La demografía en España: un país más joven

España es ya un país envejecido y lo va a ser más en el próximo futuro: los mayores son ya uno de cada cinco y para mediados de siglo habrá aumentado a uno de cada tres.

Para ralentizar, si no frenar, el proceso de envejecimiento, los poderes públicos deben actuar sobre uno de los dos motores que lo generan: la muy baja natalidad. El otro, el continuado incremento de la longevidad, constituye un motivo de celebración, aunque no esté exento de costes varios.

La baja fecundidad lleva decenios instalada en la sociedad española, al igual que en el conjunto de Europa, por lo que puede considerarse estructural. Las mujeres, en España, tienen en promedio 1,3 hijos al concluir su vida reproductiva, una tasa que está muy por debajo del nivel que se necesitaría para que el tamaño de cada generación no fuera inferior al de la precedente, y que se sitúa en torno a los 2,1 hijos por mujer. Una fecundidad tan baja y persistente aboca al declive del tamaño de la población y a un envejecimiento acelerado de la misma.

Si éste apenas ha comenzado es por la inmigración recibida en los años que precedieron a la crisis. Pero, en contra de lo que frecuentemente se cree, la inmigración puede ralentizar el envejecimiento, pero para que constituyera la principal solución a los problemas derivados de la evolución demográfica tendría que ser mucho más voluminosa y sostenida de lo que lo ha sido.

El panorama que deparan las tendencias demográficas es gravemente preocupante y sólo el aumento de la natalidad podría modificarlo. La experiencia de muchos países hace pensar que elevar la natalidad es difícil. Pero las experiencias en Europa demuestran que elevar la fecundidad en una medida limitada es posible, y también que tal elevación tendría consecuencias muy positivas, en el medio plazo pero incluso en el corto.

Por otro lado, consideramos la igualdad de género un elemento crucial en las decisiones reproductivas. Los valores de igualdad de género deben ser sólidos y estar ampliamente instalados en la sociedad para que su efecto sea sustancial. Para elevar la tasa de fecundidad se requiere que la igualdad de género sea efectiva en la sociedad, especialmente en los ámbitos laborales, así como en la corresponsabilidad.

Para cambiar las tendencias demográficas es preciso que los poderes públicos desplieguen lo que los expertos llaman ‘políticas amistosas para las familias’. Más que de políticas pronatalistas, se trata de políticas sociales dirigidas a generar un entorno social más propicio para el libre desarrollo de las preferencias reproductivas de la ciudadanía.

Destacan entre ellas:

  • La firme apuesta por la educación infantil de 0-3 años con una amplia dotación de escuelas infantiles públicas, apostando por la gratuidad progresiva.
  • Medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y personal: permisos de maternidad y paternidad de duración adecuada; equiparación de ambos permisos de forma progresiva;  excedencias laborales con reserva del puesto de trabajo; facilitación de horarios sensibles a las necesidades de madres y padres; establecer una adecuada política de racionalización de horarios tanto en la administración pública como en las empresas privadas,  así como fomentar actividades extraescolares tanto en periodos no lectivos como vacacionales.
  • Reparto equitativo de tareas entre mujeres y hombres en el hogar y en la crianza de los hijos.
  • Políticas fiscales complementarias, en forma de desgravaciones relacionadas con el tamaño de la familia o ayudas para sufragar los costes derivados del nacimiento o adopción de los hijos para familias o personas por debajo de un cierto nivel de renta.
  • Medidas para hacer más habitables las ciudades para los niños y las niñas al conseguir un entorno más favorable.

Solo una acción tan vigorosa como decidida de los poderes públicos puede alterar una dinámica que aparece como inexorable. Y hace mucho que esa acción era urgente.