DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

  1. DÓNDE ESTAMOS

Si existe un ámbito que ha sido especialmente castigado por las políticas del Partido Popular ha sido el relativo a los derechos sexuales y reproductivos. Al final de esta legislatura, el PP decidió modificar la legislación para restringir el derecho a interrumpir su embarazo a mujeres de 16 y 17 años, un colectivo especialmente vulnerable. Las mujeres jóvenes, en situaciones de gran complejidad y dificultad, se van a ver abocadas a un problema de consecuencias difíciles de medir en el ámbito familiar si comunican su situación o a realizar un aborto clandestino, con el correspondiente riesgo. Imponer el consentimiento de terceros a las niñas menores de 18 años es contrario a las obligaciones contraídas en la Convención sobre los Derechos del Niño.

El segundo ataque que ha realizado el PP a la salud sexual de las mujeres ha sido la limitación del acceso a los tratamientos públicos de reproducción asistida. En la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización han dejado fuera a mujeres de más de 40 años, lesbianas y madres solas. El gobierno justificó la decisión con la siguiente frase: “La ausencia de varón no es un problema médico sobre el que la Sanidad tenga que hacerse cargo”. Esta argumentación muestra que estamos ante un ataque ideológico a los derechos de las mujeres.

 

  1. NUESTROS OBJETIVOS

El Partido Socialista fue el impulsor en 2010 de la Ley de la salud sexual y reproductiva y de interrupción del embarazo. Esta ley contó con los apoyos de todos los grupos salvo el PP. Apostamos por recuperar ese marco legal y desarrollarlo en su totalidad. No solo debemos garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo en los plazos fijados, sino que debemos profundizar en el desarrollo de la primera parte de la ley, la relativa a la salud sexual, ya que el objetivo de esta Ley Orgánica es el de evitar los embarazos no deseados.

El Gobierno también ha de velar por la educación sexual y reproductiva de colectivos especialmente sensibles y con serias dificultades: el de las mujeres prostituidas, el de las mujeres inmigrantes y el de las mujeres con algún tipo de discapacidad.

 

  1. PROPUESTAS

  • Preservar la protección y el derecho a decidir sobre su maternidad de las mujeres de 16 y 17 años tal y como estaba previsto en la ley de educación sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo de 2010.
  • Impulsar políticas activas de educación y prevención a través de campañas informativas sobre métodos anticonceptivos y planificación familiar a nivel general y, de forma específica, con el desarrollo de programas educativos, a acordar con las Comunidades Autónomas, dirigidos a los sectores poblacionales de mayor riesgo, como es la juventud.
  • Colaborar con las Comunidades Autónomas para favorecer la implantación y buen funcionamiento de una red de centros de salud sexual y centros jóvenes.
  • Ofrecer educación afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.
  • Promover programas y acciones específicas que tengan como destinatarias a las mujeres que ejercen la prostitución y a las mujeres que proceden de otros países y que, principalmente por razones culturales, integración y a veces incluso de idioma, suelen tener mayores dificultades y un mayor número de embarazos no deseados y enfermedades de origen y/o transmisión sexual.
  • Garantizar un correcto y adecuado acceso a todos los programas y recursos de salud sexual y reproductiva a las mujeres con algún tipo de discapacidad.
  • Restablecer la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud los tratamientos de reproducción asistida para todas las mujeres.
  • La mutilación genital femenina es una grave violación de los derechos humanos, un acto de violencia contra las mujeres y una muestra extrema de la desigualdad de género, que atenta no solo contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino que les niega su derecho a la salud. En España, desde el año 2003, constituye un delito recogido en el ordenamiento jurídico del Código Penal, con penas de seis a doce años de prisión. Más de 65.000 mujeres y niñas residentes en territorio español proceden de países donde se practica la MGF, constituyendo un factor de riesgo importante (aunque no determinante por sí solo). Por ello, es totalmente imprescindible que desde el gobierno se asuma el compromiso de la erradicación de estas prácticas, fomentando y llevando a cabo protocolos como los diseñados en Aragón, Cataluña o Navarra, donde el sistema educativo, el sistema sanitario y los Servicios Sociales se coordinan (combinando perspectiva de género y perspectiva transcultural) para la prevención y detención de mutilaciones, especialmente a niñas y adolescentes y la puesta en marcha de planes de coeducación, de forma obligatoria, en cada centro educativo.