Elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores como carta de derechos e igualdad en las relaciones laborales

Los y las socialistas derogaremos con carácter inmediato toda la reforma laboral del PP, que estableció un modelo de empleo precario, de bajos salarios, de despidos baratos y un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios. Un modelo que ya ha sido desautorizado en muchos de sus contenidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Un modelo que preocupa a la OIT y a la OCDE por las consecuencias que origina en el nivel de pobreza de nuestra ciudadanía y en el deterioro de nuestro clima social. Y la sustituiremos por una norma dialogada con los agentes sociales.

Son muchas las condiciones que han cambiado desde que se aprobó el primer Estatuto de los Trabajadores. La globalización y una economía que hoy se extiende prácticamente a escala mundial; nuestro ingreso en la Unión Europea; la plena incorporación de las mujeres al mercado de trabajo; el uso intensivo de las nuevas tecnologías; el cambio profundo en las formas de organizar la empresa y la producción; o la apertura de nuestras empresas al comercio exterior. Todos estos cambios en la realidad económica y social demandan también un cambio de la misma intensidad y dirección en nuestro marco de relaciones laborales.

Aprobaremos, con carácter inmediato, un decreto-ley que recupere la centralidad de la negociación colectiva, eleve el salario mínimo interprofesional, garantice los derechos de los trabajadores y combata de manera eficaz la precariedad en el empleo, que son las prioridades que hoy tienen los trabajadores de nuestro país. En paralelo, abriremos un proceso de diálogo social desde la voluntad de acuerdo con los Sindicatos y las organizaciones empresariales que culmine en la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que deberá garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres y derechos laborales como la formación profesional, la igualdad en el acceso al empleo, la seguridad y salud en el trabajo o el reconocimiento de nuevos derechos como la libertad religiosa, el secreto de las comunicaciones y el derecho a la propiedad científica e intelectual de los trabajadores; incorporar la negociación y el acuerdo en los procesos de adaptación de las empresas para el mantenimiento del empleo; recuperar la causalidad y proporcionalidad del despido, incluyendo la revisión de los costes del mismo, y la razonabilidad en los despidos colectivos; garantizar que el despido sea la última medida en los procesos de reestructuración empresarial y asegurar una tutela judicial efectiva frente al despido. Así mismo, en la reforma constitucional que proponemos los socialistas se verán reflejados como derechos laborales, entre otros, el derecho a la seguridad, salud y dignidad en el trabajo y la tutela judicial efectiva ante los despidos injustificados.

 

PROPUESTAS

  • Recuperar el sentido original del Estatuto de los Trabajadores como carta de derechos: garantizar los derechos laborales más clásicos, como el derecho a la formación profesional o la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, e incorporar al Estatuto de los Trabajadores el reconocimiento de derechos tan básicos como la seguridad y salud en el trabajo, la libertad religiosa, el secreto de las comunicaciones, incluso las que tienen que ver con el uso de internet, del correo electrónico o las redes sociales; y el derecho a la propiedad científica e intelectual de los trabajadores.
  • Garantizar la igualdad de mujeres y hombres en el acceso, mantenimiento y promoción en el empleo. A este fin nos proponemos:

    • Registrar planes de igualdad negociados para garantizar que se conviertan en normas de obligado cumplimiento.
    • Impulsar la incorporación y promoción de la mujer en trabajos emergentes en el nuevo modelo productivo.
    • Revisar todas las normas relativas a los permisos parentales para evitar que la neutralidad en su formulación impulse que sean mayoritariamente las mujeres los que disfruten de ellos, avanzando hacia el concepto de corresponsabilidad en la asunción de las responsabilidades familiares más que en el de conciliación de la vida laboral y familiar;
    • Levantar la suspensión que hoy sufre el permiso de paternidad pasando de 2 a 4 semanas y, progresivamente, hacer  coincidir su duración con la del permiso de maternidad, además de  configurarlo como obligatorio e intransferible;
    • Desarrollar la prestación no contributiva por maternidad en el ámbito de la Seguridad Social, a fin de evitar la desprotección que supone que un tercio de los nacimientos de nuestro país no genere prestaciones de maternidad/paternidad. A este fin, todas las mujeres demandantes de empleo que tengan un hijo y no tengan derecho a la prestación contributiva de maternidad disfrutarán de una prestación no contributiva por esa contingencia de 6 semanas de duración;
    • Ratificar el Convenio 189 de la OIT al objeto de consolidar la igualdad de derechos laborales y de Seguridad Social de las mujeres que trabajan en el hogar familiar.

  • Reconocer el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual:

    • se aprobará una nueva regulación de las enfermedades profesionales a fin de considerar como tales las que se ocasionen o agraven en el centro de trabajo y se tenga en cuenta el criterio epidemiológico para declarar su existencia. Los trastornos musculoesqueléticos , propios de muchas actividades realizadas por mujeres, tendrán la consideración de enfermedad profesional;
    • se potenciará la integración de la prevención en la empresa y se facilitará la existencia de servicios de prevención propios. Nuestro objetivo es que, en el plazo de una legislatura, todas las empresas con una plantilla de más de 100 personas tengan integrada alguna de las especialidades preventivas. Se actualizará la Ley de Prevención de Riesgos Laborales incorporando una perspectiva de género.

  • Poner fin a la figura de los falsos autónomos y terminar con las becas que encubren verdaderos contratos de trabajo con campañas específicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y cambios normativos en una doble dirección:

    • Las personas autónomas económicamente dependientes que hoy regula el Estatuto del Trabajo Autónomo pasarán a formar parte del ámbito del Estatuto de los Trabajadores, para que tengan los mismos derechos laborales y de Seguridad Social y se les aplique la negociación colectiva;
    • el nuevo Estatuto de los Trabajadores incorporará una definición de la condición de becario o becaria, de modo que exigirá que la finalidad de su actividad en la empresa sea únicamente formativa y no productiva, requiriéndose en todo caso que la persona becada se encuentre incorporada a un programa formativo curricular. Y se garantizarán sus cotizaciones a la Seguridad Social

  • Establecer tres modalidades de contrato de trabajo: un contrato de trabajo indefinido para la cobertura de puestos de trabajo estables; un contrato de trabajo temporal para la cobertura de puestos de trabajo temporales; y un contrato de relevo y para la formación:

    • se derogará el contrato de fomento de emprendedores.
    • no podrán cubrirse puestos de trabajo permanente con contratos temporales y ningún contrato temporal podrá durar más de 1  año, aunque la negociación colectiva podrá extenderlo hasta 2 y  determinar tasas máximas de temporalidad en los distintos sectores de  actividad productiva, incluidas las administraciones públicas.
    • las empresas que abusen de la contratación temporal pagarán más cotizaciones sociales, porque su abuso supone un sobre coste para todos en el pago de las prestaciones por desempleo.
    • Se actuará para que las contrataciones de temporada que se plasman en contratos temporales se reconduzcan a la modalidad fija discontinua con plenitud de derechos.

  • Subir el salario mínimo interprofesional para que alcance, en el término de dos legislaturas, el 60% del salario medio neto, que es la cuantía que señala la Carta Social Europea como retribución mínima suficiente. Esta subida se acompasará a la evolución de nuestra economía.
  • Acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres. Para ello se potenciarán las inspecciones de trabajo y se incrementará el régimen sancionador. . Todas las empresas tendrán un registro donde consten de manera desagregada los salarios y complementos salariales que perciben los trabajadores y las trabajadoras de su plantilla. Así mismo todas las empresas elaborarán obligatoriamente un plan o estrategia de lucha contra la desigualdad salarial.
  • Crear un Observatorio de Competitividad y Productividad que emita recomendaciones oficiales que informen a los agentes sociales de distintas variables que inciden en la competitividad empresarial y su evolución, como son los costes financieros, los energéticos, la política de innovación empresarial e inversiones tecnológicas, los modelos de organización empresarial y tamaño óptimo de las empresas y el crecimiento salarial necesario para mantenerse en línea con las subidas existentes en los países de la zona euro, en aras de mejorar nuestra competitividad como país e impulsar una mayor relación entre productividad y salarios. Debe quedar absolutamente claro que este observatorio únicamente emite recomendaciones y no imposiciones que pudieran dañar la autonomía colectiva de organizaciones sindicales y empresariales para pactar las políticas salariales que consideren adecuadas.
  • Eliminar el prestamismo laboral y hacer efectivo que los trabajadores y trabajadoras contratados por las empresas de servicios cobren lo mismo que los que realizan el mismo trabajo que ellos pero contratados por la empresa principal: a igual trabajo debe corresponder igual salario.
  • Impulsar un modelo de empleo de calidad que partirá de la ejemplaridad de la propia administración, tanto en la contratación que efectúe como en la que subcontrate. En todas las licitaciones públicas se exigirá el cumplimiento, cuando menos, del convenio colectivo aplicable, porque los derechos sociales no pueden ser objeto de puja.
  • Configurar los procesos de reestructuración empresarial de forma que el despido de trabajadores sea la última medida que se adopte. Los acuerdos en expedientes de regulación de empleo deben tener mayor seguridad jurídica y evitar el uso del despido disciplinario como mecanismo de regulación de empleo.
  • Garantizar el derecho al tiempo en el trabajo y la jornada como un derecho del trabajador y una forma eficiente de mejorar la producción, así como una garantía para la conciliación. Se limitarán y controlarán de forma exhaustiva las horas extraordinarias en las empresas para aumentar las contrataciones y mejorar la conciliación laboral y familiar.
  • Promover desde la Administración y en el marco de la negociación colectiva unos horarios laborales más acordes con los países de nuestro entorno y que permita una conciliación efectiva de la vida laboral y familiar, así como desarrollar unas jornadas de trabajo más adecuadas con el objetivo de la conciliación en los diferentes sectores y articuladas dentro del marco de la negociación colectiva, así como en actividades de ocio y en los medios de difusión.
  • Regular de nuevo el trabajo a tiempo parcial de modo que recupere su vocación de elemento flexibilizador y ordenador del tiempo de trabajo, compatible con las responsabilidades familiares y laborales, incluidas las formativas. Para ello el horario de trabajo deberá estar determinado en el contrato y la realización de horas complementarias tendrá que estar prevista en convenio colectivo; en todo caso, las modificaciones en dicho horario de trabajo y la antelación con la que debe comunicarse al trabajador o trabajadora deberá articularse de acuerdo a lo contemplado en la negociación colectiva.
  • Recuperar la fortaleza de la negociación colectiva como instrumento de igualdad. A este fin, serán las organizaciones y secciones sindicales las que ejerzan la negociación colectiva y pacten los descuelgues salariales. Los comités de empresa y delegados de personal ejercerán funciones de información, consulta y participación. Los acuerdos interprofesionales deben tener un papel central en el diseño de la estructura convencional y la ultraactividad del convenio colectivo.
  • Las medidas de flexibilidad interna que prevea el futuro Estatuto de los Trabajadores deberán ser acordadas con la representación de los trabajadores o, en caso de desacuerdo, solventadas con la autorización de procedimientos como la mediación o el arbitraje.
  • Elaborar una ley de participación institucional que clarifique el papel y la financiación de las organizaciones sindicales y empresariales, y potencie la mediación y el arbitraje como fórmula natural de solución de conflictos en el ámbito de las relaciones individuales y colectivas de trabajo.
  • Ratificar el Tratado Internacional de la Carta Social Europea revisada de 1996, firmada por España en el año 2000, pero no ratificada por las Cortes, y el Protocolo de Reclamaciones Colectivas para dotar a los derechos sociales y laborales de la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras españoles de una herramienta importante para su reconocimiento y defensa, así como para colocar a España en el nivel que le corresponde en los estándares de vocación europeísta.