ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

1. DÓNDE ESTAMOS

Violencia de género

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.

Con ese convencimiento nació la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Una ley reconocida e incluso premiada como una de las mejores leyes de lucha contra la violencia hacia las mujeres y que establece un sólido y completo marco legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o ex compañero sentimental.

Pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia y el número de asesinatos se mantiene en cifras escalofriantes. Alrededor de 800 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas desde el año 2003, cuando comenzaron a recopilarse estadísticas oficiales de víctimas mortales de violencia de género. Una violencia ante la que no podemos ni queremos permanecer impasibles.

 

Prostitución y trata de seres humanos con fines de explotación sexual

Un gobierno socialista puso en marcha el primer Plan Integral de Lucha contra la trata con fines de explotación sexual (2009-2012), en el marco de la defensa de los derechos humanos. Fue el primer plan global de nuestro país que prestó una especial atención a las víctimas, persiguió a los traficantes y proxenetas, apostó por la prevención y por las campañas de sensibilización. El problema se abordó de forma integral y coordinada entre todas las administraciones. Un Grupo Interministerial de Coordinación (Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del Interior, Justicia, Empleo y Seguridad Social y Asuntos Exteriores y Cooperación) realizó un seguimiento y evaluación del plan y elaboró una Memoria anual. También con el gobierno socialista se tipificó, por primera vez, el delito de trata en el artículo 177 bis del Código Penal. Posteriormente, la Unión Europa aprobó la Estrategia para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016).

La legislación española no considera el ejercicio de la prostitución como un delito, tampoco lo es el lucro económico de la prostitución ajena (proxenetismo), solo considera como delito el ejercicio coercitivo sobre la prostitución y la trata. Sin embargo, la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de Febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género asegura que la prostitución, forzada o no, constituye violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos. También señala que considerar la prostitución como un “trabajo sexual” legal, despenalizar la industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres de la violencia y explotación sino que produce el efecto contrario.

 

2. NUESTROS OBJETIVOS

Violencia de género

Una sociedad decente, madura y democrática exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a sus hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo. Exige avanzar hacia un gran pacto de Estado que implique a todas las Administraciones Públicas para dar respuestas efectivas y de carácter integral que garanticen a las mujeres e hijos/as víctimas de violencia el derecho a una vida sin violencia y reponer las dotaciones económicas que se han ido recortando en estos años.

Queremos un modelo donde se proteja a las víctimas pero no se les revictimice. En la actualidad, se empieza a usar el término superviviente para referirnos a las mujeres que han sido capaces de recuperar su personalidad y su vida. Debemos ofrecer a las mujeres y sus hijos e hijas un plan personal, social y laboral.

No podemos olvidar la importancia de la formación de todos los agentes que actúan, principalmente: judicatura, abogacía, equipos psicosociales, forenses y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Es necesario el reconocimiento legal de que los y las menores que viven situaciones de violencia en su hogar, son víctimas directas de esa violencia tal y como establece el Convenio de Estambul.

 

Prostitución y trata de seres humanos con fines de explotación sexual

Naciones Unidas define la trata de seres humanos con fines de explotación sexual como “el fenómeno de esclavitud del siglo XXI”. Ha negado a la prostitución la categoría de trabajo porque no reúne las condiciones de dignidad y respeto humano que requiere una actividad laboral.

La prostitución, la trata y tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación es una de las manifestaciones más crueles de desigualdad. Suponen una vulneración de los más elementales derechos humanos al atentar contra la libertad, la integridad, la salud, la vida, la seguridad y la dignidad de las personas.

La situación de la prostitución en España se caracteriza por su invisibilidad debido a la clandestinidad en la que se desarrolla y que es la causa principal de su desconocimiento, porque la prostitución que se conoce, la que es visible, la de la calle, es la minoritaria.

Por ello, nuestros esfuerzos tienen que ir dirigidos a erradicar la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, a favorecer la dignidad de las mujeres, a garantizar alternativas, terminar con las redes; acabar con las mafias, con la esclavitud; proteger y asistir a las víctimas; cooperar con los países de origen; y concienciar a la ciudadanía de que es un comercio ilícito.

 

3. PROPUESTAS

Violencia de género

• Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención, a la recuperación integral de las víctimas  y a su asistencia social, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los Ayuntamientos.
• Crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
• Poner en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, el Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso.
• Como herramienta de prevención de la violencia de género, publicar la lista de maltratadores con sentencia firme. Es una medida disuasiva, proactiva y ajustada a Derecho que ayudará a prevenir el maltrato.
• Establecer protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.
• Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
• Incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo- sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.
• Poner en marcha un Plan Integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género.
• Proceder, de manera inmediata, a la reforma de la legislación en materia de familia y menores para garantizar la obligatoria suspensión del régimen de visitas de menores por parte de progenitores o tutores legales que estén cumpliendo condena por violencia de género con el objetivo de que éstos no se conviertan en instrumentos de maltrato en manos de sus padres.  En ningún caso se le otorgarán derechos de visita ni custodia a maltratadores condenados.
• Rechazar la custodia compartida impuesta, especialmente, en supuestos de violencia de género para garantizar el derecho superior del menor y para que éste no quede en ningún caso desprotegido.
• En consonancia con el Convenio de Estambul, el juez podrá suspender la guarda y custodia y el régimen de visitas cuando haya indicios de delito de violencia de género.
• El llamado Síndrome de Alienación Parental será inadmisible como acusación de una parte contra la otra en los procesos de violencia de género, separación, divorcio o atribución de custodias de menores.
• Crear una Comisión Parlamentaria que trate específicamente la violencia de género.
• Exigir que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional especializado, como forenses, fiscalía  y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género tengan certificada, previamente a ocupar su puesto, una formación específica en la materia impartida por una institución acreditada.
• Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, tal como exige la Recomendación General nº 19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado.
• Elaborar Planes de detección precoz para poder actuar desde los inicios de la violencia de género.
• Impulsar estrategias de prevención y programas de atención a mujeres adolescentes víctimas.
•  Elaborar programas específicos contra la violencia de género a través de las TICs con especial incidencia en la población joven.

 

Prostitución y trata de seres humanos con fines de explotación sexual

• Aprobar en nuestra legislación medidas que desarrollen políticas encaminadas a la abolición de la prostitución.

  • Reintroducir en el Código Penal la figura de la tercería locativa (el que alquila habitaciones) en los términos del Convenio de Naciones Unidas, lo que permitirá desmantelar la industria del sexo.
  • Introducir la figura de penalización de todo tipo de proxenetismo lucrativo medie o no consentimiento de la persona prostituida.
  • Sancionar la demanda y compra de prostitución.

• Promover un acuerdo global para perseguir, de forma coordinada y eficaz entre todos los países que se sumen al mismo, la deleznable lacra de la Trata de Personas con fines de explotación sexual.
• Impulsar una Ley Integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que establezca mecanismos adecuados para la prevención, refuerce la persecución de oficio del delito, evite la publicidad de contenido sexual y ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las personas que han sido explotadas.