CONSOLIDAR LOS SERVICIOS SOCIALES

RECUPERAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

  1. DÓNDE ESTAMOS

El Partido Popular ha roto consensos que se mantuvieron durante más de tres décadas. Ha conducido al Estado de Bienestar en general, y al Sistema Público de Servicios Sociales en particular, a un evidente deterioro de sus estructuras y de su capacidad de respuesta a los problemas de la ciudadanía.

En materia de Servicios Sociales, los recortes han sido superiores a los 2.200 millones de euros al año, a la par que se procedía a la continuada pérdida de profesionales destinados a la atención de la población, al recorte en materia de atención a las personas en situación de dependencia, en materia de ingresos básicos garantizados. Desde los PGE se ha reducido de forma drástica la participación de la Administración General del Estado en el Plan Concertado de Servicios Sociales en el momento que se han disparado las necesidades básicas de la población, en especial, los 8,5 millones de usuarios de los servicios sociales municipales.

La mal titulada Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local ha sido un ataque frontal dado que sus disposiciones socavan elementos estructurales y estratégicos del Sistema. Además inhabilita a la administración más próxima a la ciudadanía para atender los problemas sociales desde la proximidad.

Asimismo, ha habido un desmantelamiento de la Ley de Promoción de la Autonomía personal y Atención a la dependencia o la reclamación de la adecuada atención a la infancia.

La Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia nació de la voluntad de un gobierno socialista, respondiendo a una creciente necesidad derivada del incremento de la esperanza de vida y las consiguientes limitaciones que el envejecimiento conlleva. Con el reconocimiento del derecho de las personas en situación de dependencia a ser atendidas por los poderes públicos, se daba respuesta a un nuevo riesgo social derivado de la estructura demográfica y también del modelo de estructura familiar y de sociedad actual.

Tras cuatro años de gestión del Partido Popular, el reconocimiento del derecho se ha condicionado y se ha recortado la inversión que lo garantizaba. Recortes que han modificado en distintas ocasiones el calendario de aplicación, dejando fuera del reconocimiento y prestaciones del sistema a cientos de miles de dependientes moderados, que ha reducido las cuantías por cuidados en el entorno familiar en al menos un 15%, que ha eliminado los dos niveles que tenía cada uno de los tres grados de dependencia, que ha modificado a la baja las prestaciones y la intensidad de los servicios, o que ha eliminado la cotización a la Seguridad Social por parte de la AGE del régimen especial de cuidadores.

El enfoque integral sobre el fenómeno de la drogadicción fue la base de la puesta en marcha del Plan Nacional sobre Drogas, que parte de considerar el consumo de drogas como un problema de salud, al que hay que responder con una red pública de protección.

Pero a lo largo de esta legislatura, hemos asistido a un cambio sustancial en el abordaje del asunto, que se puede resumir en tres ejes: reorientación hacia un enfoque represivo, severos recortes en los recursos destinados a este fin y abandono de la investigación.

Varias de las leyes impulsadas esta legislatura ponen el acento en los aspectos represivos para las personas consumidoras de drogas, introduciendo sanciones graves, y olvidan los aspectos preventivos y rehabilitadores.

 

  1. NUESTROS OBJETIVOS

Nuestro objetivo es la consolidación de un sistema público, universal, gratuito, equitativo y de calidad  de servicios sociales como el cuarto pilar del Estado de Bienestar, capaz de hacer efectivo el derecho de acceso de la ciudadanía a un conjunto de servicios sociales básicos que garanticen la protección social a todas las personas que vivan en España. Un Sistema Nacional de Servicios Sociales sostenible desde el punto de vista social, asistencial, profesional y financiero. Para ello desarrollaremos  una reforma que debe sustentarse en compromisos efectivos que afecten al conjunto de las Administraciones Públicas a través de mecanismos de cooperación institucional que caracterizan a los Estados federales.

La principal manifestación de ese compromiso debe ser la aplicación efectiva del Sistema para la  Autonomía y Atención a la Dependencia.

Hay que garantizar la financiación, incluyéndola en el nuevo modelo de financiación autonómica pendiente de acuerdo entre AGE y CCAA como un servicio esencial más. considerando a los servicios sociales como una inversión, no como un gasto.

Se garantizará la atención profesionalizada y el respeto de la voluntad de las personas por permanecer en el domicilio y continuar siendo atendidos, siempre que sea posible, por las personas a las que están emocionalmente ligadas, con los apoyos técnicos o económicos que se consideren procedentes.

Con el objeto de evitar que el cuidado de las personas en situación de dependencia se convierta en una responsabilidad de la mujer, se priorizará la atención profesional,  reconociendo  el valor de los cuidados en el entorno familiar, lo que requiere proporcionar la formación, las herramientas, dispositivos y el apoyo profesional  necesario a todas las personas cuidadoras. Recuperaremos las cotizaciones a la seguridad social con cargo a la Administración General del Estado de los cuidadores de personas en situación de dependencia.

La coordinación del Sistema de Servicios Sociales se debe plantear más allá de la coordinación entre los sistemas de salud y servicios sociales, por ello es imprescindible establecer la coordinación formal entre los sistemas de servicios sociales y los de educación, empleo, vivienda, etc., especialmente para aquellos ciudadanos con necesidades complejas como los mayores pluripatológicos dependientes, personas con grandes discapacidades, personas con enfermedad mental severa crónica.

Asumimos el compromiso de liderar este proceso de reforma clave para el futuro de nuestro país.

 

  1. PROPUESTAS

Consolidar los Servicios Sociales

  • Blindar el Sistema Público de Servicios Sociales como Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, incorporando a la Constitución el derecho de los ciudadanos a acceder a servicios sociales que proporcionen una protección adecuada a toda la ciudadanía.
  • Aprobar, de acuerdo con las CCAA y las corporaciones locales, una Ley marco de Servicios Sociales de ámbito estatal que fije normativamente los elementos básicos relativos al Sistema Público de Servicios Sociales, asegurando unos Servicios Sociales Universales y Sostenibles.
  • Relanzar y reforzar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales desde la AGE para consolidar las estructuras de los Servicios Sociales de Atención Primaria, así como sus funciones y prestaciones básicas. De forma que garanticen iguales derechos para toda la ciudadanía.
  • Derogar la recientemente aprobada Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
  • Coordinar con las Comunidades Autónomas la implementación de una tarjeta social que permita a las personas que se puedan identificar como usuarios/as o potenciales usuarios/as de los servicios sociales.
  • En coordinación con las Comunidades Autónomas, revisar y reforzar el Catálogo de Servicios Sociales actual y el contenido del Plan Concertado de Prestaciones Básicas para adaptarlos a la nueva reorganización que plantearía la nueva Ley Marco de Servicios Sociales.

 

Dar una solución estructural a los problemas de exclusión por la falta de ingresos básicos

  • Aprobar un Plan Integral de Inclusión Social para la erradicación de la pobreza y la exclusión social que integre políticas económicas y sociales sostenibles en las Estrategias de Desarrollo Humano.

 

Dar solución inmediata a los problemas más graves de carencia material severa como alimentación, energía, vivienda, suministro de agua, etc.

  • Promover un acuerdo entre todas las Administraciones para, de manera urgente, acometer medidas que contribuyan a paliar los efectos más graves de la crisis en materia de vivienda, agua, alimentación y energía, especialmente en aquellas familias que carecen de cualquier tipo de ingreso, centrándose especialmente en aquellas en las que haya menores y personas con discapacidad.
  • Elaborar una Estrategia para la Inclusión de Personas sin Hogar, que incluya un Plan específico de Atención a Jóvenes Extutelados que aborde la formación, la vivienda y la prestación que evite el riesgo de exclusión social.
  • Tomar todas las medidas posibles para evitar que se produzcan desahucios en nuestro país.

 

Mejora de la calidad de los Servicios Sociales

  • Impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, la mejora de la calidad y cobertura de los servicios sociales, incluidos los centros residenciales.
  • Profundizar en la formación y especialización de los profesionales en los servicios sociales, reforzando la formación continuada; desarrollando un modelo retributivo que reconozca la calidad asistencial; fomentando la autonomía de gestión; implantando la evaluación y acreditación periódica.
  • Potenciar la generación de una comunidad científica que aporte nuevo conocimiento para la sociedad, apostando por la innovación y las tecnologías de la información y la comunicación a la promoción de la autonomía personal.
  • Mejorar los sistemas de información en servicios sociales, definir los indicadores de calidad y sistematizar la evaluación de las políticas públicas.
  • Fomentar la participación de las personas usuarias de los servicios sociales a través de órganos formales de participación ciudadana y del fomento del trabajo social comunitario a través de los servicios sociales municipales.

 

Alianza con el Tercer Sector

  • Crear una alianza con el Tercer Sector para seguir el desarrollo de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social.
  • Mantener un diálogo permanente con las entidades de la sociedad civil y las personas usuarias de los Servicios Sociales.
  • Transponer con carácter urgente la Directiva Europea sobre Contratación Pública, en la que se destacan los servicios sociales como sometidos a un régimen de contratación particular.
  • Consensuar un Régimen Especial de Colaboración Contractual para la Cooperación Social con el Tercer Sector y la incorporación de Cláusulas Sociales en la contratación pública.
  • Desarrollar reglamentariamente la Ley del Voluntariado. Crear un espacio de interlocución con la Plataforma del Voluntariado y realizar actuaciones encaminadas al conocimiento y promoción del voluntariado. Impulsar la formación y la investigación, así como el intercambio formativo y de buenas prácticas, en colaboración con administraciones y entidades del voluntariado. Crear el Observatorio del Voluntariado.

 

Recuperar la atención a las personas en situación de dependencia

  • Recuperar los principios inspiradores de la Ley para el adecuado cumplimiento de sus objetivos. Modificar la Ley para incluir la eliminación de las medidas incorporadas en la actual legislatura, suprimir las restricciones incorporadas en materia de incompatibilidades y cuidados familiares, garantizando el acceso con carácter universal, con equidad mediante derecho en el sistema público de servicios sociales, que se han visto gravemente afectadas.
  • Derogar el incremento del copago introducido en esta legislatura.
  • Establecer la garantía de gestión pública de la valoración, seguimiento e inspección. Reforzar la gestión pública del sistema, priorizando la titularidad pública de los recursos sociales, sin perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar actividades complementarias. Desarrollar los aspectos de la ley, como el caso del asistente personal.
  • Promover mecanismos de financiación adicionales en la atención a la dependencia que se vinculen a la reducción de listas de espera, la incorporación al sistema de todas las personas en situación de dependencia moderada, la mejor calidad del servicio prestado, y la creación de empleo de calidad.
  • Priorizar los servicios sobre las prestaciones económicas vinculadas a los mismos y potenciar la red de centros y servicios, ya que ambas medidas generan empleo estable y garantizan atenciones de calidad a las personas dependientes.
  • Realizar una evaluación de la aplicación de la Ley por la AEVAL a fin de detectar las carencias existentes en su aplicación, y poner en marcha las mejoras que se requieran a partir de las conclusiones y recomendaciones de dicha evaluación.
  • Incorporar con carácter inmediato al Régimen General de la Seguridad Social a los cuidadores familiares de las personas en situación de dependencia.

Las adicciones: enfoque integral, de la prevención a la reinserción

  • Reeditar el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), enmarcado en un sistema sanitario y social de carácter público.
  • Abordar el consumo del alcohol en menores de edad, en coordinación con las Comunidades Autónomas, partiendo del consenso social, desde la sensibilización comunitaria, implicando a las asociaciones juveniles y al sistema educativo en sus diferentes etapas.
  • Mejorar los sistemas de información sobre drogas y adicciones, reforzando las capacidades del Observatorio Español sobre Drogas.
  • Impulsar la investigación, con mejora de la dotación de recursos, en los aspectos más necesarios por menos conocidos (nuevas sustancias, diferencias de género, condiciones sociales, motivaciones de consumo…) promoviendo la rápida transferencia de resultados a la práctica clínica.
  • Reforzar la cooperación internacional, tanto en la lucha policial, como en programas destinados a la erradicación de cultivos y en los programas asistenciales a drogodependientes.
  • Promover el debate con participación de todos los actores implicados para abordar la situación del consumo de cannabis en nuestro país y participar en los organismos internacionales que estudien la modificación de la Estrategia UNGASS para conocer las líneas generales de un posible consenso internacional sobre el cannabis.