Discapacidad: capacidades diferentes y derechos de ciudadanía

  1. DÓNDE ESTAMOS

En España, aproximadamente un 8% de la población tiene alguna discapacidad, de las que casi el 60% son mujeres y el 58% tienen más de 64 años. Colectivo importante de la ciudadanía con iguales derechos que deben formar parte de la sociedad sin que tengan que sortear barreras y dificultades.

Durante esta legislatura, el PP se ha limitado a la elaboración del Texto Refundido de la Ley General de los Derechos de las personas en situación de discapacidad y de su inclusión social, sin que haya habido avances sobre los derechos regulados en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ni se ha abordado la modificación de leyes implicada en la aplicación efectiva de la Convención.

Por el contrario las personas con discapacidad en general y los menores, de forma especial, han sufrido con dureza los cambios de la dependencia, en especial el incremento de los copagos y la introducción de incompatibilidades.

No se ha abordado el desarrollo de la lengua de signos ni de otras alternativas a la eliminación de las barreras tanto físicas como  sensoriales.

 

  1. NUESTROS OBJETIVOS

El compromiso del PSOE para los próximos años es avanzar en un modelo de convivencia que logre eliminar las barreras que dificultan a las personas con discapacidad el acceso a las mismas oportunidades para su plena integración.

En esta dirección y como marco de referencia para los derechos de las personas con alguna discapacidad, Naciones Unidas ha aprobado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo el 13 de diciembre de 2006, ratificado por España en abril de 2008. A partir de su entrada en vigor, el Gobierno socialista impulsó la aprobación de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de Adaptación de la normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En este marco pretendemos desarrollar nuestras medidas para hacer efectivos los derechos recogidos en esta Convención.

 

  1. PROPUESTAS

En derechos políticos y civiles

  • Reformar el artículo 49 de la Constitución, para sustituir el término “disminuido” por el de personas con discapacidad, en la consideración de las capacidades diferentes de las personas, derivadas de la formación, posibilidades diversas y la plena integración social y laboral.
  • Modificar el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, las leyes orgánicas que regulan el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, el Código Penal y la Ley del Jurado, para adaptar dichas normas a lo establecido por la Convención.
  • Modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con el fin de hacer efectivo el derecho a ejercer el voto a las personas con discapacidad que hoy lo tienen vedado.

 

Desarrollo de los derechos sociales

  • Emitir informes anuales sobre el cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
  • Promover ámbitos de interlocución con las organizaciones representativas de los colectivos de discapacidad.
  • Diseñar la Estrategia de la Discapacidad en el Medio Rural.
  • Aprobar un Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad, que contemple las especiales dificultades de las mujeres con discapacidad (casi el 60%) en los ámbitos laborales, educativos, de acceso a servicios y, de forma específica, la Violencia de Género.

 

Educación inclusiva

  • Aprobar un Plan Nacional de Reactivación de la Educación Inclusiva de Personas con Discapacidad, que contemple planes de atención educativa individualizados que aborden todas las dimensiones de la persona, incluida la educación sexual en personas con discapacidad intelectual.
  • Reforzar el Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad dirigido a incrementar el nivel formativo de las personas con discapacidad.
  • Incluir en los planes de estudio universitarios la materia de “accesibilidad universal” en las carreras que se identifiquen (ingenierías, arquitectura, tecnologías ambientales, trabajo social…)

 

Derechos Laborales

  • Elaborar una normativa marco para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, en el marco del nuevo Estatuto de los Trabajadores, que regule, con criterios innovadores, la nueva realidad laboral de la discapacidad española.
  • Promover la Estrategia de Inclusión Laboral 2015-2020, en favor de las personas con discapacidad.
  • Potenciar los Centros Especiales de Empleo como instrumentos imprescindibles de generación de empleo de calidad para las personas con discapacidad, especialmente los de Economía Social.
  • Recuperar líneas de ayuda en políticas activas dirigidas a la discapacidad, orientadas a favor de las mujeres con discapacidad y a aquellos casos con más baja empleabilidad.
  • Establecer medidas específicas de apoyo al empleo de personas con discapacidad en los pliegos de contratación de bienes y/o servicios de las administraciones públicas.
  • Reforzar las actuaciones de la Inspección del Trabajo en la vigilancia del cumplimiento de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad.

Accesibilidad universal: Convivencia sin barreras

  • Introducir en todas las políticas que intervienen en el diseño del espacio público de convivencia el concepto de accesibilidad universal.
  • Mejorar, mediante un Protocolo de Intervención Temprana, la coordinación y colaboración entre los servicios de los diferentes ámbitos implicados: salud, educación y servicios sociales, sistemas de comunicación, desventajas educativas y formativas, barreras físicas en el diseño urbano, medios de transporte, diseño de edificios públicos o viviendas.
  • Aprobar un Reglamento de condiciones básicas de accesibilidad a bienes y servicios de las Administraciones Públicas, en el que se contemple la eliminación de barreras bajo el criterio de Accesibilidad Universal.
  • Modificar la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal para facilitar las reformas dirigidas a asegurar la accesibilidad de los edificios.
  • Promover un acuerdo entre las CCAA para destinar recursos a ayudas para la adaptación de edificios.
  • Crear un Fondo estatal de accesibilidad universal por el cual, del presupuesto ejecutado en obra pública e infraestructuras y en la sociedad de la información, un 1% se destine a la accesibilidad física y tecnológica, en aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
  • Regular la accesibilidad cognitiva para las personas con discapacidad intelectual, con el objetivo de que puedan entender e interpretar el entorno.
  • Mejorar la accesibilidad auditiva mediante el diagnóstico precoz y la intervención temprana.
  • Desarrollar la Ley 27/2007 de 23 de octubre, que reconoce y regula los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
  • Facilitar aquellos medios técnicos que permiten la eliminación de barreras a estos colectivos (audífonos, implantes, etc.)
  • Exigir el cumplimiento de las cuotas de subtitulación, uso del lenguaje de signos y audiodescripción de las cadenas de televisión públicas y privadas.
  • Promover un plan de transporte accesible, en colaboración con las Comunidades Autónomas, que permita la eliminación de barreras físicas, sensoriales y cognitivas.

 

Prestaciones Públicas orientadas a la inclusión

  • Compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado de la persona con la invalidez.
  • Excluir de los ingresos computables a efectos de la carencia de rentas, el importe de las becas o compensaciones por la realización de prácticas profesionales laborales de personas con discapacidad.
  • Derogar el incremento del copago en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia introducido en esta legislatura, así como el sistema de incompatibilidades. Revisión de los copagos farmacéuticos.