Infancia

  1. DÓNDE ESTAMOS

La protección de la infancia es uno de los grandes retos para la sociedad española actual.

Según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida las cifras de niños y niñas que viven bajo el umbral de la pobreza se sitúa en el 30,1% frente al 22,2% de la población general. Esto significa que más de 2,3 millones de niños y niñas viven en hogares bajo el umbral de la pobreza.

Las alarmantes cifras de pobreza infantil unidas a la concentración del fracaso escolar en los niños pertenecientes a familias de rentas más bajas, sitúan el problema más allá de una cuestión de justicia social, de cohesión social o de equidad. Se convierte en un asunto intergeneracional y estratégico de país: está comprometiendo la capacidad de desarrollo y la competitividad futura.

A pesar de esta alarmante situación hemos visto cómo el sistema de protección social resulta incapaz de dar respuesta a las nuevas necesidades. La gestión de la crisis realizada por el Partido Popular ha incrementado las desigualdades y ha empobrecido fundamentalmente a los más pobres, quienes a menudo se han visto abocados a situaciones de infraprotección o desprotección.

Las políticas dirigidas a la infancia y adolescencia han sufrido un severo retroceso a lo largo de esta legislatura. A la escasa cuantía de las prestaciones destinadas a la infancia, se unen los recortes en los servicios públicos, que inciden sobre todo en las rentas más bajas. La eliminación del Programa Educa 3, los cambios en las becas sustituyendo el derecho por renta por los resultados académicos, los recortes en las cuantías, la eliminación de la universalidad en el acceso a la sanidad, los copagos, inciden todos ellos en la merma de la capacidad redistributiva de los servicios públicos y lejos de romper el ciclo de las desventajas suponen un incremento del círculo vicioso del riesgo de exclusión.

Así, los beneficios fiscales introducidos por el PP para familias numerosas y monoparentales favorecen a las rentas medias y altas, dejando al margen a quienes no cotizan a la Seguridad Social y benefician poco a quienes tienen empleos precarios con bajas cotizaciones.

 

  1. NUESTROS OBJETIVOS

Los niños y niñas merecen atención prioritaria. Por eso el PSOE articulará medidas para erradicar la pobreza infantil severa de nuestro país, promoviendo así la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas de la vida. Las familias con menores serán objeto de especial atención cuando se vean implicadas en procesos de desahucio, para evitar su desalojo o garantizarles alternativas habitacionales inmediatas. Se reforzarán, así mismo, los servicios de protección infantil, haciendo especial énfasis en favorecer programas de acogimiento. Garantizaremos el acceso a escuelas infantiles de calidad a todas las familias que quieran escolarizar a sus hijos y promoveremos la incorporación de los colectivos más desfavorecidos a estos centros. Combatiremos la degradación de la calidad los servicios de escuela infantil provocada por la externalización de la provisión a iniciativas empresariales sin las necesarias garantías.

Invertir en infancia, y en particular en la lucha contra la pobreza infantil, ha sido históricamente un empeño de partidos socialistas en toda Europa, que expresa y fomenta valores centrales del discurso socialdemócrata: justicia equidad y cohesión, eficiencia y competitividad o solidaridad intergeneracional.

Las políticas dirigidas a hogares con niños y niñas deben valorarse no solo porque promueven la justicia social y la equidad, sino porque promueven la capitalización de los recursos humanos de un país y, en última instancia, impulsan el crecimiento económico.

 

  1. PROPUESTAS

Medidas contra la pobreza infantil: invertir en la infancia, invertir en un futuro más justo y próspero

  • Eliminar la pobreza infantil severa, inaceptable en una democracia avanzada, mediante una política de garantía de rentas (Sistema integrado de Ingreso Mínimo Vital).
  • Renovar en profundidad el compromiso con la infancia y adolescencia con un nuevo Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, dotado de recursos económicos y humanos necesarios para que permita su aplicación efectiva.
  • Promover que las rentas del trabajo permitan una vida digna a las personas, a las familias y a sus hijos e hijas. Para ello, revertiremos la situación actual de devaluación salarial con un Nuevo Estatuto de los Trabajadores, incrementando la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional; y mejorando la cobertura por desempleo.
  • Reducir la privación material de las familias y de los niños y niñas con baja renta, especialmente en lo relativo a vivienda, mediante una política integral de vivienda y rehabilitación, que incluya una efectiva Ley de segunda oportunidad para deudores hipotecarios, asegurando, en su caso, un alojamiento alternativo, adecuado y asequible en casos de desahucios de familias con hijos. Asimismo, se adoptarán medidas que tengan impacto en la reducción de la pobreza energética.
  • Promover una alimentación sana y equilibrada para las necesidades nutricionales de la infancia. De manera inmediata, promover la adecuada alimentación de la infancia en riesgo de exclusión social, de forma que se garantice una dieta equilibrada y tres comidas diarias, de forma acordada con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
  • Crear un Registro de Sentencias por Impago de Alimentos para conseguir la efectividad del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

 

La educación como garantía de igualdad y progreso social

  • Extender de manera progresiva el primer ciclo de Educación Infantil que permita la compensación de desigualdades de origen. Como primer paso, nos comprometemos a un renovado y ambicioso Plan educa 3, para que, de acuerdo con las CCAA. y los municipios, se incremente la cobertura en la etapa 0-2 y universalice a los niños y niñas de 2 años, incluyendo un sistema de becas para asegurar la gratuidad a los niños y niñas de familias bajo el umbral de la pobreza. Progresivamente se extenderá la gratuidad al resto de la ciudadanía.
  • Eliminar los mecanismos selectivos y de exclusión escolar en el sistema educativo que ha introducido el Gobierno del PP con la LOMCE, que contribuyen a la reproducción intergeneracional de las desigualdades en educación.
  • Mejorar las tasas de escolarización e idoneidad en Bachillerato y Formación Profesional, especialmente de los adolescentes y jóvenes con dificultades personales y sociales.
  • Reducir el abandono prematuro y el fracaso escolar y mejorar significativamente  las competencias básicas.
  • Recuperar las becas como derecho según la situación de las rentas familiares y de las cuantías. Se realizarán las modificaciones legales oportunas para impedir que se retire una beca o no se conceda porque el padre o la madre, o el tutor legal, haya dejado de pagar una deuda con la administración pública o impuesto, siempre que se demuestre su insolvencia para pagarlo, de tal forma, que se garantice los derechos de la beca a quien permite estudiar o comer. Asimismo, será inembargable por administraciones públicas o privadas.
  • Promover la educación en la igualdad de oportunidades y de trato, el respeto a la diversidad, la convivencia intercultural, la lucha contra el racismo y la xenofobia, y la educación en los derechos humanos, recuperando la asignatura de Educación para la ciudadanía; e impulsando la participación de los niños y niñas en la educación informal, mediante el apoyo a las organizaciones de infancia.

 

Derecho universal a la protección de la salud. La atención al niño sano

  • Desarrollar las acciones más efectivas en la prevención de la obesidad infantil con los recursos económicos necesarios, en el marco de una Estrategia contra la Obesidad Infantil y los trastornos de alimentación, especialmente en los ámbitos familiar y comunitario y escolar.
  • Reforzar la atención a la salud de niños, niñas y adolescentes en las Estrategias de Salud, especialmente en lo referido a la salud mental infanto-juvenil y a la educación afectivo-sexual en el marco de la salud sexual y reproductiva.
  • Incluir en la Cartera de Servicios las medidas de prevención y detección precoz con evidencia científica de su eficacia y pertinencia.
  • Aprobar una Estrategia integral frente a la violencia contra la infancia de acuerdo con los servicios sociales, las CCAA y la FEMP y la participación de organizaciones de infancia.

 

La calidad de los servicios sociales de infancia

  • Reforzar las políticas preventivas dirigidas a evitar las circunstancias que dan lugar a la necesidad de separar a los menores de su entorno familiar.
  • Elaborar una Guía de Buen Gobierno en la protección de la infancia, con todas las partes implicadas.
  • Crear un programa I+D+I sobre infancia, mediante la financiación de estudios a las Universidades y Centros de investigación.
  • Reforzar el nivel de atención primaria de Servicios Sociales de atención a la infancia, orientado a la promoción de la participación, prevención y detección precoz riesgo social.

 

Adopción y acogimiento

  • Mejorar los beneficios sociales y fiscales de las familias acogedoras, proporcionalmente a las responsabilidades que asumen.
  • Promover campañas de sensibilización sobre el acogimiento familiar y las familias colaboradoras.
  • Promover, de acuerdo con las CCAA, el acogimiento familiar de calidad, con el fin de que los niños, niñas y adolescentes tengan experiencias positivas de vida familiar, con apoyo a las familias acogedoras, en calidad e intensidad necesaria.
  • Garantizar el acogimiento familiar frente al residencial para los niños y niñas menores de seis años separados temporalmente de sus familias de origen, salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada. Garantizar el acogimiento familiar profesionalizado para las situaciones que lo requieran.
  • Desarrollar programas de atención a niños y niñas en situaciones de riesgo con el fin de mantener, cuando sea posible, a los menores en sus familias en las mejores condiciones posibles, previniendo la separación innecesaria de sus familias.
  • Establecer políticas urgentes encaminadas a impulsar la adopción internacional, iniciando los procedimientos para la apertura en países donde sí adoptan el resto de miembros de la UE y que permita que nuestras familias puedan disfrutar de las mismas opciones a las que optan el resto de los ciudadanos europeos.
  • Desarrollar programas de atención integral a los y las jóvenes de más de 18 años a la salida de los dispositivos de protección infantil, que tengan como objetivo la promoción de su autonomía personal.
  • Reforzar el nivel de atención primaria de Servicios Sociales en el seguimiento de las adopciones y acogimientos

 

Hacer efectiva la participación de la infancia

  • Presentar un informe del Gobierno sobre calidad de vida de la infancia, que servirá de base para la construcción de un Pacto parlamentario sobre políticas de infancia.
  • Impulsar la participación de niños, niñas y adolescentes, como sujetos activos, no como meros objetos de protección. Para ello, cooperaremos de manera especial con la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI), y teniendo en cuenta las actuaciones de participación de la infancia impulsadas desde los municipios.