Índice de propuestas

Durante casi un siglo, la ciudadanía de los Estados más prósperos y desarrollados del mundo han estado de acuerdo en que la mejor forma de garantizar el progreso social, económico y político de sus sociedades es sostener un sistema de protección social que contribuya a corregir las fracturas sociales, garantice la igualdad de oportunidades y promueva un crecimiento económico justo que sustente a una amplia clase media trabajadora. De este sistema se espera protección frente a los riesgos fundamentales a los que una persona ha de hacer frente a lo largo de su vida tales como la enfermedad, el desempleo, la ignorancia o los inherentes a las necesidades de la vejez y la niñez. Dicha respuesta se articula a través de políticas públicas integradas y coordinadas en todos los niveles de la Administración pública, estatal, autonómica y local en los cuatro pilares del Estado del Bienestar en el ámbito de la sanidad, la educación, las pensiones, la protección por desempleo, la lucha contra la pobreza, la atención a la ciudadanía en situación de dependencia, de la igualdad de género y de apoyo a las familias.

Los partidos socialdemócratas han sido actores clave en la consecución de este logro ya que han sido ellos quienes han desarrollado y consolidado el Estado de Bienestar en toda Europa. Los primeros gobiernos socialistas en la década de los 80 comenzaron a aglutinar los escasos e incompletos programas de protección social existentes en España con el objetivo de edificar sobre ellos un sistema de bienestar que pudiese homologarse a los que ya existían en los países más desarrollados de nuestro entorno. Estaba prácticamente todo por hacer y las políticas sociales que se pusieron en marcha pretendían abarcar a amplios sectores de nuestra sociedad. Así, en materia de educación el objetivo básico era la universalización y la equidad. En el ámbito sanitario se trataba de conseguir también la universalización en el acceso al sistema y la mejora de las prestaciones y servicios. En protección por desempleo se garantizó la protección de los trabajadores y la estabilidad económica en tiempos de elevado desempleo; y en pensiones el sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional se completó con pensiones no-contributivas. La construcción del Estado de Bienestar hizo converger a nuestro país con el resto de Europa y llegó a obtener un amplio apoyo ciudadano.

En los albores del siglo XXI, con las bases del bienestar ya asentadas, los retos a los que se enfrentaba el Estado de Bienestar en España eran más diversos y más complejos. Nuevamente, los gobiernos socialdemócratas españoles, en línea con lo que ya venían haciendo otros gobiernos europeos, fueron los responsables de desarrollar nuevas políticas destinadas a modernizar y adaptar el Estado de Bienestar a los llamados Nuevos Riesgos Sociales. Así, se pusieron en marcha iniciativas como el Plan Educa3, de creación de plazas de escuelas infantiles, o la conocida como Ley de la Dependencia. Además de atender a las necesidades de la infancia y de la tercera edad, estas medidas perseguían promover el empleo femenino y la conciliación de la vida laboral y familiar, al tiempo que apoyaban a las familias estimulando con ello la natalidad. Se reforzó también la Formación Profesional y la política de becas, al tiempo que se ponía en práctica la renta de emancipación juvenil, medidas todas ellas dirigidas a los segmentos más jóvenes de la sociedad.

La bonanza económica había ocultado, sin embargo, algunos de los problemas estructurales del sistema como el incremento de las desigualdades y sus importantes implicaciones para la sociedad. La llegada de la crisis impidió la consolidación de las medidas que habían sido adoptadas por los gobiernos socialistas en los años anteriores, y las políticas aplicadas por el Partido Popular en los últimos años han supuesto un grave retroceso en los programas de protección social, empeorando la situación de muchas familias y debilitando enormemente la capacidad del sistema para perseguir sus cometidos de asegurar el crecimiento económico y la igualdad de oportunidades.

10 DESAFÍOS DESATENDIDOS POR NUESTRO ESTADO SOCIAL

Las limitaciones de nuestro Estado de Bienestar son fundamentalmente fruto de la interacción de tres procesos:

  • La inacabada construcción del Estado de Bienestar durante los años de bonanza económica, durante la cual no se afrontaron algunos problemas estructurales, a pesar de algunas iniciativas socialistas importantes, como la Ley de Dependencia, que han sido estranguladas por la crisis y por la política de recortes del PP.

  • La inadaptación o falta de modernización de nuestro Estado de Bienestar a los Nuevos Retos Sociales. La última legislatura ha sido tiempo perdido en la tarea necesaria de adaptar el Estado de Bienestar a las transformaciones que se han venido produciendo en el mercado de trabajo, las familias, las dificultades de la conciliación, la composición demográfica del país y el entramado social de nuestras grandes ciudades en los últimos lustros.

  • Las estrategias de consolidación fiscal seguidas por el gobierno. La decisión gubernamental de consolidar prioritariamente a través del gasto, sin una propuesta de reforma fiscal seria, así como la voluntad de cargar la mayor parte del ajuste a los Ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas (que como es sabido dedican alrededor del 70 por ciento de su presupuesto a las políticas de sanidad, educación y bienestar social) están estrangulado el sistema de protección social.

Estos tres procesos provocan una serie de problemas que nuestro sistema de protección social debería afrontar de manera urgente:

  1. La dualización (tanto del mercado laboral, como del sistema de protección social). La estructura de nuestro Estado de Bienestar no consigue afianzar derechos sociales para poder disfrutar de la protección adecuada a amplias capas de la sociedad, con especial incidencia en los colectivos más vulnerables.

  2. La creciente desigualdad y pobreza. Esta dramática situación afecta especialmente a colectivos jóvenes y a la infancia, comprometiendo la igualdad de oportunidades en la vida, la justicia intergeneracional y nuestra competitividad futura en la economía del conocimiento.

  3. La ausencia de un mecanismo que garantice unos ingresos mínimos en caso de exclusión económica. Con ello, a falta de una malla de protección de última instancia, se ha condenado a cientos de miles de personas a situaciones de extrema vulnerabilidad, cuando no de exclusión permanente. Esa condena tiene un alto coste social. Trunca itinerarios vitales, dificulta la reintegración a una vida normalizada, restando oportunidades a estas personas para realizar aportaciones valiosas a la sociedad.

  4. Una base fiscal insuficiente cuando ha llegado la crisis y los ingresos públicos se han derrumbado. España tiene margen para perseguir la justicia social, además de mediante el gasto, a través de los ingresos. Nuestro sistema fiscal no logra grabar según la capacidad económica, existe un significativo espacio para el fraude, la evasión y la elusión fiscal, especialmente en la fiscalidad del capital.

  1. El desempleo juvenil y la prolongación de los procesos de inserción en el empleo estable. La falta de oportunidades laborales en las etapas de transición a la vida adulta produce efectos “cicatriz” que repercuten negativamente en las trayectorias laborales futuras y, en general, en las oportunidades vitales.

  2. El abandono escolar prematuro. Detrás del mismo se manifiesta la desigualdad como factor inductor: desigualdad en accesibilidad a escuela infantil, déficits en servicios de detección temprana de riesgos de fracaso, falta de servicios de orientación a estudiantes en transición entre niveles educativos, becas escasas y mal repartidas, entre otros.

  3. La desigual participación de la infancia de los grupos más desfavorecidos en la escuela infantil. Persiste una brecha significativa en las tasas de matriculación de niños y niñas de familias de ingresos altos y medianos (que han aprovechado el compromiso público con este tipo de políticas) y las familias de bajos ingresos.

  4. La falta de políticas suficientes que atiendan la conciliación y el cuidado después de la rápida incorporación de las mujeres al mercado laboral. El trabajo de las mujeres se ha generalizado en las cohortes más jóvenes. Las familias españolas han transferido parte de las responsabilidades de cuidado a los abuelos (generalmente a abuelas). No se resuelven así los problemas de conciliación. Persisten problemas que requieren atención inmediata antes de que las responsabilidades de cuidado vuelvan a provocar la re-feminización indeseada del sistema y el retroceso en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

  1. El envejecimiento acelerado de la población, consecuencia del considerable aumento de la esperanza de vida, y de la baja tasa de natalidad, planteará importantes retos para los servicios sanitarios, que habrán de hacer frente a una creciente demanda por parte de un segmento de la población que  padecerá situaciones de cronicidad. En paralelo, los servicios sociales y  de atención a la dependencia deberán también responder a las crecientes necesidades de cuidados de larga duración. Asimismo,  también afectará al sistema de pensiones.

  2. Carencias relacionadas con la capacidad institucional para mejorar la eficiencia y la innovación. Existe una clara ausencia de un sistema de evaluación de las políticas y de un buen sistema de información, así como un escaso número de efectivos en algunas áreas. Cabe también mencionar el insuficiente control de los mecanismos de colaboración público-privada y la ausencia de planificación conjunta entre las administraciones.

10 PROPUESTAS PARA RESPONDER A LOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA NUESTRA SOCIEDAD

El sistema de protección debe reforzarse estratégicamente desde 6 puntos de vista:

  • El nuevo sistema de protección social ha de servir para ayudarnos a salir de la crisis y, al mismo tiempo, sentar las bases para garantizar su propio futuro desde la justicia social, la promoción del desarrollo económico y garantizando su sostenibilidad.

  • Los sistemas de bienestar modernos no son solo, ni fundamentalmente, paliativos. Además de proteger, deben servir también para anticipar y prevenir situaciones de necesidad como la enfermedad, el desempleo, la precariedad, el fracaso escolar, la pobreza o la exclusión, o cualquier otra injusticia social.

  • Al ser preventivos, también son más sostenibles. Los recursos destinados a estas políticas son inversiones (para anticiparnos, por ejemplo, al fracaso escolar, o la pobreza infantil) que permitirán ahorrar recursos en el medio y largo plazo.

  • El disfrute de políticas y servicios de protección social no debe hacerse a costa de las generaciones futuras. En otras palabras, hay que invertir en juventud e infancia para garantizar la sostenibilidad futura de nuestra sociedad y del propio Estado de Bienestar.

  • Se trata de repensar el sistema para que, estando dirigido a la mayoría social mediante servicios de la más alta calidad, tenga también en cuenta de manera prioritaria las necesidades de los más desfavorecidos que en los últimos años tienen perfiles sociales específicos.

  • La gobernanza y la planificación del sistema de protección social debe realizarse por parte de la Administración del Estado en coordinación con las CCAA.

Estas orientaciones estratégicas se concretan en 10 objetivos socialdemócratas:

  1. Hay que luchar decididamente por el bienestar de la ciudadanía en general y, especialmente, por el bienestar de juventud, proporcionando oportunidades en la sociedad que demanda conocimiento, innovación y que nosotras y nosotros queremos justa e igualitaria, pues son el colectivo más afectado por la crisis.

  2. Desarrollar un sistema público de garantía de ingresos mínimos vitales, que ofrezca recursos a las familias que estén en situación de especial vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión social.

  3. Las niñas y niños merecen una atención prioritaria en el programa de gobierno socialista. Tenemos que erradicar la pobreza infantil de nuestro país, incidiendo aún más en la pobreza infantil severa, poniendo todos los mecanismos para garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas de la vida.

  4. De acuerdo con nuestros principios y valores de tradición socialdemócrata, nos comprometemos a poner en marcha medidas por y para el bienestar social de las familias.
  5. Es también necesario promover una cultura de corresponsabilidad e igualdad de género en el ámbito del hogar.

  1. Conseguir que los colegios, las universidades o los centros sanitarios públicos sean la primera opción que toda la ciudadanía se plantee a la hora de responder a sus necesidades porque sepa que en ellos encontrará los mejores servicios en términos de calidad y justicia social.

  2. Los sistemas públicos de educación, sanidad, servicios sociales y pensiones, que constituyen los cuatro pilares del Estado de Bienestar, están entre los servicios más valorados por la ciudadanía. Además, el sistema público de pensiones y la sanidad pública son los que a su juicio más influyen en su bienestar. Recuperar el modelo de Sistema Nacional de Salud de acceso universal y servicios de alta calidad para las necesidades del conjunto de la sociedad actual es un desafío para el PSOE de hoy.

  3. Reforzar y completar el desarrollo del sistema de servicios sociales mediante un nuevo pacto social con la ciudadanía y el conjunto de las Administraciones que garantice la cobertura universal de las prestaciones básicas del sistema público.

  4. El PSOE reitera su incondicional compromiso con estos sistemas de protección social. La sostenibilidad del Estado de Bienestar será una absoluta prioridad para un gobierno socialista, tanto desde un punto de vista político, como social y financiero.
  1. Es necesario reforzar la capacidad de las Administraciones para potenciar la evaluación de impacto de los programas sociales y su rediseño, apostar por la planificación conjunta entre las Administraciones responsables de las políticas sociales incluyendo la debida formación de sus profesionales y trabajadores. Asimismo, en un Estado de naturaleza esencialmente federal como el nuestro, garantizando la igualdad de derechos entre españoles, deben aprovecharse al máximo las ventajas de la gestión descentralizada. Por eso consideramos necesario establecer la obligatoriedad de elaborar un informe de impacto social previo a toda nueva planificación o legislación que se pretenda aprobar.