Empresas más grandes y dinámicas

El tamaño medio de nuestras empresas es demasiado pequeño lo cual tiene consecuencias importantes en su capacidad para mejorar su productividad y exportar. Es por tanto necesario apostar decididamente por su crecimiento para que nuestras empresas medianas, con su potencial productivo y de creación de empleo estable y de calidad, jueguen un papel esencial en nuestra economía.

Para ello, no es sólo necesario fortalecer las empresas de hoy sino también crear el caldo de cultivo para las empresas del futuro, las que están por nacer.

Es necesario bajar las barreras (burocráticas, fiscales y laborales), que impiden o dificultan su creación.

También es necesario ayudar a las empresas a crecer, a fusionarse, a expandirse. En la economía española los umbrales de 6 millones de euros y 50 empleados, a efectos administrativos, fiscales y laborales,  producen un efecto escalón, que se traduce en un menor incentivo para las pequeñas en convertirse en medianas. Hay que luchar contra estas barreras que limitan el crecimiento de las empresas españolas y facilitar su internacionalización, el acceso a financiación y una cierta unidad de mercado.

 

Medidas para incrementar el tamaño medio de las empresas

  • Fomentar el capital riesgo empresarial para potenciar segundas y terceras rondas de financiación, mediante un tratamiento fiscal favorable para el inversor.
  • Favorecer a través de préstamos participativos y desde capital riesgo público el crecimiento y diversificación de las PYMES, en proyectos que conlleven generación de empleo a largo plazo.
  • Fomentar las agrupaciones sectoriales o “clúster” empresariales, en colaboración con las CCAA, a partir de parques tecnológicos o industriales, como elementos necesarios para la mejora de la competitividad de los sectores industriales en las regiones, dotándoles al mismo de un importante apoyo financiero.
  • Posibilitar que las PYMES puedan formar Uniones Temporales de Empresas (UTES) de una forma más sencilla, ágil y económica.
  •  Actuar para combatir la morosidad empresarial que tanto perjudica a las pequeñas empresas. Aprobaremos la implantación de un Régimen sancionador en materia de morosidad a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa en todo el territorio del Estado y disuadir los retrasos en los pagos. También unificaremos los plazos de pago que deben cumplir todas las empresas en España y exigiremos a las empresas contratistas en las licitaciones públicas certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las empresas que subcontratan.
  •  Poner en marcha medidas equivalentes al Small Business Act de EE.UU. para dedicar una parte sustancial del gasto de las Administraciones Públicas al fomento directo, en calidad de proveedor, de la creación, desarrollo y colaboración  de nuevas empresas y desarrollo de PYMEs existentes, mediante una competencia mayor y más equitativa en la concesión de contratos públicos, con énfasis especial en la innovación y las actividades de reducción de la huella ecológica.
  • Mejorar el entorno de negocios empresarial con el objetivo de que, en dos legislaturas, España esté entre los 10 primeros países del mundo en el Índice Doing Business.
  • Sustituir el sistema de licencias por un sistema de acreditaciones –abierto y sin cupo-. Extender el silencio administrativo positivo y la Declaración Responsable del empresariado para empezar a operar. Fomentar el reconocimiento mutuo entre CCAA de las licencias y permisos para hacer efectiva la unidad de mercado.
  • Impulsar un registro único de documentación administrativa oficial para cada persona física y jurídica, con el fin de desplazar a la Administración la carga de la prueba en la aportación de la documentación ya entregada.
  • Facilitar la transmisión empresarial y la adopción de mejores prácticas en las pymes, adoptando una plataforma española que conecte las empresas con especialistas en fusiones y adquisiciones, derecho, auditoría, contabilidad, fiscalidad, bancos y todos aquellos intermediarios y agencias dedicadas a la transmisión de empresas.
  • Llevar a cabo una experiencia piloto en colaboración con CCAA y Diputaciones para crear los denominados "Equipos de apoyo", que serán funcionarios especializados en el asesoramiento in situ de empresarios y emprendedores de cara a la mejora de la productividad empresarial y de la tramitación y puesta en marcha de empresas, pero desde un ámbito muy cercano de tutorización real y aplicada al caso.

 

Medidas para facilitar la internacionalización de la empresa

  • Crear España Global. Centralizar los organismos vinculados con la internacionalización bajo un único esfuerzo en torno a una iniciativa “España Global” provista de una identidad jurídica que le permita operar con flexibilidad y autosuficiencia financiera (con capitalización estatal e ingresos privados). Coordinar esta iniciativa con los instrumentos existentes en las Comunidades Autónomas.
  • Reforzar el ICEX: Dentro de España Global y reconducir su actividad de la generalidad a la especialización y concentración de su acción. Anualmente se establecerá un plan de acción de carácter rotatorio a un número escogido de países y sectores.
  • Crear el programa “empresa global” de apoyo específico a empresas de internacionalización acelerada.
  • Elaborar un Plan que potencie el papel internacional de las empresas españolas como proveedores de servicios desde nuestro país, especialmente tecnológicos.
  • Aumentar los incentivos para que las grandes multinacionales españolas (IBEX) actúen como tractoras de la internacionalización de nuestras PYMEs.
  • Potenciar la entidad “Invest in Spain” y fomentar inversiones emblemáticas en los sectores prioritarios y en nuevas tecnologías (a través de misiones internacionales y desgravaciones fiscales).
  • Dar entrada a la participación privada en los organismos (estatales y autonómicos) de apoyo a la internacionalización.
  • Aumentar la dotación del Fondo para la Internacionalización de Empresas (FIEM) hasta los 500 millones de Euros anuales, y se reformará su normativa para permitir una tramitación de los créditos mucho más ágil. Se dará prioridad a la financiación de proyectos en los que participen más de una empresa española, especialmente PYMES.
  • Abrir una línea especial de avales y garantías, a cargo del ICO, especializada en proyectos de licitaciones públicas en terceros países para consorcios de empresas españolas.
  • Potenciar la actividad que desarrolla la Compañía de Seguros de Crédito a la Exportacion (CESCE) en el impulso a las exportaciones de las empresas españolas garantizando su continuidad dentro del sector público.
  • Transformar la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), en un verdadero banco de desarrollo. Para ello, se potenciará la actividad de dicha sociedad en el área de fondos de inversión y fondos soberanos. En este sentido es preciso una separación clara de la actividad entre COFIDES y el ICO, concentrándose este último en la actividad nacional.
  • Potenciar el acompañamiento institucional y diplomático para las transacciones económicas internacionales: Evitaremos que las empresas españolas puedan incurrir en malas prácticas en sus inversiones extranjeras que mermen la capacidad competitiva y repercutan negativamente en el valor empresarial y garantizaremos el cumplimiento del Convenio OCDE contra la corrupción en transacciones económicas internacionales.

 

 

 

 

 

Financiación empresarial: más allá del crédito bancario

La dificultad de buena parte de las empresas para obtener nuevo crédito que favorezca el crecimiento económico sostenido, como consecuencia de las imperfecciones del mercado de crédito y el escaso desarrollo de otras formas de financiación, genera problemas que impiden o dificultan la creación de nuevas empresas y limitan el crecimiento o abocan al cierre a las ya existentes. Es decir, limitan nuestro tejido empresarial y nuestro desarrollo económico.

Es por tanto necesario un enfoque que actúe en al menos tres frentes principales: (i) reformando la ley de segunda oportunidad para resolver los problemas de sobre endeudamiento de PYMES, micro empresas y personas que trabajan por cuenta propia; (ii) mejorando el acceso a la financiación de PYMES, start-ups y personas autónomas, a través de mecanismos de financiación pública, fundamentalmente el ICO y; (iii) desarrollando y fortaleciendo los mecanismos de financiación no bancaria.

La dependencia de la financiación bancaria es una constante histórica de la economía española. En nuestro país la financiación empresarial a través de bancos se cifra en torno al 80%. Una cifra muy superior, por citar solo dos ejemplos, al 55% en Alemania o, incluso, al 30% en EE.UU.

Es necesario apostar por la diversificación de las fuentes de financiación de las empresas, sobre todo de las PYMES. Debemos crear el marco que permita impulsar vías de financiación alternativas, convergiendo hacia las pautas europeas de financiación, más equilibradas, en las que el crédito bancario ha de perder protagonismo en términos relativos.

El recurso a los mercados de valores de renta variable –que sí son utilizados habitualmente por las grandes empresas-, la emisión de bonos o títulos corporativos, los préstamos a través de fondos de inversión (direct lending) o los mecanismos de financiación alternativa -colectiva (crowfunding) o de inversores providenciales (business angels)- son, por ello, elementos a potenciar como instrumentos de financiación de nuestras empresas (sobre todo de las PYMES).

Asimismo, resulta necesario reforzar como Banco Público  el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como instrumento de financiación de empresas y autónomos, que les permite afrontar proyectos de inversión o sus necesidades de liquidez, y colaborar con las agencias autonómicas que disponen de fondos propios para tal fin.

 

Medidas para potenciar la diversificación

  • Reforzar los mercados de valores alternativos tanto para instrumentos de deuda como de capital, dirigido a empresas medianas.
  • Atraer inversiones en España de Fondos Soberanos. Es necesario adoptar una estrategia sistemática para potenciar en España fondos de capital bilaterales (sobre todo de capital riesgo, capital expansión y venture capital).
  • Crear un Fondo de circulante y de descuento de facturas, como instrumento de financiación a corto plazo, que se constituirá con aportación mixta de capital público (ICO-BEI) y privado, que facilitará liquidez a compañías solventes enfrentadas a la imposibilidad de acceder a financiación bancaria.
  • Lanzar un Fondo Estratégico de Innovación y Reindustrialización (FEIR), como gran fondo estatal público-privado llamado a impulsar las inversiones en capital-riesgo y capital semilla  en innovación y sectores prioritarios, movilizando capitales privados, integrando bajo el mismo paraguas los fondos de inversión públicos existentes y dispersos, actuando como paraguas o “fondo de fondos”, con una orientación preferente hacia las nuevas empresas innovadoras y de sectores de alta tecnología, así como hacia aquellas provincias o comarcas que carezcan de un tejido industrial significativo en el territorio.
  •  Reforzar el sistema de garantías recíprocas. Incentivaremos el aumento de tamaño de las Sociedades de Garantía Recíproca con fusiones o consolidaciones para crear un mercado a nivel nacional. Al tiempo, reforzaremos las contra-garantías públicas aumentando los recursos de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).
  • Evitar que las cooperativas de crédito desaparezcan, estableciendo que las funciones de supervisión de las mismas sean asumidas por el BCE y el Banco de España en el marco de la Unión Bancaria.
  • Reactivar el mercado de titulizaciones de empresas y de bancos, favoreciendo:

    • La flexibilización para empresas pequeñas de la emisión de deuda garantizada por activos.
    • Un  nuevo esquema de transparencia de información de entidades que se quieren financiar mediante emisiones.

  • Potenciar mecanismos de financiación alternativos, como los business angels y el capital riesgo a través de la revisión de su marco regulatorio y su régimen fiscal.
  • Impulsar el Crowdfunding, modificando la Ley de Financiación Empresarial en dos aspectos: (i) incorporar medidas de transparencia que ayuden a limitar los riesgos para los inversores. (ii) aumentar los límites de inversión.

Medidas para reforzar el ICO

  •  Crear una ventanilla única del ICO, que atienda y canalice todas las diferentes líneas de financiación y productos financieros que ofrece simplificando la complejísima maraña de ayudas, que suponen costes de información y gestión elevados, a la que se enfrentan las empresas.
  • Conseguir que el ICO actúe como una auténtica Banca Pública de Inversiones.
  • Establecer un amplio menú de líneas de financiación y ofrecimiento de apoyo estratégico. El ICO ayudará al empresariado a diseñar la mejor estrategia de financiación. Las líneas de financiación incluirán provisión de garantías para préstamos a PYMES, garantías recíprocas, servicios de intermediación para la obtención de créditos, líneas de financiación directa (limitando el porcentaje del proyecto que se financia, como hace el BEI), líneas de mediación a bancos vinculadas a financiación a PYMES, emisiones de deuda finalista, capital riesgo, o microcréditos.
  • Crear una línea ICO exclusiva para nuevas empresas, dedicada a cubrir la financiación de inversión y liquidez de las empresas, en particular PYMES, con un año de carencia para la devolución del crédito.
  • Incrementar los niveles de financiación empresarial. Para estimular la concesión de líneas ICO por parte de las entidades financieras a las empresas, en particular en segmentos estratégicos como las start-ups, PYMES, proyectos de internacionalización, etc. el ICO compartirá riesgos con la banca privada y para ello reforzará ampliamente el departamento de Análisis de Riesgos.
  • Asimismo, se reforzará la profesionalización e independencia del gobierno corporativo del ICO, ampliando la representatividad del Consejo de Administración e incorporando consejeros independientes profesionalmente reconocidos en el ámbito financiero. Además, se reforzará y expandirá la red física en el conjunto del país para permitir una mayor capacidad de llegada a las PYMES y sectores estratégicos.
  • Financiar vivienda pública de alquiler. Una línea de actuación del ICO será financiar la construcción de viviendas sociales para integrarse en el parque público de viviendas de alquiler, en línea con los objetivos de los planes estatales de vivienda, así como para financiar actuaciones de rehabilitación y renovación de viviendas individuales especialmente la rehabilitación sostenible.
  • Favorecer el asesoramiento legal y financiero de las estrategias de internacionalización de empresas españolas, incluyendo el acceso a la financiación de organismos internacionales como el BEI o los bancos de desarrollo. Establecer acuerdos entre el ICO y las entidades financieras nacionalizadas utilizando la red de oficinas para la distribución de créditos del ICO.

Estrategia para Bankia.

  • No malvender Bankia. La privatización de Bankia se llevará a cabo, de acuerdo con las autoridades europeas, en el momento que permita recuperar todo o la mayor parte del valor invertido por el Estado.  Apoyar, mientras tanto, la gestión dirigida a convertir a Bankia en un banco comercial ejemplar, de modo que su modelo de negocio y su gestión sea referencia para todas las entidades financieras españolas.

Reformar la SAREB

  • Mejorar la gestión de la SAREB, el “banco malo”, para evitar que se convierta en un riesgo mayor para el Estado como avalista. Respetando los derechos del accionariado privado que ha invertido en la SAREB, revisaremos su funcionamiento para introducir la máxima transparencia y rendición de cuentas en su gestión y contabilidad, y para contribuir, de acuerdo con las CCAA, en coordinación con las entidades locales , a crear un parque de vivienda social de alquiler al que puedan acogerse, también, familias desahuciadas de su vivienda habitual. Impondremos condiciones estrictas y transparentes a la venta de sus activos inmobiliarios a fondos de inversión.

 

Una bien entendida unidad de mercado

Las empresas que operan en mercados fragmentados son menos competitivas, cuentan con menos posibilidades de crecer y de aprovechar las economías de escala.

Para una correcta aplicación del principio de unidad de mercado y garantizar el correcto equilibrio entre éste y el principio de autonomía, pondremos en marcha las siguientes medidas:

  •  Modificar la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado de 2013, para incorporar un procedimiento de colaboración entre diferentes administraciones basado en la lealtad institucional. Asimismo, garantizar la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica en el ámbito de todo el país, así como la libertad de circulación y establecimiento de los operadores económicos, sea cual sea su procedencia.
  • Reformar la Ley para hacerla compatible con el ordenamiento vigente a escala europea, en particular respecto a las razones imperiosas de interés general que suponen la concreción de los principios de proporcionalidad para justificar requisitos o restricciones en el acceso a las actividades económicas, ya sean servicios o de cualquier otro tipo. Hacerlo, en particular, respecto a la conocida como “Directiva de Servicios”, que establece una serie de principios básicos para la libre circulación, en especial el principio de eficacia nacional de los medios de intervención administrativa.
  • Promover un acuerdo a través del diálogo transparente y directo con todas las administraciones para reducir las diferencias fiscales entre CCAA (imposición, tasas, subvenciones), que constituyen buena parte de las dificultades que complican la unidad del mercado.
  • Incorporar en el Consejo para la Unidad de Mercado a las principales organizaciones y asociaciones empresariales, para que puedan transmitir las preocupaciones de sus asociados.
  •  Plantear a escala comunitaria en la Unión Europea esta cuestión con el fin de garantizar el funcionamiento del Mercado Único porque sólo a escala europea se puede garantizar la existencia de niveles de competitividad suficientes para crecer con vigor, crear empleo de calidad y mantener el modelo social europeo y seguir reforzándolo.