LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

  1. DÓNDE ESTAMOS

La corrupción se ha convertido en uno de los problemas más importantes de nuestra sociedad. Los efectos de la corrupción son demoledores. La corrupción es un fenómeno que afecta a la gobernabilidad, a la confianza en las instituciones y los derechos de la ciudadanía. En otras palabras, influye negativamente en el desarrollo de las instituciones, reduce la calidad del gobierno y de la democracia. Además, afecta negativamente al Estado de Derecho y el bien común destruyendo la confianza en las instituciones públicas. Es un fenómeno que, por otro lado, no es unitario ni unidireccional, en tanto que no se concentra en un solo sector económico, en una sola institución, y no se explica por un solo factor. Pero no sólo eso, la corrupción es una máquina de generar desigualdades.

De todos los países de la Unión Europea España es el que en los últimos 3 años ha sufrido los mayores cambios en la percepción de la corrupción. La corrupción percibida se refiere, sobre todo, a una forma de hacer política basada en la constante intromisión de los intereses particulares en la toma de decisiones políticas con efectos muy perversos para el bienestar colectivo. Según el Eurobarómetro de 2013, el 77% de la población española cree que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país.

A esta percepción se une la de la impunidad alimentada por la lentitud de los macro-procesos penales. El tiempo medio para dictar sentencia está en casi 10 años. De tal manera que corrupción más impunidad deriva en desconfianza institucional, máxime en momentos de profunda crisis económica.

 

  1. NUESTROS OBJETIVOS

Nuestro objetivo es construir un futuro que nos aproxime a los países social y económicamente avanzados. Ha llegado el momento de dar un salto histórico para mejorar las bases institucionales de nuestra democracia.

La transparencia y la obligación permanente de rendir cuentas y asumir responsabilidades públicas son condiciones imprescindibles  frente a la corrupción política. Pero hay que ir más lejos. Hay que endurecer las sanciones y poner más medios a disposición de los jueces.

Es crucial que se garantice el acceso pleno de la ciudadanía a la información pública. Además, se deben realizar campañas de sensibilización y toda clase de  esfuerzos para erradicar la tolerancia social con las formas menores de corrupción, que constituye el semillero moral de los comportamientos más graves. Se trata de construir una cultura de la ejemplaridad en la Administración Pública que permita restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones, recuperar el prestigio de la política y combatir los recelos actualmente existentes sobre la fuerza de las leyes y la equidad del sistema judicial.

Queremos no solo sancionar los delitos, que también, sino, sobre todo, evitar que se produzcan. Por tanto, hay que avanzar tanto en medidas preventivas como sancionadoras. Ello exige no sólo atacar al corrupto, sino también mejorar los controles en la Administración, así como cambiar el comportamiento de los partidos políticos y de las empresas.

La incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas supone un escenario en el que la actividad empresarial vinculada a fenómenos de corrupción hace peligrar la existencia misma de la empresa. De ahí que no solo se previenen estos hechos con el establecimiento de una normativa coercitiva y sancionadora como la existente, sino que es necesario fortalecer también las buenas prácticas y una cultura empresarial de cumplimiento.

Conscientes de las repercusiones negativas que supone la corrupción para la estabilidad del país y su desarrollo económico y social,  debemos fomentar e incentivar la implantación y desarrollo de modelos de buenas prácticas en la gestión pública y  trabajar en el restablecimiento de la ética pública y empresarial.

 

  1. PROPUESTAS

  • Elaborar un Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Dicho plan trazará la estrategia de gobierno para enfocar un programa de actuación transversal e integral.

 

Medidas de prevención para el sector público

  • Revisar los deberes y obligaciones de los funcionarios y autoridades públicos y cargos públicos:

    • Establecer un solo formato de declaración de bienes y patrimonio de quienes trabajan en el sector público.
    • Establecer un solo formato de declaración de bienes y patrimonio para quien acceda a un cargo público, así como la obligación de comunicar cualquier tipo de variación patrimonial durante el ejercicio del cargo y al finalizar su mandato.
    • Revisar las normas reguladoras de los conflictos de intereses.
    • Obligar a las personas que conforman el Gobierno y Altos Cargos de la Administración del Estado a presentar una declaración y certificación de la Administración tributaria de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
    • Prohibir el nombramiento y obligar al cese de altos cargos cuando se les abra juicio oral por algún delito relacionado con la corrupción (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, financiación ilegal de los partidos políticos, etc) delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y delitos de fraudes de subvenciones y ayudas públicas, y blanqueo de capitales.
    • Suspender a concejales y parlamentarios cuando se les abra juicio oral por algún delito relacionado con la corrupción (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, financiación ilegal de los partidos políticos, etc), delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y delitos de fraudes de subvenciones y ayudas públicas, y blanqueo de capitales, estableciendo los mecanismos oportunos para que, en caso de que el concejal o parlamentario resultara absuelto por sentencia firme en el transcurso de su mandato, se le restituya en su cargo.

  • Revisar las normas de Contratación pública:

    • Establecer en los pliegos de condiciones de los contratos públicos pactos de integridad obligatorios por los que las empresas licitadoras se comprometen a evitar cualquier práctica que pueda ser considerada de corrupción.
    • Restringir las posibilidades de contratación directa con el sector público y de utilización del procedimiento negociado sin publicidad.
    • Fortalecer los mecanismos para impedir o regular la revisión de costes.
    • Extender el ámbito de control del recurso especial de contratación a importes más bajos, con la finalidad de eliminar ámbitos exentos de control previo independiente.
    • Revisar las causas legales de prohibición de contratación con las AAPP.
    • Reforzar los requisitos de control y de exigencia de información con empresas que realicen operaciones financieras en países o territorios considerados legalmente como paraísos fiscales.

  • Revisar y/o establecer normas sobre conflicto de intereses en los diversos órganos de las AAPP en los que se toman decisiones como las mesas de contratación pública, entre otros.
  • Establecer la nulidad de las subvenciones, bonificaciones, ayudas y contratos con las Administraciones Públicas y la obligatoria restitución e indemnización por daños y perjuicios cuando los mismos se hayan obtenido o cuyo mantenimiento haya sido logrado por conductas de sobornos o vinculadas a cualquier otro tipo de modalidades de corrupción.
  • Fortalecer e impulsar el posicionamiento de España en los espacios internacionales  de lucha contra la corrupción (GRECO, OCDE, UN, etc.).
  • Revisar las normas reguladoras de las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales, fundaciones públicas, entre otras, para reforzar e intensificar los mecanismos de prevención, control y supervisión.
  • Tipificar el delito de enriquecimiento ilícito que castigue el incremento patrimonial de autoridades y funcionarios públicos, producido durante el período de su mandato, cuando no puedan justificar la causa de este incremento.

 

Medidas de prevención en el sector privado

  • Regular el acceso al ejercicio de representación de intereses e influencia en la política (Lobby), para evitar la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del tráfico de influencias.
  • Establecer beneficios en la contratación con el sector público para aquellas empresas que firmen Pactos de integridad.
  • Establecer beneficios relacionados con la reputación. Establecer listas blancas de empresas dando publicidad a las empresas que hayan firmado pactos de integridad y desarrollen buenas prácticas, permitiendo facilitar la prevención de la corrupción en la contratación pública.
  • Establecer las condiciones para facilitar que en la empresa se puedan implementar las normas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que constituyen un valor competitivo no solo a nivel empresarial, sino también de la economía de un Estado y monitorizar periódicamente su cumplimiento

Medidas de represión

 

  • Revisar y reformar los actuales delitos contra la Administración Pública:

    • En los delitos existentes revisar las conductas que dan lugar a que se puedan adoptar resoluciones contrarias a derecho, manipular las convocatorias, concursos o pliegos de contratación, fraccionamiento artificial y/o fraudulento de contratos.
    • Revisar los delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas.
    • III.  Establecer penas agravadas para los delitos cometidos por funcionarios públicos o autoridad.
    • Reforzar las penas privativas de libertad en los delitos contra la Administración pública así como las penas de inhabilitación absoluta, especial y suspensión para empleo o cargo público.

  •  Tipificar entre las modalidades del delito de encubrimiento la figura del testaferro en las conductas de creación y/o mantenimiento de estructuras societarias u organizaciones de cualquier clase que no tengan otro fin que actuar en el mercado encubriendo actividades económicas ajenas de fraude y corrupción.
  • Revisar el delito de financiación ilegal de partidos políticos rebajando significativamente la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de prisión y tipificar la manipulación de cuentas anuales de los partidos políticos.
  • Reformar y revisar de forma integral las medidas contra el fraude fiscal, el fraude de subvenciones y fraude a la Seguridad Social; entre otras, las más significativas:

    • Prohibición por Ley de la amnistías fiscales.
    • Revisión de las infracciones administrativas y los delitos
    • Revisión de las medidas antielusión y antievasión
    • Revisión de las cuantías constitutivas de delito
    • Revisión de las penas y la prescripción.
    • Revisar la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias de cuantía superior a 30.000 euros y la identidad de sus autores.

  •  Revisar la competencia jurisdiccional para el enjuiciamiento de delitos de funcionarios públicos y autoridades:

    • Revisar las competencias de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción para los delitos de funcionarios públicos, autoridades y corrupción política.
    • Establecer un plan especial para dotar de medios humanos y materiales adecuados para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, especialmente a la Fiscalía Anticorrupción y las fiscalías provinciales, donde se concentra más del 80% de los casos de corrupción.
    • Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adaptarla a un proceso penal moderno, ágil y con las garantías propias de un Estado de Derecho.

  • Establecer incentivos para fomentar y favorecer el afloramiento de casos de corrupción:

    • Establecer atenuantes específicas para los supuestos de autodenuncia para más delitos que los actualmente previstos.
    • Limitar y condicionar las sentencias de conformidad a la existencia de una cooperación activa y aportación de pruebas determinantes para el esclarecimiento del caso o descubrimiento de otros, así como el obligado pago de la responsabilidad civil derivada del delito.
    • Regular la protección  de quien denuncie prácticas corruptas e ilegales tanto en la Administración Pública con en el sector privado, a fin de proteger a la ciudadanía  que denuncie este tipo de delitos de cualquier clase de represalias.

  • Revisar las normas reguladoras del comiso para asegurar que la persona condenada por un caso de corrupción responda con bienes patrimoniales, también los futuros.

 

Medidas de control

  • Crear una Oficina Anticorrupción con capacidad de actuación directa en todo el ámbito del sector público del Estado, incluida la Administración militar, y de las Administraciones Locales, con competencia para revisar las actuaciones y procedimientos con alcance económico y capacidad para exigir las responsabilidades que puedan derivarse de ellos. La Oficina podrá relacionarse directamente con la Fiscalía, con la AEAT y con la Oficina de Conflictos de Intereses y actuará en las CCAA tras la firma de los correspondientes acuerdos de colaboración.
  • Establecer expresamente la obligación de colaboración con el Tribunal de Cuentas por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Administración de la Seguridad Social y la Oficina de Conflictos de Intereses, así como de cualquier órgano administrativo, agencia, organismo autónomo o entidad pública empresarial de cualquiera de las administraciones públicas.
  • Ampliar los poderes del Tribunal de Cuentas y establecer el deber de colaborar con el mismo de cualquier tercero que pueda estar relacionado con la actividad económico financiera que se estuviera fiscalizando.
  • Poner en marcha en las AAPP planes de prevención contra la corrupción, en los que se determine el funcionario responsable de cada expediente, los protocolos de actuación cuando ese funcionario al que se puede exigir responsabilidad por un expediente irregular detecta algún indicio de corrupción y los instrumentos de protección que tiene frente a posibles represalias.
  • Articular y coordinar el intercambio de información interinstitucional entre las entidades que ejercen funciones de prevención, control, investigación y sanción contra el fraude y la corrupción.

 

Otras medidas para fortalecer las buenas prácticas y prevenir la corrupción

  • Introducir en los distintos niveles educativos materias de contenido formativo en valores contra la corrupción. Introducir módulos en estudios de grado y máster de Ética de la Empresa.
  • Realizar campañas de información para sensibilizar sobre la intolerancia con toda forma de corrupción y comunicar los detalles de la normativa para la prevención contra ésta en todos los ámbitos, como las Campañas de Tolerancia Cero con la corrupción o Campañas como La Transparencia es rentable.