UN NUEVO MARCO LEGAL PARA LOS AYUNTAMIENTOS. FINANCIACIÓN LOCAL

1. DÓNDE ESTAMOS

El municipalismo ha constituido desde la fundación del PSOE una de nuestras señas de identidad. Los municipios han sido la base de la movilización social y de nuestra acción política, y los gobiernos municipales han constituido el principal instrumento de integración y cohesión social. La  prestación de servicios básicos  ha sido impulsora del desarrollo y de la mejora de la calidad de vida de las personas.

La Ley para la Reforma Local aprobada en esta legislatura por el Gobierno del PP ha supuesto un ataque frontal a la autonomía local y a su capacidad de prestar servicios a la ciudadanía. También a la consideración que hasta ahora se había tenido del municipio como gobierno político, convirtiéndolo en un mero gestor de decisiones ajenas. Los Ayuntamientos han sido las administraciones públicas que han sufrido las políticas de austeridad más agresivas e insolidarias.

La crisis económica en la que estamos inmersos plantea nuevos retos para las entidades locales, retos que, unidos a la necesaria derogación de la Ley para la Reforma Local, nos abren un escenario que debe estar protagonizado por las propuestas, el diálogo y el consenso político para  resolver con eficacia los problemas que vienen arrastrando las entidades locales y cuyos primeros afectados son los ciudadanos y ciudadanas.

Debemos abordar las reformas necesarias con el fin de dotar a los Ayuntamientos de las condiciones y capacidades políticas y económicas adecuadas que les permitan ofertar a la ciudadanía los servicios que ésta les demandan. Dichas reformas deben estar regidas por el principio de autonomía local consagrado en la Constitución y en la Carta Local Europea.

 

2. NUESTROS OBJETIVOS

El principal objetivo de los y las socialistas es aplicar el principio de subsidiariedad. Entendemos que las entidades locales son las administraciones más próximas a la ciudadanía. Por ello, reforzar su carácter democrático y mejorar su capacidad para prestar servicios deben ser las prioridades.

Para alcanzar estos dos objetivos no sólo debemos cambiar las reformas que ha realizado el PP en los últimos años, sino que además necesitamos tener muy claro qué modelo de gobierno local defendemos.

El primero de los rasgos de esta idea de democracia local debe ser la participación de la ciudadanía en las decisiones más importantes de los ayuntamientos. Consideramos que todavía existe un enorme campo inexplorado de mecanismos de participación.

La segunda característica ha de ser la transparencia. La ciudadanía necesita saber de forma clara qué hace la administración que tienen más próxima. Sólo así se podrá juzgar y controlar a los gobiernos locales y a sus representantes con responsabilidad.

El tercer rasgo es la suficiencia presupuestaria. Desde hace mucho tiempo nuestros ayuntamientos necesitan unas competencias claras y unos ingresos suficientes para llevarlas a cabo. Por ello, porque creemos que solo una administración que atiende a sus ciudadanos y ciudadanas es una administración útil, nos proponemos caminar hacia un modelo de autonomía y suficiencia financiera de las entidades locales que asegure una mayor capacidad de gobierno y una prestación de servicios de calidad. En esta línea se habilitarán mecanismos para ajustar los intereses y las amortizaciones de los préstamos recibidos por las entidades locales para el Plan de Pago a Proveedores.

 

3. PROPUESTAS

• Derogar la LRSAL  (Ley de Reforma Local) llevada a cabo por el PP.
• Aprobar una Ley de Régimen Local que refuerce la autonomía local, que garantice un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales y aquellas que no siendo propias, previo convenio, puedan desarrollarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria con garantías de control y transparencia de la gestión pública.
• Impulsar, desde el consenso, una nueva ley de Haciendas Locales que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, de forma coordinada con la de la financiación autonómica, definiendo con claridad la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado (PIE) y en los de las Comunidades Autónomas (PICAs).
•  Apostar por un nuevo modelo de Desarrollo Urbanístico y Territorial volcado preferentemente en la intervención en la Ciudad Consolidada con criterios de sostenibilidad (apoyado en la rehabilitación y regeneración urbana) frente al anterior modelo expansionista basado en el "todo urbanizable".
• Integrar a la FEMP, como observador, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
• Modernizar las Diputaciones Provinciales reformulando su papel como espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y dotándolas de competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por los municipios, siempre con criterios de máxima trasparencia, racionalidad y democracia.
• Reconocer el carácter especial de los Cabildos y Consells Insulares, contribuyendo a hacer de estas instituciones de doble naturaleza, local y autonómica, reconocida por la ley de bases de Régimen Local y por los respectivos Estatutos de Autonomia, unas administraciones más cercanas a la ciudadanía.
• Potenciar la existencia de Áreas Metropolitanas como entidades  que prestan determinados servicios públicos de forma más eficaz y eficiente.
• Primar financieramente la cooperación, colaboración y coordinación  en red supramunicipal con el objeto de racionalizar los costes, la eficiencia y la eficacia de los servicios locales.
• Aprobar un plan de acción para los pequeños municipios y entidades locales menores , que propicie su supervivencia, así como su evolución demográfica, social y económica, y un nivel adecuado  de recursos.
• Impulsar la intermunicipalidad a través de mancomunidades y consorcios adecuados a las necesidades reales del mundo rural, que permita el máximo ejercicio de competencias locales y la mejor respuesta a las demandas ciudadanas.
• Aplicar preferentemente la gestión pública y directa de los servicios consorciados o mancomunados haciendo compatible la garantía en la prestación del servicio, la excelencia empresarial y la mejor contribución a la creación de empleo.
• Impulsar la aplicación de la Ley para el desarrollo sostenible en el medio rural, evitando así su despoblación, envejecimiento y desaparición.