Memoria Histórica

1. DÓNDE ESTAMOS

En el año 2007, el gobierno socialista aprobó la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (Ley de Memoria Histórica), con un amplio consenso. Solo tuvo el voto en contra del Partido Popular y de ERC.

Lideramos, así, una de las reivindicaciones históricas de colectivos muy sensibilizados con nuestra más reciente historia. En esta ley se ampliaron y reconocieron los derechos de todos aquellos que padecieron la persecución y la violencia de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista.

Si evaluamos su aplicación, es una ley que tuvo un alto grado de cumplimiento. De esta forma, se ha procedido a la declaración personal de reparación y reconocimiento como víctimas del franquismo de miles de personas. Se han mejorado las prestaciones que venían percibiendo las víctimas de la guerra y el franquismo y se han reconocido prestaciones a nuevos colectivos, como los denominados “niños de la guerra”, las víctimas del tardofranquismo o las personas homosexuales que fueron represaliadas por serlo.

Se intensificó la labor de retirada de símbolos franquistas. Se concedió la nacionalidad española a los descendientes del exilio y a los brigadistas internacionales. Se creó, en 2008, la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura para una atención e información centralizada al colectivo. Se articuló un procedimiento para el acceso a archivos, incluidos los históricos.

Se elaboró un mapa de fosas y se articularon protocolos para la localización, exhumación e identificación de los desaparecidos y se apoyó con dinero público esta tarea. Se hizo hasta que el PP llegó al Gobierno y redujo a 0 € esta partida presupuestaria y suprimió la Oficina de Ayuda a las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

 

2. NUESTROS OBJETIVOS

Consideramos que hay que dar un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica. Las recomendaciones de Naciones Unidas marcan el camino a seguir en la gestión de la memoria histórica. Básicamente, el Estado debe asumir directamente la gestión de las políticas y actuaciones de búsqueda de la verdad, justicia y reparación a las víctimas. Se trata de que su aplicación se lleve a cabo de manera efectiva y no dependa de la voluntad del gobierno de turno.

 

1. PROPUESTAS

• Recuperar y reforzar la dotación de partidas presupuestarias relacionadas con las exhumaciones.
• Asegurar la coordinación con Ayuntamientos y asociaciones en las actividades de exhumación e identificación y actualización permanente de los mapas de fosas.
• Proporcionar un mayor apoyo institucional, legal y financiero a los familiares y asociaciones de víctimas, caminando así hacia una mayor dignificación y reconocimiento de su trabajo.
• Proceder a la reapertura y potenciación de la Oficina de Ayuda a Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, que creó el Gobierno socialista para el cumplimiento de los objetivos contemplados en la Ley de Memoria Histórica.
• Crear Bancos de ADN con la urgencia y celeridad que obliga la avanzada edad de muchos de los familiares de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura.
• Asegurar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en materia de símbolos franquistas en instituciones y lugares públicos, para evitar la aplicación arbitraria que se está produciendo en algunos municipios.
• Excluir de todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda la Dictadura o la figura del dictador Franco, el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o vejatorio para las víctimas.
• Aplicar con carácter urgente el nuevo significado dado al Valle de los Caídos por la Ley de Memoria Histórica, dando efectividad a las recomendaciones del informe de la Comisión de Expertos en la materia. El conjunto monumental deberá dejar de ser un lugar de homenaje a las víctimas de una de las partes implicadas en la Guerra Civil, para convertirse en un espacio para la cultura de la reconciliación, de memoria colectiva democrática, dignificación y reconocimiento a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.
• Promover la creación de una Comisión de la Verdad, en la línea de las recomendaciones de Naciones Unidas.
• Estudiar la cuestión de la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana.
• Abrir los archivos de instituciones y dependencias oficiales con información sobre la represión franquista. Asegurar que se razone debidamente en derecho la clasificación y secreto de los documentos.
• Respaldar las investigaciones que profundicen en la recuperación de la memoria histórica.
• Abordar el robo de miles de bebés en España, entre 1940 y 1990, como un problema de Estado. Articular los procedimientos legales que permitan investigar y conocer toda la verdad sobre estos delitos de lesa humanidad, como han sido calificados por la Comisión de Naciones Unidas en el informe sobre personas desaparecidas. Dotar de cobertura jurídica, psicológica y asistencial a las víctimas.
• Establecer el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo.
• Fomentar en el sistema educativo los contenidos que se deriven de todos los trabajos realizados a favor de la memoria histórica.