Transición energética

Un plan estratégico, horizontes 2030 y 2050, para la transición energética

Queremos suscitar un amplio consenso sobre la hoja de ruta de la transformación de nuestro modelo energético. Queremos definir una política energética de largo alcance, que asegure a la ciudadanía  el acceso a la energía a precios asequibles y convierta el sector energético en factor de competitividad y en motor de innovación, desarrollo y generación de empleo, reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles, impulsando el autoabastecimiento, fortaleciendo la seguridad de suministro, y luchando eficazmente contra el cambio climático.

Por ello, impulsaremos un Pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dotar a la política energética de una estabilidad mayor de la que ha tenido en los últimos años y facilitar la transición energética hacia un modelo seguro y sostenible, eficiente, bajo en carbono, construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables.

Disponer de un Pacto de Estado de la Energía es necesario para dar continuidad a las decisiones más estratégicas y separar el desarrollo del sector con independencia de los Partidos que formen Gobierno.  Queremos energía para todos limpia y asequible, sin superar 1,7 toneladas anuales de CO2e per cápita en 2050 (actualmente emitimos 7,3) y, para ello, debemos asegurar objetivos coherentes a 2030.

Con esta meta, debemos reducir las emisiones de CO2e mas de un 40% sobre el nivel de 1990, de acuerdo con el objetivo de la UE, mejorando la eficiencia energética en un 2% anual y superando en 2030 el 70% de participación de las energías renovables en la generación eléctrica en un sistema energético más electrificado.

Esta ha sido una legislatura perdida. No ha habido ni visión sobre los retos y las prioridades, ni búsqueda de consenso, ni coherencia en las decisiones. Se ha renunciado al cumplimiento de las obligaciones europeas, a la promoción de la eficiencia o a la incorporación de un solo megawatio renovable.

Las orientaciones estratégicas de esta transición permitirán recuperar la estabilidad y la previsibilidad de la evolución de la política energética y de su marco regulatorio, así como la seguridad jurídica para los inversores, que tanto ha sufrido estos últimos años.

Además, el Gobierno de España no ha explorado todas las posibilidades jurídicas de recuperar determinados pagos en exceso realizados por el sistema eléctrico, así como para evitar posibles sobre-retribuciones de las actividades del sector eléctrico (tanto por el sistema como por un mercado no siempre bien diseñado). Todo ello necesario para encontrar un equilibrio que evite que sean siempre los consumidores quienes soporten los costes derivados del déficit generado.

  • Nos dotaremos de una Comisión para la Transición Energética, desarrollaremos escenarios progresivos de reducción de emisiones de CO2 que permitan identificar los retos y oportunidades del cambio de modelo, garantizando el derecho a un bien básico, esencial y primordial para el bienestar de la ciudadanía como el acceso a la energía, la protección de los más vulnerables y la erradicación de la pobreza energética en los hogares y en la movilidad de las personas.
  • Los ejes principales serán la eficiencia energética, la electrificación equilibrada en todo el territorio nacional, y las energías renovables, reduciendo la presencia de combustibles fósiles, restringiendo las autorizaciones de nuevas prospecciones de gas y petróleo y prohibiendo el empleo de las técnicas de fractura hidráulica (fracking).
  • Revisaremos la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas e implantaremos un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con la clausura definitiva de Garoña, que culminará en la fecha límite del 2028, de tal manera que podrá abordarse el gran salto hacia el nuevo modelo a lo largo de la próxima década. En este mismo contexto, adoptaremos las decisiones sobre las instalaciones nucleares, incluidas las relativas al almacenamiento de residuos, garantizando la solvencia de los criterios técnicos y la seguridad.

Paralelamente, impulsaremos un plan de actuación industrial y de adaptación económica para las zonas de transición energética.

  • Urge además, entre otras acciones, incorporar el combate contra la pobreza energética como prioridad de la política energética española. Legislaremos un marco de cobertura social sobre un servicio mínimo de suministro de energía (electricidad y gas), que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo.

 

La transformación habrá de ser pragmática y gradual, instrumentada por la eficiencia energética y las energías renovables e impulsadas por el desarrollo tecnológico, por la lucha contra el cambio climático, y no por el agotamiento de los recursos fósiles. Su éxito requiere que aprendamos a valorar los riesgos y las oportunidades de nuestras decisiones empleando –en línea con las mejores prácticas en otros países de nuestro entorno- la información obligatoria sobre la intensidad de carbono de los presupuestos públicos y la actividad financiera.

  • Aprobaremos una Ley de Transición Energética y propondremos un informe anual al Parlamento sobre los progresos en la transición energética y hacia una economía libre de emisiones.

En esta transición debemos encontrar una solución justa para la minería del carbón española, que combine nuestro compromiso con ZERO emisiones con la necesidad de avanzar en la autonomía energética de nuestro país y la seguridad del suministro.

  • Esto implica mantener el consumo de carbón nacional en la forma prevista en los acuerdos con el sector y el cumplimiento de la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de septiembre de 2012. Ello exige, también, extremar las formas de combustión limpia del carbón y requiere la aplicación de innovaciones tecnológicas dirigidas a la reducción de emisiones y la captura del CO2, incluidas las centrales térmicas a partir de gasificación inyectada.

Y todo necesita verse acompañado de medidas de reindustrialización, desarrollo alternativo y protección social de las comarcas afectadas.

Debemos apostar por mejorar la competencia real entre los operadores que intervienen en el sector eléctrico y por desplazar el centro de gravedad desde las grandes empresas suministradoras hacia los consumidores, que asumirán un papel mucho más activo tanto en la gestión de su consumo como en la generación de su energía.

Una buena proporción de los consumos eléctricos tradicionales podrán descargarse del sistema, mientras otros enormemente intensivos en carbono encontrarán en la electricidad limpia una buena alternativa.

Será un sistema con más generación distribuida y de pequeña escala, en su mayor parte renovable, basada en un gran desarrollo de servicios energéticos orientados a gestionar más eficientemente el consumo.

La innovación tecnológica, la maduración y el abaratamiento de las energías renovables, y en particular de la energía fotovoltaica, las telecomunicaciones y la automatización de los hogares nos ayudan en esa dirección, pero además, los socialistas valoramos la contribución de ese nuevo modelo energético a la democratización económica, al fortalecer el protagonismo de la ciudadanía en la gestión de la energía.

Para hacer viable la transición hacia ese modelo, será necesario impulsar la modernización de las redes de distribución, la generalización de contadores inteligentes y los sistemas más avanzados de gestión de los consumos, así como la generación distribuida, incluyendo en la medida en que se estime adecuado y contribuya a facilitar la transición, los contadores individuales de calefacción y agua caliente, tal y como están definidos en la Directiva 2012/27/UE.

 

Un consumo energético inteligente: eficiencia y “Zero emisiones”

Afrontaremos una reforma fiscal ecológica que obedezca principalmente a principios severamente disuasorios, gravando en mayor medida las actividades más contaminantes, eliminando ciertos beneficios fiscales ambiental y socialmente injustificables y bonificando las prácticas más sostenibles.

Se trata de establecer un sistema más justo, tanto en términos recaudatorios como redistributivos. La nueva fiscalidad debe ser verde en su objeto imponible (quien contamina paga y restaura), verde en su grado de presión fiscal (se trataría de que quien contamine pague, no de que contamine quien pueda pagar) y verde en sus objetivos, esto es, como instrumento disuasorio y no únicamente recaudatorio.

  • Nuestra hoja de ruta debe plantearse la reducción de la intensidad energética en, al menos, un 2% anual, y alcanzar 1,7 toneladas de CO2e per cápita y año en 2050.
  • La Ley de Transición Energética contemplará un Marco Director para la Eficiencia Energética que asegure que la nueva demanda de energía contemple el uso de las tecnologías más eficientes.

La mejora de la eficiencia energética de los edificios y  del comportamiento térmico de los edificios y la incorporación de servicios energéticos avanzados en el marco de planes de rehabilitación de vivienda, constituirá un objetivo prioritario.

  • Para ello revisaremos las normas de edificación y rehabilitación, y desarrollaremos instrumentos financieros específicos de apoyo e impulsaremos las empresas de servicios energéticos.
  • Además desarrollaremos un ambicioso plan de actuación para los edificios públicos y la contratación pública, y apoyaremos la incorporación las tecnologías más eficientes en el consumo de energía, y el desarrollo de la cogeneración.

El transporte absorbe el 30% de la energía que consumimos, generando además serios problemas de contaminación y ruido. Promoveremos la renovación del parque de vehículos, impulsaremos la industria orientada a producir vehículos limpios y apostaremos por revisar en profundidad nuestro modelo de movilidad, pasando de la actual política de transportes e infraestructuras a una verdadera política de movilidad sostenible.

Ello requiere incorporar estos criterios en el planeamiento urbanístico y de infraestructuras, desarrollar el transporte combinado de mercancías, en el que adquieran un mayor peso el ferroviario y el marítimo; promover el transporte público de calidad, en particular en el acceso y la movilidad en las ciudades, restringiendo el acceso con vehículo privado a las grandes ciudades en paralelo al desarrollo de aparcamientos disuasorios; y utilizar inteligentemente la fiscalidad del transporte, no aumentando sino redistribuyendo la carga fiscal, como instrumento complementario.

Requiere también una estrategia ambiciosa de impulso a los vehículos híbridos y eléctricos para sustituir las gasolinas y gasóleos por electricidad generada crecientemente con energías renovables.

Queremos además repensar nuestras ciudades, impulsar un pacto con los alcaldes y alcaldesas para invertir en ciudades saludables, prósperas y eficientes en el uso de recursos. Será necesario reinventar nuestras infraestructuras, acondicionar nuestros edificios, repensar las respuestas a las necesidades de movilidad, impulsar ciudades eficientes en consumo de suelo, agua y energía; minimizando residuos y gestionándolos como recursos, como yacimientos de materias primas reutilizables en una economía circular e inteligente.

Las ciudades son protagonistas del cambio climático, de nuestra salud, de nuestro tiempo y nuestra prosperidad. Regeneración urbana y rehabilitación integral antes que nueva construcción, eficiencia en la edificación, racionalidad en la movilidad, inteligencia en la urbanización y ecología integrada. Estas son las claves de un urbanismo sostenible y responsable donde la ciudad sea entendida como lugar de cohesión social, conocimiento, cultura y convivencia entre todos los que la habitan.

  • Nuestro objetivo debe ser viviendas Zero emisiones, empezando por un impulso masivo de la rehabilitación y exigir que las nuevas construcciones cumplan con este  principio. Este país debe digerir el enorme stock de vivienda y suelo ya puesto en el mercado pero no podemos permitirnos un parque que arrastra una gran parte del consumo energético nacional.
  • Hemos de impulsar hogares saludables, eficientes, renovables; soluciones para una movilidad eficaz, limpia, silenciosa y asequible, sin externalidades no computadas por nadie y sufragadas por todos y todas.
  • No hay mejor política energética que la del ahorro energético. Por ello presentaremos un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000  viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector. Para el éxito de este plan, platearemos medidas normativas, de carácter administrativo, de financiación y de información para facilitar la rehabilitación y la eficiencia energética de la edificación.
  • En el ámbito de los edificios públicos nos fijamos como objetivo la rehabilitación energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de la Administración General –edificios de servicios administrativos– y, a su vez, trasladarlo al resto de administraciones.

Las energías renovables, eje de la lucha contra el cambio climático

El futuro de la energía, y en particular del sector eléctrico, es renovable. El desarrollo tecnológico está mejorando los rendimientos y abaratando los costes de las energías renovables fortaleciendo su competitividad.

El éxito depende, sobre todo, de tres factores:

  • un uso inteligente de la energía, eficiente y sobrio
  • un sector eléctrico limpio de emisiones
  • mayor electrificación de otros consumos energéticos

El apoyo de la economía digital ayudará a todo ello a la vez que facilita un vector de empleo y modernización del tejido industrial del país, una garantía de prosperidad social y reducción de costes y un factor de innovación en prestaciones, servicios y producción industrial.

Las energías renovables, eólica, solar, biomasa, biogás, hidráulica, marina, geotérmica,  además de contribuir a la lucha contra  el cambio climático, aprovechan recursos autóctonos, reducen los riesgos asociados a la dependencia energética, contribuyen a crear un tejido  empresarial generador de desarrollo y empleo, tienen un impacto económico positivo distribuido por el territorio, especialmente en la fijación de empleo en el mundo rural, y mejoran la balanza de pagos.

En este orden de cosas y sabiendo lo que contribuye nuestra masa forestal a la lucha contra el cambio climático, elaboraremos un programa de valoración energética de las masas forestales de nuestro país y su aprovechamiento residual como biomasa.

En el desarrollo de las energías renovables en España se han alcanzado muchos éxitos, pero también se han cometido algunos errores. De todo ello hemos aprendido. Creemos que España aún tiene un gran recorrido en estos ámbitos, y queremos seguir impulsándolo.

España no se puede permitir que las empresas españolas de tecnología punta, innovadoras en este campo abandonen nuestro país. Estamos muy orgullosos de haber conseguido hacer del sector eólico una historia industrial y energética de éxito, que se ha proyectado más allá de nuestras fronteras.

Nos gusta que España sea cuna de innovaciones en tecnología solar de concentración. Debemos aprovechar la energía fotovoltaica, cuya evolución tecnológica y de costes ha sido muy positiva en los últimos años, y se proyecta hacia el futuro como una tecnología muy competitiva que proporcionará un gran impulso a la descentralización del modelo energético.

Disponemos del mejor recurso solar de Europa, y estamos decididos a convertir el desarrollo de ese recurso en una historia de éxito energético, industrial y tecnológico, y en un motor de cambio de nuestro modelo energético.

Para hacerlo posible:

  • Impulsar las redes inteligentes y un marco regulatorio para el autoconsumo que contribuya a su impulso y garantice la seguridad del suministro.
  • Asegurar la adecuada interconexión de las redes con nuestros vecinos, como garantía de mayor eficacia del sistema.
  • Abordar una transición energética hacia un nuevo modelo con escenarios a corto, medio y largo plazo con las energías renovables y la eficiencia energética como principales protagonistas. Para iniciar esta transición es necesario un marco regulatorio estable, restaurar la seguridad jurídica y derogar las normas retroactivas, cuestión sobre la cual el PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad.
  • Eliminar las trabas al desarrollo del autoconsumo energético, incluido el denominado "impuesto al sol", contenidas en el Real Decreto sobre esta cuestión aprobado por el Gobierno del PP para promover así un marco regulatorio estable y propicio a la  generación a pequeña escala, que suponga un gran impulso en la descentralización de la generación eléctrica, lo cual constituirá una gran fuente de empleo e impulso tecnológico.

Un libro blanco para la reforma del sector eléctrico

 

El mercado eléctrico necesita una profunda reforma. Ni ha protegido hasta ahora los intereses de los consumidores, ni proporciona el marco adecuado para impulsar las inversiones de la transición energética en el futuro.

Diseñado en su momento para que el precio esperado sirviera como señal económica para impulsar inversiones en generación térmica de bajo coste fijo y alto coste variable, ciclos combinados de gas natural fundamentalmente, no ha resuelto de forma satisfactoria el reto de integrar la política contra el cambio climático, y no sirve para impulsar las inversiones en tecnologías libres de CO2.

Las energías renovables necesitan un marco retributivo que asegure un retorno a largo plazo de la inversión que el mercado no proporciona. Pero al mismo tiempo, el funcionamiento del mercado tal y como está diseñado no es capaz de evitar las distorsiones que generan las múltiples señales hoy presentes en nuestra regulación –primas, pagos por capacidad, cuestionando su utilidad como señal económica promotora de decisiones económicas eficientes.

Necesitamos un libro blanco en el que se analice y replanteen opciones, incluido el tratamiento retributivo de las centrales desarrolladas antes de la liberalización del sector.

  • El mercado eléctrico necesita una profunda reforma que, en un marco de competencia y al mínimo coste, permita compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética, reduciendo la incertidumbre sobre los retornos con los que se recuperan esas inversiones, con un mercado de corto plazo que promueva la gestión más eficiente del parque de generación disponible en cada momento, capaz de avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por potencia renovable.
  • Impulsaremos una auditoría sobre los costes integrados en la tarifa energética, como condición indispensable para impulsar la coherencia entre lo que pagamos y lo que recibimos, lo que queremos y lo que necesitamos dejar atrás.
  • Por otro lado, la reforma del mercado eléctrico debe permitir la recuperación de la confianza en nuestro país y proporcionar una solución satisfactoria al perjuicio causado a miles de pequeños inversores que habían confiado en la regulación para destinar sus ahorros en inversiones renovables.

 

Una reforma fiscal ecológica

La fiscalidad del sector energético se caracteriza por la arbitrariedad y el desorden. Poner un precio al carbono es imprescindible para orientar las señales de inversión, pero ni resulta por sí solo  suficiente ni el mercado europeo de derechos de emisión cubre de forma completa y homogénea esta función.

España tiene margen para revisar su política fiscal. Manteniendo el mismo nivel de presión fiscal es posible orientar mejor las decisiones, gravando lo que se quiere desincentivar y primando aquello que beneficia a la sociedad. Hoy por hoy, las tecnologías y las energías primarias para la generación de electricidad han sido sometidas a impuestos que no se corresponden con criterios de eficiencia o equidad, sino que han sido resultado de decisiones arbitrarias para repartir, de acuerdo con las preferencias del Gobierno, los ajustes para reducir el déficit de tarifa.

Sin embargo, consumos difusos de energías fósiles, como las gasolinas y los gasóleos para el transporte, han quedado al margen de los aumentos impositivos introducidos por el PP en el sector energético.  Además, los sectores difusos no están sometidos al sistema europeo de derechos de emisión negociables, por lo que en su caso sólo puede pagarse el precio del carbono a través de la fiscalidad.

Crearemos un fondo verde para la transición energética. Un fondo que será alimentado con parte del impuesto al CO2 con tres líneas básicas:

  • Una social, para acompañar a las familias y colectivos vulnerables subvencionando las inversiones que garanticen el ahorro y la eficiencia energética en sus hogares, la bonificación en el transporte público y la garantía de un mínimo consumo de electricidad a precio bonificado.
  • Una segunda línea estará destinada a facilitar el crédito para la inversión en ahorro y eficiencia, con particular atención a las PYMES y al sector residencial. Tenemos que impulsar el sector de la rehabilitación en nuestro país.
  • Una tercera línea ofrecerá préstamos a bajo interés para asegurar la movilidad limpia en los sectores de la logística y las empresas del sector del transporte de personas y mercancías.