Pensiones públicas económica y socialmente sostenibles: Una oferta de seguridad social para la ciudadanía

1. DÓNDE ESTAMOS

El sistema público de Seguridad Social y, dentro de él las pensiones, constituyen la pieza más importante de nuestro Estado de Bienestar como plasmación de una acción solidaria y redistributiva garante de la cohesión social. Desde 2012, la política aplicada por el Gobierno del PP amenaza seriamente este conjunto de prestaciones sociales públicas en un triple sentido.

 

Amenaza para la sostenibilidad financiera

La Seguridad Social sufre un importante desequilibrio entre ingresos y gastos (en torno al 1% en cada uno de los ejercicios) como consecuencia de la intensísima reducción del número de cotizantes entre 2008 y 2013, y la consiguiente caída de los ingresos, así como por otras medidas adoptadas por el PP, que han acentuado la minoración de los ingresos disponibles por la Seguridad Social (“tarifas planas”; exclusión de una parte del salario de la cotización, y otras medidas de fomento del empleo con cargo a cotizaciones; congelación del SMI; cambios laborales que favorecen la devaluación salarial, entre otros).

Tal circunstancia ha llevado al Gobierno a recurrir al Fondo de Reserva, cuyo volumen se ha reducido en un 40% (actualmente asciende a 39.500 millones de euros). Previsiblemente, este desequilibrio se mantendrá hasta el principio de la próxima década, lo que podría suponer el agotamiento del Fondo.

Cosa distinta son los retos a los que ha de hacer frente el sistema de Seguridad Social en el medio y largo plazo. Más allá de la evolución de la productividad, se producirán tensiones financieras derivadas de la intensificación del gasto de la Seguridad Social por el progresivo incremento del número de pensionistas vinculado a la jubilación de la generación del baby boom y al alargamiento de la esperanza de vida.

 

Insuficiencia protectora (inadecuación) en la articulación jurídica

En la etapa de gobierno del PP se han introducido algunas modificaciones de gran intensidad que, de llegar a consolidarse, producirán una desfiguración del sistema público de pensiones. Además del endurecimiento de la jubilación anticipada, los dos principales cambios son los contenidos en la Ley 23/2013: el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, que se desvincula de la garantía del poder adquisitivo y condena a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento, que se ha visto agravado por la incidencia del copago farmacéutico de los mismos  y la introducción de un factor de sostenibilidad, a partir de 2019, del que resultarán pensiones menguantes en función de la evolución –previsiblemente al alza– de la esperanza de vida.

Los expertos estiman que el impacto de esta medida es el equivalente a 3,5 puntos porcentuales de PIB en 2050. Es decir que, en lugar de gastar en esa fecha un 14-15% de PIB –una cuantía importante, pero inferior a la que hoy gastan Francia, Italia o Austria–, gastaremos un 12,3% muy similar al nivel de gasto actual. Con una importantísima diferencia: entonces la población jubilada se habrá prácticamente doblado, lo que implica una rebaja sustancial de las pensiones públicas.

Al mismo tiempo, persisten importantes deficiencias –insuficiencias protectoras–, entre las que destacan la que afecta a las pensiones de las mujeres, cuya cuantía es casi un 40% inferior a las de los hombres, y la que deriva de la interrupción de la política de dignificación de las pensiones más bajas que se llevó a cabo entre 2004 y 2011.

 

El desprecio por el diálogo

Resulta particularmente grave que la actuación del Gobierno del PP en esta materia haya estado marcada por la unilateralidad: los cambios estructurales introducidos por la Ley 23/2013 se han impuesto a pesar del rechazo frontal de todos los grupos políticos de la oposición y de los sindicatos. Pero además, se ha producido la quiebra de un doble cauce de diálogo: el Pacto de Toledo, foro parlamentario que ha servido de cauce para abordar las reformas necesarias en materia de pensiones desde 1995 hasta la segunda renovación del pacto en 2011 y que representa la expresión de un consenso básico en la defensa del sistema público de pensiones; y el acuerdo social, que incrementa la legitimidad de las medidas que se han acordado para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

 

2. NUESTROS OBJETIVOS

El gran objetivo es la defensa de la Seguridad Social y, en particular, de un sistema público de pensiones basado en un régimen de reparto y articulado en torno a los principios de solidaridad, contributividad y gestión pública. La consecución de ese objetivo se encauza a través de un triple compromiso:

1. Un compromiso político, que implica recuperar la centralidad del Pacto de Toledo como expresión de un consenso básico en la defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones.

2. Un compromiso social, entendido como la apuesta por el diálogo y participación real de los interlocutores sociales, expresión de la institucionalización de un gran acuerdo entre generaciones, entre trabajadores activos y jubilados, para garantizar su mutuo bienestar.

3. Un compromiso jurídico-constitucional, que pasa por trasladar al ámbito jurídico los consensos sociales alcanzados en materia de pensiones. Ello implica reforzar el marco constitucional del derecho a las pensiones públicas y recuperar en lo sustancial el marco legal vigente hasta la llegada del PP al gobierno.

En lo que se refiere a la sostenibilidad financiera, queremos corregir el actual y coyuntural desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social sin merma de derechos para la ciudadanía, pero también hacer frente a la intensificación del gasto en pensiones en el medio y largo plazo provocado por el progresivo incremento del número de pensionistas que resulta de la jubilación de la generación del baby boom y del alargamiento de la esperanza de vida.

La consecución de estos dos objetivos pasa por una reformulación y una ampliación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social para incrementar los recursos del sistema. Ello implica:

• Incrementar el número de afiliados como directriz prioritaria de la política económica. El buen funcionamiento del mercado laboral contribuye de forma decisiva a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
• Introducir ajustes en la regulación de las cotizaciones sociales y otras medidas que permitan mejorar la recaudación:

  • Recuperación de la lucha contra el fraude como política prioritaria.
  • Atribución al Estado de la financiación de los gastos que escapan de la lógica contributiva, así como el coste de todas las medidas de fomento del empleo.

• Incrementar progresivamente la aportación del Estado, vía impuestos, para hacer frente el previsible incremento del gasto ligado al envejecimiento sin alterar la configuración del sistema. De esta forma se equilibran las fuentes de financiación en la línea de la mayoría de los países de nuestro entorno.

En relación con la sostenibilidad social del sistema, queremos garantizar la adecuación de la acción protectora de las pensiones y del resto de prestaciones de la Seguridad Social para hacer posible la realización del mandato constitucional de promoción de la igualdad y de suficiencia económica de las pensiones de jubilación. Cinco son los ámbitos en los que queremos actuar:

1. Las pensiones de las mujeres. Son un 38% inferiores a las de los hombres, en buena medida, por la discriminación que sufren las trabajadoras en el mercado laboral. Además, el propio diseño del sistema de pensiones penaliza a las mujeres al vincular la cuantía de la pensión exclusivamente a la trayectoria profesional, ignorando otro tipo de circunstancias y hechos de gran trascendencia social.

2. Las pensiones más bajas. La lucha contra la pobreza y el reforzamiento de la equidad exige una ambiciosa política de mejora de las pensiones mínimas del nivel contributivo y la elevación del umbral de rentas establecido para el acceso a las prestaciones no contributivas y, en consecuencia, su cuantía.

3. La mejora de las prestaciones familiares. La dignificación de la política familiar debe constituir una prioridad política no solo por nuestro irrisorio nivel de gasto en términos comparados, sino sobre todo por las cifras insoportables de pobreza infantil.

• Creación de una nueva prestación no contributiva para la implantación del Ingreso Mínimo Vital.
• Incrementar la prestación por hijo a cargo.

4. Precariedad en el mercado de trabajo. El paro de larga duración, la irregularidad de las carreras profesionales o la devaluación de los salarios son circunstancias que lastran las cotizaciones y que pueden perjudicar los futuros derechos generados en el sistema de pensiones.

5. Penosidad. El reforzamiento de la contributividad y su efecto (in)directo en la edad efectiva de jubilación no incide de la misma forma en todos los trabajadores, sino que varía en función del tipo de actividad profesional. Por razones de equidad hay que modular los mecanismos que compensan la más reducida esperanza de vida cuando ésta deriva de una determinada actividad profesional, aplicando coeficientes reductores de la edad de jubilación.

Como objetivo complementario, hay que concienciar a la ciudadanía de las implicaciones sociales, económicas y políticas del cambio demográfico que va a suponer el envejecimiento de la población.

Queremos plantearnos la progresiva ampliación de la población activa mediante la plena incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo; un cambio de la política migratoria; la plena integración de colectivos excluidos o marginados en el mercado laboral (especial atención a jóvenes y trabajadores mayores); el incentivo de la prolongación voluntaria de la vida laboral; y actuaciones ambiciosas en favor de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en los cuidados familiares.

Y aspiramos a favorecer el incremento de la natalidad, para corregir la anomalía que supone que España sea uno de los países del mundo con la tasa de fertilidad más baja como consecuencia, entre otros factores, de la precariedad y de la discriminación laboral de las mujeres.

 

3. PROPUESTAS

Marco general del modelo de pensiones públicas

• Reforzar el marco constitucional del derecho a la Seguridad Social.
• Derogar todos los cambios legales introducidos a lo largo de esta legislatura: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de forma íntegra, la Ley 23/2013, así como la nueva regulación de las Mutuas (Ley 35/2014). Debe recuperarse también la centralidad del Pacto de Toledo y del diálogo con los interlocutores sociales.

 

Sostenibilidad financiera

• Mejorar los ingresos provenientes de cotizaciones sociales a través de la elevación gradual de la base máxima de cotización y de la mejora progresiva de las bases mínimas (vinculada al incremento del SMI).
• Establecer la cotización de los trabajadores autónomos en función de sus rentas o ingresos.
• Incrementar progresivamente la financiación del Estado a través de la creación de una nueva figura impositiva que tendrá carácter finalista y vinculado a la financiación de las pensiones.
• Reforzar el Fondo de Reserva a través de una mejora de su regulación.

 

Adecuación y suficiencia de las prestaciones

• Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones.
• Incrementar las pensiones mínimas para garantizar los parámetros fijados por el Convenio 102 de la OIT.
• Elevar hasta el IPREM anual el umbral de rentas establecido para el acceso a las prestaciones no contributivas y, en consecuencia, su cuantía.
• Recuperar la cotización por jubilación en los supuestos de percepción del subsidio asistencial por desempleo hasta el 125% del salario mínimo.
• Mejorar la cotización de los trabajadores más jóvenes a través de la posibilidad de ‘adquirir’ periodos de cotización mediante la suscripción de un Convenio Especial, e incrementar las bases mensuales de cotización de los contratos de aprendizaje y de formación.