REFORMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

  1. DÓNDE ESTAMOS

El artículo 6 de la Constitución española reconoce a los partidos políticos como las instituciones a través de las cuales se garantiza el pluralismo político, uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico.

A los partidos políticos nos corresponde asegurar la calidad representativa de las instituciones democráticas y no lo estamos haciendo adecuadamente. Para ello es importante abrir canales de comunicación entre representantes y representados, mejorar la receptividad y la rendición de cuentas, adecuar las estructuras internas y los modos de funcionamiento a nuevas formas de participación democrática.

Por supuesto, en esta cuestión, como en las demás, no todos los partidos somos  iguales. Mientras que en algunos partidos la ausencia de democracia interna es palmaria y todas las decisiones importantes recaen en un reducido número de dirigentes, e incluso en una sola persona, otros llevamos ya años introduciendo mecanismos de participación, como las primarias para elegir a candidatos y dirigentes orgánicos.

En este sentido, unos partidos más democráticos, participativos,  abiertos y transparentes son también unos partidos mejor inmunizados contra la corrupción. Y es precisamente la corrupción de los políticos y la corrupción en los partidos una de las principales causas de la desafección política de la ciudadanía.

Por supuesto, la reacción de los partidos frente a la corrupción surgida en su seno tampoco ha sido la misma. Mientras unos hacen todo lo posible por negar, tapar y ocultar, tratando incluso de entorpecer la acción de la justicia, otros plantamos cara al problema y asumimos un compromiso con la ciudadanía.

Las últimas propuestas legislativas del Gobierno del PP resultan, a este respecto, totalmente insuficientes y no son más que un intento de enmascarar su nula asunción de responsabilidad política por los casos de corrupción que le afectan.

El PSOE está escuchando las demandas de una sociedad cada vez más exigente y quiere responder a ellas con propuestas responsables y sensatas, sin concesiones hacia el inmovilismo o el populismo.

 

  1. NUESTROS OBJETIVOS

Para combatir la desafección política de la ciudadanía es necesario dotar de contenido a la relación entre representantes y representados a través de los partidos políticos. Para que esto sea posible, es absolutamente imprescindible que la cultura democrática penetre en el interior de los partidos, de la misma manera que es absolutamente imprescindible profundizarla en el seno de la sociedad. No hay democracia sin demócratas, pero tampoco la puede haber sin partidos democráticos.

Por ello, el PSOE se plantea una profunda reforma del régimen jurídico aplicable a los partidos con el fin de desarrollar plenamente su función constitucional como “instrumento fundamental para la participación política”, más allá de su participación en los procesos electorales, dando cumplimiento de manera efectiva al mandato de que su “estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos” (artículo 6 de la Constitución Española).

El segundo gran objetivo que nos planteamos es que los partidos políticos estén mejor inmunizados frente a la corrupción. Para ello, además del reforzamiento de la democracia y de los controles internos, es necesario acometer una reforma del modelo de financiación de los partidos.

La reforma de la financiación de los partidos no solo es un medio para la prevención de la corrupción, sino que debe servir también para la reconstrucción del vínculo de identificación y de confianza entre la ciudadanía y los partidos. En este sentido, apostamos por un modelo de financiación pública suficiente que pueda complementarse con las aportaciones de pequeña cuantía provenientes de personas físicas.

 

  1. PROPUESTAS

 

  • Refundir la ley de partidos políticos y la Ley sobre Financiación de los Partidos Políticos en una sola Ley de Partidos. En esta nueva ley, se contemplarán como principales novedades los siguientes aspectos:

Sobre la democracia interna y los derechos de los afiliados

  • Dotar de mayor capacidad de participación de los afiliados o militantes mediante la elección directa de determinados cargos orgánicos.
  • Regular la selección de las candidaturas a la presidencia de los gobiernos nacional y autonómicos y a las corporaciones locales (a partir de una determinada población) mediante sufragio directo y secreto de las personas afiliadas del ámbito territorial correspondiente. Los estatutos de los partidos establecerán el procedimiento, pudiendo abrir la participación a quienes no están afiliados.
  • Reconocer y proteger  las libertades de expresión y de asociación interna de las personas afiliadas
  • Considerar los programas electorales como un compromiso vinculante con la ciudadanía de los cuales habrá que rendir cuentas, para cuya garantía adoptaremos las medidas oportunas.

 

Sobre la financiación

  • Vincular la financiación que los partidos reciben del Estado, además de al resultado electoral en número de escaños y de votos, a elementos de democracia interna de los partidos, como la celebración de primarias, la limitación de mandatos o la paridad en las listas electorales.
  • Establecer incentivos fiscales regresivos para las aportaciones privadas a los partidos, previendo un sistema de devolución para las personas que no realizan la declaración del IRPF.
  • Regular un sistema de microdonaciones a través de Internet para donaciones inferiores a 200 euros (en cómputo anual por cada persona física), garantizando la identificación de los donantes ante el órgano de control.
  • Dotar de transparencia a todos los ingresos públicos y privados, con desglose de las aportaciones de donantes, afiliados y cargos públicos. Detallar los gastos, con indicación expresa de retribuciones a responsables internos y empleados, gastos externos y de funcionamiento.
  • Informar trimestralmente al Tribunal de Cuentas de todas las aportaciones privadas recibidas, de los créditos contratados y de los acuerdos de renegociación de deudas con las entidades financieras. El Tribunal de Cuentas deberá publicar con carácter inmediato la información recibida e identificar a los donantes una vez superen la cantidad de 200 euros anuales.
  • Retener toda subvención pública a los partidos políticos que no hayan remitido sus cuentas al Tribunal de Cuentas.
  • Regular que los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos u orgánicos deben hacerse responsables patrimonialmente de dichos actos.
  • Establecer la obligación para los Partidos políticos de publicación de la liquidación de gastos e ingresos electorales, teniendo en cuenta un techo de gasto.
  • Reforzar el papel de control y fiscalización del Tribunal de Cuentas para auditar en tiempo real las cuentas de las organizaciones políticas, con una mayor capacidad sancionadora.
  • Cumplir estrictamente las Recomendaciones GRECO sobre transparencia financiera de los partidos políticos.