LA REFORMA DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA

  1. DÓNDE ESTAMOS

España es una democracia moderna consolidada. Por ello, también es cierto que nuestro sistema político tiene problemas homologables a las democracias de nuestro entorno y, por tanto, debemos emprender reformas que permitan restaurar la confianza que han perdido muchos ciudadanos y ciudadanas en sus instituciones.

Atravesamos una grave crisis política e institucional que mina la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema político y que afecta a la legitimación misma de sus instituciones y de sus representantes.

Esta crisis política es reflejo de la ola de malestar democrático que se ha extendido por Europa en el contexto de la crisis económica y financiera de los últimos años. No solo como consecuencia de la crisis social que la crisis económica ha provocado en términos de desigualdad, desempleo, pobreza y desprotección pública, sino también porque en demasiadas ocasiones ha parecido que la política no dirigía la economía, sino al revés, que las decisiones políticas se tomaban extramuros de las instituciones o que incluso no había alternativa posible a las decisiones tomadas, prescindiendo de la valoración que mereciesen por parte de la ciudadanía.

Por ello, cualquier programa dirigido a recuperar el pulso de nuestro país para impulsarlo a nuevas y ambiciosas metas para la España del siglo XXI, debe abordar necesariamente una tarea de renovación de la representación política. El objetivo es doble: fortalecer los vínculos con la ciudadanía y mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones y de nuestra democracia. Nosotros iniciamos el camino, introducimos los mecanismos de participación en nuestra organización, y en ello debemos avanzar a nivel institucional en la Legislación de Partidos, contribuyendo al desarrollo de nuestra democracia exclusivamente de carácter representativo hacia una “democracia participativa” donde la participación política directa del ciudadano se equilibre con la representativa, haciéndole sujeto activo y directo del ejercicio del poder, también a través de los Partidos Políticos.

Además, una democracia solo puede ser considerada como tal si contempla la igualdad real, no solo la formal, entre mujeres y hombres. Una sociedad que discrimina al 50% de su población soporta una grave carencia democrática.

A pesar de los logros conseguidos, las mujeres se siguen enfrentando a numerosos obstáculos a la hora de desarrollar su proyecto de vida y especialmente, a la hora de participar en las esferas pública y laboral. Para el PSOE, es prioridad acabar con el déficit democrático que supone la escasa presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones y en la mayoría de los campos, desde la cultura al deporte, desde las embajadas a los juzgados, y en todas las esferas de la sociedad.

Queremos una democracia de calidad, una democracia paritaria, por lo que es necesaria la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en todos los ámbitos.

  1. NUESTROS OBJETIVOS

Los y las socialistas apostamos por la reforma de la representación política con un objetivo claro: mejorar lo que ahora tenemos, no debilitarlo, y fortalecer lo público. No toda reforma supone mejorar nuestro actual sistema, que tiene fortalezas que deben ser preservadas. Por eso planteamos reformar el sistema político, no su demolición.

Para mejorar la representación, debemos garantizar la igualdad entre hombres y mujeres como un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, un derecho fundamental y un principio reconocido en nuestra Constitución. Es necesario realizar un nuevo pacto social que incluya a las mujeres.

Defendemos que la democracia representativa es la mejor opción para una sociedad contemporánea desarrollada. Para el PSOE, no hay política sin democracia representativa y sin el conjunto de normas e instituciones que le dan sustento y que son la garantía de las libertades de todos y de todas. Vamos a plantear reformas que den estabilidad al sistema político y contribuyan a mejorar la convivencia entre personas que pensamos distinto. Vamos a plantear reformas que fortalezcan la política.

Debemos atrevernos a plantear reformas audaces, que no sean meros retoques o parches. Primero, porque la crisis política es real y profunda y responde a factores que no van a desaparecer sin más. Segundo, porque también las reformas institucionales deben plantearse con ambición modernizadora, no pensando en lo que hicimos mal en los últimos treinta y siete años, sino en lo que podemos hacer bien en las próximas décadas.

La experiencia democrática más larga y los cambios sociales exitosos producidos en los últimos años, han desembocado en una ciudadanía más activa y también más insatisfecha. La democracia española necesita una urgente modernización, que la haga más abierta, más transparente, más cercana y, en definitiva, más participativa, donde el ciudadano se sienta sujeto activo y directo del ejercicio del poder.

Es la hora de que la ciudadanía vuelva a sentir la política como algo cercano, como algo propio y, ante todo, útil.

 

  1. PROPUESTAS

 

Reformas del sistema parlamentario

  • Impulsar la reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado con el objeto de corregir el carácter rígido del parlamentarismo español, dotando de mayor agilidad y dinamismo a los debates, potenciando el papel del parlamentario individual y su actividad en su circunscripción, además de sus funciones de control e impulso sobre el Gobierno.
  • Garantizar que la fijación del orden del día del Pleno y de las Comisiones no sea acordada por las personas que conforman un solo grupo parlamentario.
  • Regular las comparecencias urgentes del Presidente del Gobierno y de los Ministros y Ministras para que no puedan rehuir el debate parlamentario en cuestiones de actualidad.
  • Establecer la celebración de los debates sobre los Consejos Europeos con carácter previo a su reunión.
  • Regular que la inadmisión a trámite de cualquier iniciativa (pregunta, solicitud de información, solicitud de creación de Comisiones de investigación o de Subcomisiones) no se acuerde por los miembros de un solo grupo parlamentario.
  • Establecer la obligatoriedad  de que se puedan presentar preguntas orales en Pleno al Gobierno sin formulación previa y que la mitad de todas las preguntas sean planteadas por Diputados y Diputadas sin previa notificación a la Presidencia.
  • Incorporar al expediente legislativo las gestiones y trabajos relacionados con cualquier iniciativa legislativa en tramitación, tanto por los diputados y diputadas como por los grupos parlamentarios, con el objetivo de garantizar la total transparencia de la actividad parlamentaria.
  • Constituir en cada Cámara un órgano específicamente encargado de realizar un seguimiento del cumplimiento dado a las mociones y proposiciones no de ley aprobadas por el Parlamento, que pueda dirigir requerimientos al Ejecutivo para exigir en la práctica lo acordado por las Cámaras.
  • Con el objetivo de avanzar en un modelo federal, trabajaremos en un acercamiento de las instituciones a la ciudadanía y territorios, y en ese sentido, proponemos trasladar el Senado a Barcelona.
  • Tramitar como proyectos de ley los decretos-leyes cuando así lo soliciten dos grupos parlamentarios o una tercera parte de los diputados y diputadas.
  • Culminar el reconocimiento de la pluralidad lingüística en el Senado.
  • Fortalecer la actuación imparcial e independiente de los órganos constitucionales y organismos reguladores mediante el establecimiento de un sistema para el nombramiento de sus miembros en el que se prevea la convocatoria pública de las vacantes a cubrir, la evaluación de la competencia e idoneidad de las personas candidatas por un Comité Asesor de composición profesional variable cuyos informes se harán públicos, la celebración de sesiones de audiencia en las correspondientes comisiones del Congreso y del Senado y la elección final por parte del Parlamento.

 

Reformas en el sistema electoral

  • Modificar la Constitución y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General desde el consenso con los siguientes objetivos:

    • Impulsar los medios y realizar las reformas legislativas necesarias para facilitar el voto electrónico.
    • Revisar el procedimiento electoral.
    • Reformar el sistema de voto de la ciudadanía residente fuera de España para facilitar una mayor participación con medidas como la desaparición del voto rogado.
    • Reforzar el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales a la ciudadanía de origen extranjero, facilitando su inscripción de oficio en el censo electoral.
    • Establecer para la elección de diputados y diputadas un sistema de listas desbloqueadas, que permita a los electores una mayor influencia sobre la elección finalmente de sus representantes e incentive una rendición de cuentas más personalizada entre la ciudadanía y sus representantes parlamentarios. Se considerará la posibilidad de desbloquear las listas también para las elecciones municipales.
    • Mejorar la proporcionalidad
    • Posibilitar de forma efectiva el ejercicio del voto a las personas con discapacidad que hoy no pueden ejercerlo.
    • Regular la celebración de debates electorales, con la creación de una Comisión Independiente de Organización de Debates formada por profesionales del periodismo de reconocido prestigio.
    • En el marco de la Ponencia para la reforma de la LOREG, abrir el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio a los jóvenes mayores de 16 años

 

Estatuto y condiciones del ejercicio de la política

  • Establecer un límite de dos mandatos consecutivos para ejercer la Presidencia del Gobierno.
  • Establecer que quienes compatibilicen un cargo público con una responsabilidad en su partido solo reciban un sueldo.
  • Incluir en las declaraciones de actividades y bienes patrimoniales intereses específicos o sectoriales del parlamentario, así como todas las actividades desarrolladas ajenas a esa condición.
  • Aprobar un Programa de racionalización del régimen retributivo de los Altos Cargos de la Administración General del Estado y del personal directivo del Sector Público Estatal, buscando los consensos para aplicar dicha racionalización en el resto de Administraciones Públicas.
  • Limitar los aforamientos al ejercicio de la actividad política y promover que las CCAA supriman los aforamientos en los Estatutos de Autonomía.
  • Establecer para cualquier responsable político o empleado público la prohibición de aceptar regalos, salvo los de carácter protocolario que pertenecerán a la administración y se inscribirán en un registro accesible al público.
  • Regular de manera exhaustiva los conflictos de intereses para evitar el fenómeno de puertas giratorias, con incompatibilidad en los años posteriores al desempeño del cargo, fijando un periodo de incompatibilidad de cinco años para quienes pretendan incorporarse ex novo a empresas del sector sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión.
  • Prohibir la concesión de indulto en cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción y violencia de género, convirtiéndolo en un instrumento que solo se aplique de forma excepcional y atienda primordialmente a la reinserción en la sociedad. Incorporar la necesidad de su motivación y acentuar la información a las Cortes Generales sobre los indultos concedidos.
  • Establecer sanciones para aquellos cargos públicos o electos que no hagan públicas sus declaraciones de bienes patrimoniales, abriendo el expediente de responsabilidad correspondiente.

 

Reformas para los derechos y la participación política de las mujeres

  • Modificar la Ley de Régimen Electoral para garantizar la paridad mediante el sistema de listas cremallera, con una representación equilibrada de hombres y mujeres al 50%.
  • Incluir la perspectiva de género en los Presupuestos Generales del Estado contabilizando y estableciendo partidas suficientes que la desarrolle en todos los ministerios  dando especial reconocimiento al trabajo no remunerado.
  • Modificar la Ley de Igualdad para incluir sanciones en caso de incumplimiento que consigan reforzar la representación equilibrada entre hombres y mujeres en todos los órganos e instituciones del sector público y en todos los niveles de representación pública, así como en los órganos de decisión y dirección colegiados de empresas u organizaciones del ámbito privado.
  • Recuperar el Instituto de la Mujer como organismo especializado dedicado a los derechos de las mujeres.