Medida de choque contra la desigualdad: ingreso mínimo vital

  1. DÓNDE ESTAMOS

La crisis económica ha generado en España un alarmante incremento de las desigualdades pero lo preocupante es que los mecanismos de protección social de que disponemos manifiestan una  frustrante incapacidad de corregir esas desigualdades incluso en los periodos de bonanza económica.

Todas las evidencias y la experiencia en los países con mayor justicia social demuestran que la inversión social es el activo más sólido para el desarrollo y la competitividad del país.

España no es uno de estos países. Los efectos de la gestión de la crisis no se limitan a la reducción de los recursos destinados a la protección e inversión social. Quizás la decisión más ideológica se refiere a la eliminación de los derechos en el acceso a servicios y prestaciones, ya que ésta tiene que ver con el modelo de convivencia y está en la base del concepto de ciudadanía.

Simultáneamente, tanto desde el Gobierno de España como desde Gobiernos de Comunidades Autónomas, se ha iniciado un proceso de progresiva privatización de la gestión de los servicios públicos, derivando la gestión a empresas con ánimo de lucro servicios que pretenden hacer efectivos derechos de ciudadanía.

La generación de desigualdad con el debilitamiento de la protección social ha hecho recaer las consecuencias de la crisis sobre las clases medias y trabajadoras, especialmente las de rentas más bajas, lo que ha disparado la cantidad de personas en riesgo de pobreza situando a España con las mayores cifras de los países de la OCDE.

 

  1. NUESTROS OBJETIVOS

Nuestras políticas estarán orientadas a combatir estas alarmantes cifras de desigualdad, con políticas basadas en el cambio de paradigma del modelo de convivencia, basado en una sociedad más justa e igualitaria y capaz de generar oportunidades para todos. Recomponer el maltrecho Estado de Bienestar y adecuarlo a las necesidades de la sociedad actual: capaz de dar respuesta a los nuevos riesgos sociales surgidos de las características de la sociedad actual y también de los efectos de la crisis. Nos proponemos preparar el Estado de Bienestar para el siglo XXI. En paralelo, hay que abordar lo urgente: una desigualdad insostenible en nuestro país. Para ello, proponemos un sistema de garantía de ingresos que ofrezca recursos mínimos a familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.

Esta propuesta de Garantía de Ingresos persigue dos objetivos principales:

  1. Proporcionar a las familias sin ingresos suficientes una renta que les permita afrontar las necesidades más básicas inherentes a la dignidad humana, en línea con la nueva dimensión de los Derechos Humanos acordada por Naciones Unidas.
  2. Invertir en la Infancia, mejorando sustancialmente la situación de los niños y niñas en hogares con menos rentas y eliminado la pobreza más severa.

Esta propuesta nace con la vocación de constituir la última red de protección ante la desigualdad generada por el funcionamiento del mercado ante la insuficiencia actual del sistema de protección social para reducirla. Pretende actuar como un amortiguador para situaciones de penuria económica, con carácter general, y como inversión en infancia, con carácter específico.

El Sistema Integrado de Garantía de Ingresos busca cerrar la red de protección social, llegando a las personas y familias sin recursos. Se estima que la propuesta del Sistema beneficiaría a unas 730.000 familias y unas 1.847.000 personas, si aplicamos la media de 2,53 personas por hogar, según el INE. E incorporaría a unos 2.300.000 niños y niñas que viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza.

  1. PROPUESTAS

  • Establecer mediante una Ley un sistema de garantía de Ingreso Mínimo Vital de carácter no contributivo. Este sistema ofrecerá recursos mínimos a familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. El Sistema incluirá:

    1. Crear una prestación nueva dirigida a los hogares sin ingresos o en situación de necesidad, sea cual sea la causa, como prestación no contributiva de la Seguridad Social. Para su reconocimiento, la Seguridad Social contará con la colaboración de los servicios sociales de las CCAA; mediante pacto con éstas, la gestión de esta prestación se coordinará con los Planes de Inclusión Social y de Atención Integral a la Familia.
    2. Incrementar la cobertura de la prestación por hijo a cargo y aumento de la cuantía, de forma escalonada, en función de las rentas familiares. Solo estará vinculado a los ingresos del hogar independientemente de la situación laboral de los padres.