Reformar el sistema público de empleo

Tras la reforma laboral, y de forma paralela, se han reducido en un 40% los fondos destinados a políticas activas de empleo, lo que, junto con las reducciones realizadas en las CCAA gobernadas por el PP, ha supuesto el desmantelamiento efectivo de los servicios públicos de empleo.

En materia de inversiones hemos pasado de un gasto medio de 1.300 euros por desempleado/año en 2011 a 700 euros/año; muy lejos aún de los países europeos más desarrollados que destinan más de 3.000€ por persona desempleada al año.

Estos años no han servido para acometer el proceso de recualificación y formación que necesitaba nuestro país, tanto para las personas ocupadas como para las desocupadas: tenemos casi 3 millones de trabajadores en desempleo con un nivel de estudios tan bajo que necesitarán formarse y reciclarse profesionalmente como única forma de tener esperanza de encontrar un trabajo.

Ha sido una legislatura perdida justo en el momento en que más necesaria era la formación como uno de los motores para recuperar empleo de calidad.

Los y las socialistas nos proponemos abordar este reto mediante la reforma de nuestro sistema público de empleo, impulsando las políticas activas y pasivas de empleo y transformando de raíz el sistema de formación, y todo ello con base en el diálogo y el consenso con los agentes sociales.

 

PROPUESTAS

Sistema Público de Empleo, un pilar fundamental de la política de empleo

  • Duplicar las inversiones destinadas a las políticas activas de empleo, exigiendo una evaluación de la eficacia de las mismas.
  • Elaborar un Plan Estratégico 2016-2025 que incluya, entre otros aspectos, el cambio de modelo de atención a las personas en situación de desempleo, una correcta articulación de las relaciones entre el servicio estatal y los autonómicos, mayor financiación, mejorar la vinculación entre políticas activas y pasivas, sana colaboración con entidades privadas y digitalización.
  • Crear la Agencia Pública de Empleo y cualificación como instrumento para una gestión mejor y más ágil de los recursos del sistema con la sustitución automática del actual Servicio Público de Empleo Estatal y mayor coordinación con las CCAA. La creación de esta agencia respetará en todo caso las competencias en políticas de empleo que tienen asumidas las Comunidades Autónomas. Garantizando, en todo caso, el principio de caja única de la Seguridad Social, se gestionarán de forma unificada tanto las políticas activas como las prestaciones de desempleo, con un proceso ágil, moderno y sin duplicidades. Cada persona desempleada tendrá una atención única e integral, en la que se realizará un seguimiento de su caso desde el primer momento: se le reconocerán las prestaciones que le correspondan por la Seguridad Social y se iniciará el itinerario personalizado de inserción de forma simultánea, activándose la orientación y formación profesional, según sea el caso.
  • Fortalecer, asimismo, la actuación local por el empleo. Los servicios públicos de empleo concretaran con la máxima transparencia sus actuaciones en la dimensión local y las coordinaran todas ellas con las actuaciones locales en el marco del desarrollo económico y la plena integración social del territorio. Los planes locales de empleo contendrán el diagnóstico económico y social del empleo del ámbito territorial, los ejes del desarrollo estratégico del territorio elaborado con el máximo consenso político y social, la valoración de todas las actuaciones pública en el territorio, y, finalmente de la priorización de las medidas sociales y económicas que favorezcan un crecimiento socialmente inclusivo y sostenible en el medio natural.

 

 

Recuperación de las políticas activas de empleo

  • La Agencia Pública de Empleo desarrollará una verdadera acción pública de colocación, que propicie el encuentro entre las empresas y los trabajadores y trabajadoras. El servicio de intermediación aspirará a ocupar un papel central en la contratación en el mercado de trabajo. Se dotará de recursos humanos especializados en la selección de personal.
  • La acción pública de colocación priorizará la selección de personal de PYMES, siendo un servicio gratuito, eficaz y que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
  • La orientación profesional personalizada tendrá la consideración de derecho y ofrecerá las pautas y servicios necesarios para conseguir una colocación adecuada a las personas desempleadas.
  • Implantar políticas de activación económica, dirigidas a aquellos colectivos más vulnerables económicamente, especialmente las personas en situación de desempleo mayores de 45 años. Para ello, con la colaboración especial de las Corporaciones Locales, se desarrollarán programas de formación-empleo que permitan una experiencia laboral, al tiempo que adquieren una cualificación, a los parados de larga duración. En especial a aquellos pertenecientes a familias con todos sus miembros en paro.
  • Recuperación del subsidio para personas desempleadas mayores de 52 años en las condiciones preexistentes antes de la entrada en vigor del RDL 20/2012.
  • Desarrollar el Plan de Garantía Juvenil como instrumento fundamental de activación para la juventud desempleada. Se promoverán programas de segunda oportunidad para luchar contra las consecuencias del abandono escolar temprano. Se diseñarán actuaciones para aquellos que carezcan de experiencia a través de programas de primera experiencia profesional.
  • Promoveremos la creación de un fondo de lucha contra el desempleo entre los países de la Eurozona.

Formación integral al servicio del empleo

  • Suprimir todas las bonificaciones a la contratación, salvo las dedicadas a las personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género, y destinar la inversión que actualmente se dedica a las mismas a formación para el empleo.
  • Diseñar la gobernanza, planificación y estrategia del sistema de formación profesional para el empleo con todos los agentes implicados en ella y gestionar la formación para el empleo a través de los centros públicos integrados, centros privados de calidad e infraestructura propia del sistema educativo. Este sistema de formación profesional para el empleo será evaluado periódicamente.
  • Permitir la capitalización de la prestación por desempleo para que las personas desempleadas puedan desarrollar procesos de formación/reciclaje profesional que deriven en la obtención de un título de grado o postgrado universitario.
  • Aprobar un programa de formación + acreditación para que 700.000 jóvenes adquieran la formación básica necesaria para su recualificación profesional. Un programa para la reinserción formativa de la juventud que ha abandonado el sistema educativo sin la titulación de ESO y que no trabajan. Su objetivo es ofrecer a 700.000 jóvenes la posibilidad de acreditarse en competencias clave de nivel 2 imprescindibles para optar a la especialización formativa en un plazo de 6 meses. El programa se desarrollará con la suma de estas tres acciones: (i) oferta pública de cursos de competencias clave de nivel 2; (ii) elaboración de un dispositivo de formación a distancia para realizar estos cursos; (iii) realización masiva de pruebas de acreditación de las competencias clave.
  • Consideración de la acreditación del reconocimiento de las competencias profesionales como un derecho, simplificando los procedimientos de evaluación y manteniendo la validez y la fiabilidad. Otorgar validez académica a la acreditación para el acceso a ciclos formativos (equipararla a una prueba de acceso a ciclos: nivel 2, Equivalente a ESO y Nivel 3, Equivalente a Bachillerato). Se establecerá un sistema de formación y acreditación de tutores y formadores de empresa.
  • Establecer planes y programas de formación y reciclaje en el marco de las políticas activas de empleo que faciliten acceso de las mujeres a los mismos. Promover políticas activas de acceso al empleo y a la mejora de la cualificación profesional de las mujeres en sectores, profesiones y categorías en las que se encuentren infrarrepresentadas, de manera especial en el campo de las nuevas tecnologías y en los trabajos emergentes en el nuevo modelo productivo.