MÁS SEGURIDAD CON DERECHOS

  1. DÓNDE ESTAMOS

Los años 2004-2011 constituyeron un buen período para la seguridad de los españoles y españolas.

Mal que le pese a la derecha, fue un Gobierno socialista el que puso fin al terror mantenido durante más de cincuenta años por la banda terrorista ETA. Ese final lleva el nombre de un Presidente, de un Ministro del Interior y un Lehendakari  socialistas. Y, a su lado, el esfuerzo anónimo de policías nacional y autonómicas, guardias civiles, jueces y fiscales, funcionariado de prisiones y agentes de los servicios de inteligencia, autoridades y policías de países que se comprometieron con nuestra lucha y, sobre todo, millones de españoles que se negaron a aceptar el chantaje terrorista que nos privó de más de ochocientas vidas, causó miles de heridos y dañó en forma irreparable a innumerables hijos y padres, maridos y mujeres, parientes y amigos. Todos ellos lograron vencer a una banda que, desarbolada, anunció en noviembre de 2011 que abandonaba definitivamente la lucha armada.

Sólo queda la entrega definitiva de las armas, el reconocimiento del dolor causado, la petición de perdón a las víctimas y la satisfacción de la reparación debida. Entonces, sólo entonces, las víctimas se sentirán definitivamente honradas y el Estado de derecho podrá culminar la paz ganada con tanto esfuerzo.

Ese esfuerzo contó también con una difícil pero, pese a sus crisis, mantenida unión de los demócratas, congregados en torno a pactos que nos comprometían a todos y que sirvieron para acelerar, primero, y respaldar, después, la unión frente al terrorismo de la inmensa mayoría de la ciudadanía.

Una unión que, antes, sirvió para enfrentar la investigación, el enjuiciamiento y las condenas de quienes perpetraron en Madrid, el 11 de marzo de 2004, el mayor atentado de nuestra historia y de quienes, posteriormente, han intentado mantener una amenaza latente de corte yihadista contra nuestra convivencia colectiva.

Los 192 fallecidos y los más de 1.800 heridos en aquella tragedia siguen en nuestra memoria y han estado en la base misma del Acuerdo antiterrorista propuesto por el PSOE al Gobierno, en enero de 2015, para hacer frente, de nuevo con todos los ciudadanos y ciudadanas, al terrorismo yihadista y a la violencia extremista.

Junto a ello, 2004-2011 fueron los años en los que más baja fue la tasa de criminalidad, en los que más creció la dotación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de Jueces y de Fiscales, en los que más se transformó el régimen penitenciario, en el que la protección civil se vio reforzada por la creación y acción creciente de la UME y en los que la seguridad vial, por fin, fue una esperanza crecientemente mejorada.

Todo ello, por lo demás, se llevó a cabo con los medios ordinarios del Estado de Derecho, pues no fue ni se sintió necesario emprender una tarea de reformas legislativas destinadas a limitar, condicionar o restringir los derechos y libertades de la ciudadanía. Fueron, así, los años en los que los y las socialistas demostramos que la seguridad no tiene por qué limitar la libertad sino que contribuye efectivamente a ella.

Por el contrario, cada vez que existe un problema de seguridad la derecha siempre plantea una falsa dicotomía entre libertad y seguridad, reduciendo los derechos de la ciudadanía. Pero seguridad sin libertad nos conduce a una sociedad autoritaria. Siguiendo esta filosofía, dos elementos definen con claridad la gestión del Gobierno del PP en materia de seguridad: menos derechos para todos y uso partidista del poder coactivo del Estado. Con esos objetivos ha desarrollado todo un paquete legislativo que restringe de forma dramática los derechos de la ciudadanía (Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Seguridad Privada) y dos leyes de personal, de Guardia civil y policía, que reducen los derechos de los miembros de ambos cuerpos.

Hemos asistido a una reiterada utilización partidista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en beneficio propio y con acompañamiento mediático.

 

  1. NUESTROS OBJETIVOS

Deberemos afrontar la reforma de las leyes que en este ámbito han desfigurado la concepción de la seguridad como elemento inescindible del respeto a los derechos de la ciudadanía (Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Seguridad Privada, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley contra la Violencia de Género).

Hay que dotar de más y mejores medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para así desarrollar medidas preventivas con más eficacia  y establecer con claridad sus derechos y obligaciones en una sociedad democrática del siglo XXI.

Deberemos primar los elementos de coordinación y colaboración entre policía y guardia civil y entre éstas y el resto de policías del Estado. No podemos desaprovechar un caudal tan ingente de recursos e información como se hace actualmente, y ello deberá hacerse manteniendo las competencias de cada cuerpo sin que quepa la competencia entre ellas. Para ello, estableceremos un Mando Único sobre policía y guardia civil, con Unidades Centrales conjuntas de coordinación.

En el ámbito penitenciario, proponemos volver al espíritu y la letra de la Constitución, que prevé la reeducación y reinserción social como elemento esencial que debe orientar las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad. Para ello, el tratamiento, con programas específicos atendiendo a los perfiles de los reclusos, debe convertirse en el eje de la política penitenciaria, así como el cumplimiento en medio abierto y el desarrollo de las penas y medidas alternativas a la prisión. Todo ello, sin desatender, e incluso intensificando, las medidas de seguridad, control e información sobre aquellos internos especialmente peligrosos pertenecientes a bandas armadas y miembros de delincuencia organizada.

En el ámbito de la seguridad vial, debemos incrementar la formación tanto de la ciudadanía desde la escuela, como de los conductores y conductoras y de quienes imparten la formación. Es preciso que la seguridad vial se aborde de forma global, y se pase del concepto de circulación, donde el protagonista es el automóvil, al de movilidad, donde el protagonista es la persona y sus diversas formas de desplazarse.

  1. PROPUESTAS

Reformas legislativas

  • Derogar la Ley de seguridad ciudadana y aprobar una nueva Ley que refuerce y proteja a las personas, y asegure que el marco legislativo facilita el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
  • Colocar cámaras de vigilancia con grabación, en todos los calabozos de España, para garantizar la seguridad de los detenidos y los policías. Estas grabaciones quedarán archivadas.
  • Reformar la Ley de seguridad privada para garantizar que solo podrá prestarse como un servicio complementario, subordinado y nunca alternativo de la seguridad pública, sometido a controles e intervenciones administrativas, donde se respeten plenamente los derechos laborales de los y las trabajadoras y de la ciudadanía.
  • Reformar las leyes de personal de guardia civil y policía para establecer claramente los derechos y obligaciones de sus miembros.
  • Reformar la Ley Orgánica General Penitenciaria para su actualización y modernización.

 

En materia policial

  • Reponer de forma proporcional y graduada las vacantes de las dotaciones de Catálogo del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
  • Implantar un programa de formación permanente y de actualización de conocimientos técnicos y jurídicos de todas las personas que componen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que puedan realizar sus funciones con eficacia y seguridad jurídica.
  • Fortalecer la coordinación y cooperación policial convocando, al menos dos veces al año, las Juntas de Seguridad de las Comunidades Autónomas con Cuerpo de Policía.
  • Dotar de personal y recursos técnicos y materiales para la potenciación de las unidades centrales del cuerpo nacional de policía y de la guardia civil encargadas de la investigación y persecución de los delitos económicos y fiscales.
  • Poner en marcha un programa de I+D, con la colaboración de las Universidades y otros organismos públicos, para la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas y equipamientos profesionales, que permitan una mejor investigación de los delitos y un mayor esclarecimiento de éstos por la policía nacional y la guardia civil y su progresiva descentralización mediante la creación de Unidades Territoriales de ambos cuerpos.
  • Elaborar un protocolo claro y jurídicamente seguro, que regule la actuación que deben seguir los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados a la vigilancia de nuestras fronteras.

 

En materia de terrorismo yihadista

  • Incrementar los efectivos dedicados a la lucha contra el terrorismo yihadista.
  • Reorientar la estrategia contra el terrorismo para hacer frente al terrorismo internacional y a las formas más violentas.
  • Restablecer el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), unificándolo con el Plan de Protección y Prevención antiterrorista.
  • Restablecer instrumentos jurídicos, policiales, educativos  y sociales capaces de prevenir la actuación delictiva y combatirla con eficacia para proteger a la ciudadanía y preservar la tranquilidad social.

 

En el ámbito penitenciario

  • Llevar a cabo un nuevo diseño de plantillas y de cuerpos al servicio de la administración penitenciaria.
  • Impulsar y priorizar las actuaciones educativas, formativas y laborales y de tratamiento, en especial, los Programas de Tratamiento para condenados por violencia de género, agresores sexuales, internos de régimen cerrado, personas con discapacidad, enfermos mentales, drogodependientes y prevención de suicidios.
  • Fomentar medidas alternativas a la prisión que permitan una reinserción social efectiva. Además, potenciar mecanismos de mediación, conciliación y arbitraje para resolver disputas, y las unidades externas de madres.
  • Introducir nuevos modelos de gestión e intervención, como los módulos de respeto. Impulsar y generalizar en todos los centros penitenciarios las unidades terapéuticas y educativas (UTEs), como modelo alternativo a la prisión tradicional.
  • Implementar nuevos programas de intervención con otros colectivos de especial atención como personas de conducta especialmente violenta o acogida de internos primarios.
  • Desarrollar y consolidar el régimen abierto, exceptuando internos especialmente peligrosos pertenecientes a bandas armadas, en concreto, integristas yihadistas y miembros de delincuencia organizada, condenados por violencia de género, agresores sexuales y delitos económicos que creen alarma social.
  •  Fomentar la colaboración y la cooperación entre Administraciones, agentes sociales, ONGs, etc, con el objetivo de favorecer la reinserción social, formativa y laboral de los y las internas.
  • Intensificar las medidas de seguridad, control e información sobre aquellos internos especialmente peligrosos pertenecientes a bandas armadas, en concreto, integristas yihadistas y miembros de delincuencia organizada.

 

 

En materia de seguridad vial y movilidad sostenible

  • Conformar la educación vial como una herramienta de prevención de accidentes para lo que se requiere medidas específicas como, entre otras, integrar la formación en Seguridad vial en los planes de formación obligatoria o promover la creación de un grado oficial para formar profesionales en Movilidad y Seguridad Vial.
  • Reformar los centros de reconocimiento médico para mejorar el cumplimiento de sus funciones y de los servicios que realizan.
  • Revisar el régimen jurídico de los examinadores de tráfico.

 

En materia de protección civil

  • Implementar la nueva Ley de protección civil en colaboración y coordinación con todas las administraciones afectadas.