económica y a la implantación de nuevas actividades no agrarias, así como la dotación de redes de banda ancha que permitan incorporar al mundo rural a la economía digital y a la sociedad del conocimiento.

Nuestro compromiso con la Agricultura y con el Medio Rural es firme y estará basado en las siguientes PROPUESTAS:

• Realizar una adaptación de la Ley de Modernización Agraria, desarrollando un Estatuto de la Agricultura Profesional que establezca beneficios fiscales en relación a la transmisión de explotaciones con el objetivo de una mayor competitividad de las mismas, que facilite la transferencias de derechos de ayudas y cuotas de producción, el relevo generacional en el sector agrario, el arrendamiento de tierras y las inversiones en innovación.
• Elaborar un nuevo Programa Nacional de Regadíos que asegure su sostenibilidad económica y medioambiental, financiando actuaciones de mejora y consolidación de las zonas regables actuales, que propicie la transferencia de tecnología al sector y que contribuya al fomento del empleo en el medio rural.
• Los ahorros de agua conseguidos con los programas de modernización permitirán la creación de Bancos Públicos de Agua y evitarán cualquier uso especulativo del agua, destinando sus recursos a zonas con potencial de producción agrícola y capacidad para generar empleo.
• Se realizará una apuesta decidida por la eficiencia energética de los regadíos y de las plantas desaladoras para racionalizar su consumo energético, de forma compatible con la optimización de la eficiencia hídrica.
• Se establecerá un “contrato de temporada flexible” de forma que los regantes puedan tener suscrito con las compañías eléctricas un contrato con la potencia necesaria para el mantenimiento de los equipos (8 meses) y otro de temporada de riego para los meses de máximo consumo.
• Desarrollar, respecto a la Unión Europea, una estrategia de defensa del Sector Agroalimentario que asegure su carácter estratégico para el conjunto de la Unión. Exigiremos la defensa del modelo europeo frente a los posibles acuerdos con terceros países y la revisión de las normas de competencia para fortalecer la posición de los productores en la negociación de precios.
• Aprobar un Plan estratégico de la agricultura y ganadería española horizonte 2.030 que establezca las prioridades de la política agraria de ámbito nacional y que proponga las líneas de actuación a corto plazo y largo plazo y los compromisos económicos a asumir.
• Este plan estratégico, elaborado desde el principio de la sostenibilidad,  contendrá entre otros aspectos  líneas de políticas activas a favor de la mujer rural, la incorporación a la actividad agraria, el relevo generacional, el mantenimiento de los sistemas de protección a la producción que constituyen la sanidad animal, vegetal y la política de fomento en la contratación de seguros agrarios, avanzando en los modelos de protección y creando un marco nacional de seguros integrales de explotación.
• Elaboración de un Plan Estatal de Incorporación de Jóvenes a la Agricultura que se financiará con fondos nacionales y con los obtenidos con el sistema de topes de ayudas de la PAC y de modulación.
• Apoyaremos y dotaremos de recursos las actividades agrícolas y ganaderas de las zonas rurales de montaña cuyas posibilidades son muy limitadas debido a la compleja orografía.
• Revisaremos el modelo de aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España aprobado por el gobierno del PP, realizando una apuesta clara por la agricultura profesional y por el empleo, la agricultura familiar,  y la diversificación en el medio rural.

  • Respetando la normativa de la UE, realizaremos una política más justa de distribución de ayudas, modificaremos la definición de “agricultor activo” y estableceremos un tope máximo en el cobro de las ayudas.
  • Asimismo revisaremos, en colaboración con las CCAA, las ayudas acopladas para la inclusión de nuevos sectores  y el establecimiento de ayudas especiales a las primeras 50 hectáreas.
  • La PAC también debe ser un instrumento de protección para los cultivos tradicionales de las zonas desfavorecidas de nuestro país para garantizar la conservación de las zonas rurales con grandes impedimentos orográficos.

• Recuperar los instrumentos de políticas de regulación de mercados que eviten la actual volatilidad de los precios. Haremos una defensa a ultranza del mantenimiento de una PAC fuerte que mantenga sus principios inspiradores (abastecimiento de alimentos seguros y de calidad, desarrollo rural, empleo, etc.) y que haga un esfuerzo por su simplificación.
• Aprobar un Plan Estratégico de la Agricultura Ecológica que contemple los aspectos relacionados con la producción pero que aborde seriamente estrategias para el fomento del consumo de productos ecológicos y para abordar su internacionalización.
• Favoreceremos estrategias para apoyar los denominados “circuitos cortos” de producción y consumo, estableciendo normativas específicas que lo propicien. Para ello se adaptarán las normativas higiénico–sanitarias europeas al modelo de pequeña explotación.
• Se planteará un marco específico de simplificación dentro de las normas nacionales para la producción ecológica  en los aspectos de declaraciones.
• Además se establecerán medidas de asistencia a la exportación y protección de los productos artesanales elaborados dentro del marco de la producción ecológica.
• Asumimos respecto a la Industria Agroalimentaria los siguientes retos:
• Incrementar la dimensión empresarial, ganar visibilidad, asociada a marca de calidad, incrementar la capacidad exportadora, superando el 25% actual, hasta alcanzar el 40% de la producción total, eliminar las ineficiencias administrativas que lastran las actividades productivas y comerciales y generar más valor por la vía de la Innovación y la transferencia de tecnología.
• Incrementaremos, en el marco de un Plan Estratégico para la Industria Agroalimentaria, la presencia de los productos españoles en los mercados exteriores mediante una acción coordinada de las Administraciones Públicas con el sector que permita la apertura de nuevos mercados y la consolidación de los actuales.
• Proponemos la simplificación de los trámites administrativos para la exportación de productos agroalimentarios y fitosanitarios a través de sendos organismos que reúnan las competencias dispersas en varios ministerios, conforme a estructuras similares a países de nuestro entorno.
• Asumir el compromiso de luchar contra el desperdicio de alimentos para lo que elaboraremos la legislación específica que asegure este objetivo, dando un paso más a la situación actual que se basa en acuerdos voluntarios entre partes.
• Asumir el compromiso de elaborar los cambios normativos necesarios para conseguir el objetivo de equilibrio de la cadena alimentaria que reparta justamente esfuerzos y beneficios. Regularemos la venta a pérdidas y la figura del “mediador de contratos”.
• Diseñar un Plan de recuperación de razas ganaderas autóctonas y de apoyo a la ganadería extensiva que consiga detener la dinámica de disminución de censos en ovino, caprino y de vacas nodrizas y asegure el mantenimiento de nuestro rico patrimonio genético.
• Diseñar un Plan de selección y recuperación de variedades locales hortofructícolas que consiga detener la pérdida de patrimonio agroalimentario de calidad.
• Fomentaremos la vertebración económica del sector productor, en particular mediante la integración cooperativa, propiciando un mayor grado de concentración de la oferta que permita una mejor defensa de las rentas de los productores en el mercado.
• Prestaremos una especial atención a las Cooperativas agroalimentarias de España, desarrollando una estrategia global que dé cobertura política y económica a las acciones contempladas en el Plan estratégico del Cooperativismo, con el objetivo de conseguir empresas más fuertes, más profesionalizadas y que puedan asumir el reto de vender con valor y el reto de la internacionalización.
• Desarrollaremos medidas generen una discriminación positiva hacia los socios cooperativistas, como los seguros agrarios, u otros. Prestaremos apoyo al PLAN NACIONAL DE SEGUROS AGRARIOS, recuperando los niveles de inversión de las Administraciones Públicas de años anteriores a la llegada del PP al gobierno.

Pesca

España reúne flota que opera en todos los mares del mundo y en los caladeros comunitarios y costeros, industria que transforma, conserva y congela los productos asentada en nuestro territorio y con presencia en otros países, acuicultura en tierra y mar, marisqueo, depuración y comercialización.

Debemos establecer como objetivo fundamental el impulso de una política pesquera europea que iguale los derechos de acceso a recursos y ayudas de todos los pescadores de la UE.

Reconocer el papel estratégico de la pesca en la economía española nos permitirá crear empleo y riqueza, liderar esta actividad en Europa y ser ejemplo en política de protección y gestión de los recursos y del medio ambiente, de protección social de los trabajadores y trabajadoras del mar y en la lucha contra la pesca ilegal.

Impulsaremos la cooperación interregional y transfronteriza, particularmente y por razones de vecindad, especialmente con Portugal, Marruecos y Mauritania.
PROPUESTAS

 

• Fomentar las inversiones pesqueras mixtas en países terceros, crear un segundo registro para buques atuneros y de palangre, promover acuerdos de pesca sostenibles, participar en las organizaciones regionales de la pesca, asegurar las importaciones de productos de la pesca en igualdad de condiciones que la producción propia, priorizando ésta y promover la ampliación de la misión en el Indico contra la piratería.
• Impulsaremos la defensa y exigencia del cumplimiento de los Acuerdos de Pesca con otros países.
• Promover cambios en los fondos europeos para la pesca que acaben con la discriminación de las mujeres y de determinados colectivos de trabajadores del mar y modificar el Programa Operativo Nacional para incluir todas las posibilidades de ayuda que recoge el FEMP y que el reparto de los fondos con las CCAA se haga con criterios objetivos y transparentes.
• Completar la ordenación de los caladeros nacionales, aprobar los planes de gestión pendientes y desarrollar una buena política de cuotas, garantizando un reparto justo y equilibrado entre flotas, artes y Comunidades Autónomas.
• Las políticas de pesca para la gestión de los caladeros litorales tendrán modelos diferenciados para el Atlántico y el Mediterráneo por las especificidades de sus flotas y  sus modelos económico-sociales.
• Poner en marcha planes de recuperación, vedas, ordenar artes, recuperar fondos marinos, repoblar especies, crear arrecifes artificiales, reservas marinas de interés pesquero para proteger nuestro litoral y la actividad pesquera y reconocer el papel de guardianes de la biodiversidad de los hombres y mujeres de la mar.
• Impulsar con medidas de apoyo al segmento de flota artesanal más frágil y de gran calado social, y a los mariscadores, a través de programas de modernización de los barcos, mejoras de infraestructuras y servicios en tierra y de diversificación de sus actividades.
• Potenciar el Instituto Español de Oceanografía y coordinar el CSIC y los centros de investigación autonómicos, redoblando la presencia de los científicos y científicas españoles en todos los foros científicos de análisis y debate para obtener datos científicos abundantes, de calidad y fiables.
• Equiparar los derechos de las trabajadoras y trabajadores del mar con los demás trabajadores: derechos laborales, sindicales, el derecho al voto, a prestaciones por desempleo y reconocimiento de otras dolencias profesionales.
• Promover que las Cofradías de Pescadores tengan las mismas obligaciones de paridad en sus órganos de gobierno que las administraciones públicas e incentivar que las asociaciones de armadores, cooperativas, etc., incorporen a la mujer a sus órganos de dirección.
• Articular, conjuntamente con las comunidades autónomas, un plan de acción con las Cofradías de Pescadores, organizaciones de productores, asociaciones y cooperativas para impulsar su papel de distribuidor y, allí donde la viabilidad económica lo permita, de gestor de nuevas industrias manufactureras del producto que capturan.
• Introducir las nuevas tecnologías en la vigilancia de la pesca ilegal, reforzar los equipos humanos de la inspección pesquera, y formación e información para la prevención de las actividades ilícitas.
• Colaborar con las CCAA en una acuicultura Marina y continental sostenible, fomentando la Investigación para obtener nuevos alimentos más ecológicos para los peces e incorporando nuevas especies de cultivo).

 

Desarrollo rural

Asumir con absoluta prioridad el compromiso con la igualdad en el medio rural es irrenunciable y para ello comprometemos una política de desarrollo rural de base territorial, de perspectiva global, apoyada en modelos de máxima participación y que asegure la creación de la máxima actividad económica estable y sostenible.

• Impulsar, en colaboración con las CCAA, un Plan de dotación de servicios básicos de ciudadanía para garantizar las políticas de igualdad en el medio rural. Reactivaremos la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y su financiación para la aplicación de los Planes de Zona.
• Actualizar la ley de Agricultura de Montaña y los programas de desarrollo destinados a estas áreas que presentan hándicaps naturales para el ejercicio de las actividades agrarias, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 130.2, en el que se establece que se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.
• Establecer beneficios especiales para los emprendedores y emprendedoras que desarrollen actividad y creen empleo en el medio rural, especialmente en las zonas en peligro de despoblamiento.
• Impulsar el desarrollo de las energías renovables, especialmente de la biomasa por  ser  especialmente  intensiva  en  mano  de  obra  y  sostenible medioambientalmente, en el mundo rural por su contribución al desarrollo, diversificando  la  actividad  productiva,  movilizando  recursos  financieros y generando una amplia gama de oportunidades de empleo.
• Potenciar los grupos de acción local, los mecanismos de subsidiariedad y la capacidad de los actores locales. Blindarlos jurídicamente de la posibilidad de manipulación o utilización fraudulenta para intereses particulares. Permitir su trabajo de forma rigurosa y transparente, disminuyendo la carga burocrática que supone la gestión de fondos.
• Fortalecer las redes, los mecanismos de comunicación, y los foros de difusión y puesta en valor.
• Impulsaremos que los mecanismos nacionales y autonómicos permitan el acceso a multifondos por parte de los Grupos de Acción Local para así facilitar la dinamización más eficaz del medio rural.

En relación con los Programas de Desarrollo Rural cofinanciados por la Unión Europea proponemos:

• Recuperar los niveles de cofinanciación de la Administración General del Estado a los Programas de Desarrollo Rural que el actual gobierno ha reducido al 30%, asegurando que esta financiación permite unos niveles homogéneos de apoyo al medio rural en todo el Estado.
• Incluir en el Programa Nacional de Desarrollo Rural de España una partida presupuestaria suficiente dedicada a medidas innovación en el medio rural.
• Asimismo exigiremos que los beneficiarios de las ayudas agrarias del Desarrollo Rural vayan exclusivamente a los agricultores profesionales.
• Integrar de forma definitiva en las políticas rurales los aspectos ambientales en clave de apuesta mutua.
• Impulsar un programa específico para el apoyo de las mujeres rurales que incorpore acciones específicas, criterios de prioridad, beneficios fiscales y bonificaciones en las cotizaciones sociales, en particular relacionados con la incorporación de las mujeres rurales a la actividad emprendedora.
• El programa prestará especial atención a las medidas de conciliación y corresponsabilidad y tendrá una singular aplicación en el ámbito de los planes y medidas de igualdad que deban adoptar las administraciones públicas en el ámbito rural.
• Impulsar la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, aprobada por el anterior Gobierno socialista, que no se ha puesto en marcha por la falta de voluntad política del PP.
• Poner en marcha políticas concretas para los territorios despoblados, de especial protección  elaborando un mapa de la despoblación en España, en colaboración con las CCAA, de provincias y comarcas que no lleguen a los 10 habitantes por Km2 aplicando criterios compensadores para el mantenimiento de servicios básicos en el medio rural y las políticas de creación de empleo vía ayudas de Reindus por despoblación en las mejores condiciones que permita la normativa de fondos europeos.
• Se procederá a catalogar en el territorio español aquéllas zonas que se consideren prioritarias a efectos de lucha contra la despoblación y éxodo juvenil. En esta línea impulsaremos la creación de una Zona de Inversión Territorial Integrada (ITI) que incluya las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, dando continuidad territorial por el corredor de Guadalajara (Sigüenza, Alcolea y Sierra Molina) y por Zaragoza (Calatayud, Daroca) y a través de Cuenca la Manchuela albaceteña Sierra de Alcaraz y Sierra del Segura.
• Evaluar, de cara a su mantenimiento, los Planes Especiales aprobados en las anteriores legislaturas para Soria, Teruel, Jaén y el Noroeste de España y establecer criterios objetivos para la elaboración de nuevos planes.
• Incluir, modificando la medida puesta en marcha por el PP, a los pequeños municipios como receptores de los fondos FEDER reconociendo el papel de las zonas rurales en el desarrollo urbano sostenible como herramienta fundamental para reducir los desequilibrios económicos y sociales con el medio urbano.
• Nos comprometemos a promover la economía de los servicios en los espacios rurales como base y/o complemento del desarrollo económico. La elevada dispersión espacial del territorio ha de ser vista como una oportunidad de mayor calidad para el crecimiento del turismo histórico-cultural, gastronómico y paisajístico de nuestros sistemas agrarios.