I+D+i

Las empresas son las protagonistas de la política industrial y de la política de innovación. Sin embargo, el papel clave que juegan el personal científico y los centros de investigación como motores o drivers del cambio tecnológico es indiscutible. Concretamente, es claro que (1) una economía fuertemente innovadora necesita una sólida base de ciencia básica y aplicada, sin la cual, por ejemplo, no nacerían la mayoría de start-ups tecnológicas; y (2) muchos proyectos de I+D empresarial tienen un componente científico desarrollado por universidades, centros de investigación, centros tecnológicos o científicos individuales.

También es posible apreciar, como demuestran los datos de Eurostat en relación con los países de nuestro entorno, cierta correlación entre inversión pública (sobre todo, deducciones fiscales) en I+D+i y creación de empleo cualificado.

Las economías más innovadoras y competitivas del mundo nos demuestran que la política científica debería priorizar, dentro de las áreas de investigación, aquellas que puedan tener un impacto mayor en el conjunto de la economía y la sociedad estableciendo acciones estratégicas específicas que sirvan de catalizador de la innovación empresarial.

 

PROPUESTAS

  • Duplicar la inversión pública no financiera en I+D+i civil en la legislatura, ajustando la inversión dedicada a operaciones financieras a las necesidades y capacidad real de absorción por empresas e instituciones. Al final de la legislatura los recursos destinados a operaciones no financieras alcanzarán como mínimo el 50% de la inversión pública total, y ésta representará al menos el 2,5% del gasto público en los Presupuestos Generales del Estado.
  • Potenciar la Red INNPULSO de ciudades innovadoras para incorporar las entidades locales a la Estrategia Nacional de Innovación con una adecuada dotación de recursos.
  • Crear el Estatuto jurídico de Joven Empresa Innovadora, que unifique y clarifique el marco regulatorio de aplicación para que el conocimiento generado en los centros de investigación se transfiera a la sociedad.
  • Reforzar el papel de las OTRIs (Oficinas de Transferencia y Resultados de la Investigación) de las Universidades y OPIs para poner en valor el stock de conocimiento y saber disponible.
  •  Restablecer como objetivo estratégico el horizonte europeo de alcanzar una inversión total, pública y privada, del 3% del PIB y defender en las Instituciones Europeas la aplicación de la “regla de oro” que permite que las inversiones en I+D+i no computen como gastos en el cálculo del déficit público.
  • Crear el Consejo para la Ciencia y la Innovación, dirigido por la Presidencia del Gobierno.
  • Convertir el CDTI en la Agencia Estatal de Innovación, otorgándole más autonomía y mayores recursos para que pueda realizar con plena eficacia las funciones previstas por la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, evitando la dispersión de programas y convocatorias de ayudas entre departamentos. En particular, potenciaremos el papel del CDTI para ayudar a nacer y crecer empresas tecnológicas también mediante la capitalización de las mismas en aquellas fases donde apenas hay agentes privados por el alto riesgo tecnológico y financiero inherente, es decir desde la fase de capital semilla y arranque hasta la de maduración y expansión de la empresa.
  •  Expedir sin coste alguno las certificaciones tecnológicas necesarias para las deducciones fiscales por I+D de las empresas, con el fin de mejorar la eficacia del sistema de incentivos fiscales a la I+D+i. España tiene uno de los sistemas de incentivos fiscales a la I+D de las empresas más generosos de la OCDE. Sin embargo, muchas empresas españolas que realizan I+D, sobre todo PYMEs, no utilizan las deducciones fiscales existentes por razones de seguridad jurídica y por el coste relativamente elevado de las certificaciones que se exigen. Mejoraremos aspectos tales como los tiempos para lograr la acreditación, estableceremos el silencio positivo para la auditoría de gastos, la igualación de las bonificaciones de productos y las de procesos o la estabilidad de los incentivos para el futuro.
  • Mejorar el marco fiscal para favorecer la reinversión y el cambio tecnológico, mejorando las deducciones por reinversión en actividades de alta y media tecnología y creando una reserva contable por obsolescencia tecnológica.
  • Establecer un nuevo programa de estímulo de la cooperación público-privada en investigación industrial que, basado en la experiencia del programa CENIT, financiará con subvenciones de hasta el 50% proyectos orientados a una investigación de largo plazo en áreas tecnológicas de futuro y con potencial proyección internacional.
  • Aplicar criterios de optimización en la definición, redefinición y dotación de Parques Científicos y Tecnológicos con el objetivo de fortalecer estas infraestructuras, de modo que se transformen en clúster empresariales innovadores y espacios favorecedores de la circulación de conocimiento.
  • Rebajar el tipo de interés de los créditos blandos del Gobierno de España que financian proyectos de I+D+i empresarial, tomando como referencia el tipo al que se endeuda el Estado.
  • Impulsar la Compra Pública Innovadora (CPI). Dedicaremos el 3% de todas las nuevas inversiones públicas a Compra Pública Innovadora e incluiremos en la CPI criterios de eficiencia y  sostenibilidad ambiental. La CPI estimula la “demanda temprana”, permite a las empresas validar nuevas tecnologías y tiene un efecto demostrador ante clientes –públicos y privados- de terceros países, que piden referencias sobre empresas españolas que optan a licitaciones en el extranjero. Permite además mejorar los servicios públicos a la ciudadanía, incorporando tecnologías y procedimientos novedosos.
  • Potenciar y ampliar el Sello de PYME Innovadora, como por ejemplo en Francia, que sirva para visibilizar y estimular las actividades de innovación empresarial y permita simplificar drásticamente trámites administrativos relacionados con el fomento de la innovación. Y que estos sellos también puedan puntuar en los procedimientos de licitación como empresas comprometidas con el desarrollo y la mejora continua.
  • Crear una red de Centros de Excelencia en Innovación Industrial (CEII): una red de centros tecnológicos, inspirados en los Advanced Manufacturing Institutes de EEUU y el Fraunhofer-Institut de Alemania. a red de CEII estará formado por una serie de Institutos para la Innovación Industrial en torno a los “productos y tecnologías facilitadoras” (tales como nanotecnología, micro-nano electrónica, materiales avanzados, fotónica, biotecnología industrial o sistemas de producción avanzados) en los que colaborarán empresas, universidades, centros de investigación y administraciones públicas.
  • Mejorar el entorno fiscal y financiero para hacerlo accesible de forma preferente a las PYMEs que desarrollen actividad innovadora vinculada a la generación de puestos de trabajo o que integren innovación. Rebajar al 0% el tipo de interés de los créditos blandos del Gobierno de España que financian proyectos de I+D empresarial y reconocer al inversor comprometido con el emprendimiento y la innovación.
  • Asegurar que los incentivos fiscales puedan ser extendidos a los inversores, ya sean personas físicas, sociedades de capital riesgo o fondos de inversión, que inviertan en jóvenes empresas innovadoras, dado que éstas frecuentemente no pueden aprovechar los incentivos al no tener beneficios en los primeros años de vida.
  • Promover medidas específicas de apoyo para la participación de las PYMEs en los proyectos I+D con grandes empresas, estimulando de forma eficiente los binomios Empresa Tractora–PYME para fomentar el desarrollo tecnológico y permitir a las PYMEs alcanzar la dimensión necesaria para incrementar su productividad, competir internacionalmente y desarrollar actividades innovadoras más ambiciosas.
  • Impulsar un Plan para la Internacionalización de Empresas Innovadoras que incluirá los aspectos fiscales y financieros, el establecimiento de alianzas estables en otros continentes, la mejora y adaptación de los programas de colaboración científica y tecnológica actuales y el aumento del porcentaje de fondos nacionales vinculados a cooperación internacional en I+D, así como el impulso de nuevos programas, entre otras líneas de actuación.

Medidas para impulsar la industria manufacturera

La reindustrialización de España no puede basarse exclusivamente en el desarrollo de industrias de tecnología punta o intensivas en capital. Es necesario también la potenciación de sectores de gran importancia tradicional en España como son la industria agroalimentaria, las relacionadas con el textil y el calzado, el equipamiento del hogar, la industria química y farmacéutica, entre otros. En conjunto, estos sectores representan cerca del 40% del total de las exportaciones, por encima del 20% que representan los bienes de equipo o del 15% que suponen los alimentos sin procesar o el sector de la automoción.

Se trata, en general de sectores cuya importancia va más allá de su participación en el PIB. El predominio de las PYMES, su carácter intensivo en empleo que requiere cualificaciones específicas, sus fuertes eslabonamientos dentro de la cadena de valor en relación con las industrias extractivas, les confieren una importancia estratégica para lograr una economía equilibrada y armónica en su conjunto. Asimismo, la localización multipolar frecuente de estos sectores en los diferentes territorios formando distritos o clusters industriales implantados por todo el territorio nacional les confiere una gran importancia para la cohesión territorial y la dinamización de entornos con una base económica débil y sin facilidad para dotarse de alternativas en el corto plazo.

Todas estas actividades se caracterizan por un importante predominio de las pequeñas y medianas empresas, un intenso proceso de innovación tecnológica de la mano no sólo del cambio en las tecnologías de producción sino también de la integración de actividades de desarrollo reciente en otras más tradicionales dando lugar a nuevos campos de desarrollo como la domótica o los textiles inteligentes, y al mismo tiempo una intensa competencia internacional proveniente de países de reciente incorporación a los flujos del comercio intraindustrial a nivel mundial. Casos de éxito de empresas españolas de estos sectores que ocupan lugares de liderazgo a nivel mundial deben servir de estímulo y trampolín para que más empresas sigan su ejemplo.

Buena parte de las medidas de reindustrialización presentadas en este capítulo tienen en el sector de las industrias manufactureras un ámbito fundamental de aplicación para mejorar la capacidad de competir de la economía española en su conjunto. Junto a esas presentamos las siguientes propuestas específicas para este sector:

PROPUESTAS

  • Elaborar planes sectoriales de diagnóstico de necesidades de innovación a nivel nacional a propuesta y con participación de las CC.AA. interesadas en cada sector, asociaciones empresariales o grupos de empresas, para impulsar el desarrollo de nuevos procesos y productos con mayor contenido tecnológico. Las universidades, los organismos públicos de investigación y los centros de investigación privados serán invitados a participar.
  • Impulsar la creación de clusters sectoriales o territoriales en torno a universidades, centros tecnológicos o empresas de tamaño mediano-grande para llevar a cabo el desarrollo tecnológico y la aplicación productiva de los planes sectoriales de necesidades de innovación. Implicar al CDTI en la financiación de los proyectos surgidos en el marco de estos planes, en coordinación con los organismos competenciales correspondientes de cada Comunidad Autónoma.
  • Apoyar la creación y funcionamiento de unidades de servicios avanzados en materia de innovación en régimen de cooperación entre empresas para superar limitaciones de escala, tales como servicios de diseño y desarrollo de producto, de gestión de plataformas en la red, de análisis de laboratorio y certificación de cumplimiento de normas técnicas, prospectiva de mercados, gestión logística de abastecimientos y distribución, publicidad, servicios de gestión administrativa compartida incluyendo la licitación conjunta de pymes a contratos públicos.
  • Apoyar estrategias conjuntas de empresas para la apertura de nuevos mercados y el reforzamiento de la presencia en los actuales, en colaboración con las Cámaras de Comercio y Oficinas Comerciales, Turísticas y Culturales del Gobierno de España en el exterior así como como con ferias internacionales de referencia en cada sector.
  • Reforzar la complementariedad entre la promoción exterior de los productos españoles y el papel que los turistas que visitan España pueden desempeñar también como embajadores de los productos de consumo españoles (p. ej. a través del turismo de compras, el consumo de productos en servicios de restauración o su uso en los alojamientos turísticos).

La protección de la propiedad industrial y la promoción de patentes.

 

Para incentivar la innovación e incrementar sus beneficios, es esencial proteger los derechos de propiedad Intelectual e industrial. En una época de rápido cambio tecnológico, es necesario equilibrar esta protección a la propiedad industrial –que proporciona incentivos para la primera innovación, para que no bloquee futuras innovaciones e impida que haya demandas judiciales abusivas.

Por lo tanto, proponemos:

  • Elaborar un plan estratégico a medio plazo de promoción de propiedad industrial, con la participación de todos los agentes del sistema, que contemple las acciones a realizar para aprovechar el potencial económico que pueden representar las innovaciones producidas por el sistema de I+D. Establecer, dentro de dicho plan un marco regulatorio que potencie y facilite la colaboración entre empresas y Universidades u Organismos públicos de Investigación.
  • Mejorar el funcionamiento de la Administración en relación a la propiedad industrial, en particular en la calidad de sus resoluciones y en los tiempos en que realiza su trabajo, fomentando el acceso directo de la creatividad y la innovación a los registros, simplificando trámites y facilitando el acceso a los mismos a través de internet de manera que se equipare la Oficina Española de Patentes y Marcas en calidad y excelencia tanto a la Oficina Europea de Patentes como a la Oficina de Armonización del Mercado Interior.
  • Impulsar la resolución extrajudicial de conflictos en materia de propiedad industrial como medio para la agilización y simplificación de los mismos.
  • Defender la libertad de elección del software en las Administraciones Públicas, fomentando el uso de software abiertos y evitando la imposición de determinados tipos de software sobre otros que limiten la capacidad de las AAPP de adaptarse a las necesidades cambiantes del entorno. Establecer claramente la no patentabilidad del software. Crear un marco regulatorio realidad de la situación.
  • Establecer una tarifa especial de ¨coste cero¨ para el registro de patentes surgidos en el ámbito universitario o científico en proyectos de investigación cuyos objetivos estén recogidos en los Planes Nacionales de I+D.
  • Incorporar un nuevo supuesto en el que proceda someter una patente a un régimen de licencias obligatorias para garantizar el equilibrio entre el interés general y el interés individual del titular de la patente. Este supuesto se producirá en aquellos casos en los que el invento haya demostrado tener efectos determinantes para el tratamiento médico de pacientes cuya salud corre un riesgo severo y los precios resulten abusivos atendiendo al coste de producción o de comercialización en otros países, y además supongan una carga excesiva para el servicio de salud o para los pacientes que deban sufragarlo.
  •  Continuar apoyando el castellano, y a las demás lenguas oficiales, como lenguas tecnológicas, sin que se perjudique a los intereses de las empresas españolas en el ámbito de la patente unitaria europea, y estimularemos la presencia de expertos y expertas españolas en los organismos internacionales más destacados en Propiedad Industrial.
  • Promover un sistema alternativo y gratuito para  la protección del Diseño Industrial, con especial atención a las pymes y sectores tradicionales
  • Crear un marco jurídico para la protección de las denominaciones de origen no agrícolas