ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA GARANTIZAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

1. DÓNDE ESTAMOS

Tras cuatro años de Gobierno del Partido Popular, la Administración española se encuentra en el peor momento de su historia desde la transición democrática. Los recortes presupuestarios han laminado los derechos sociales de la ciudadanía. Las políticas de externalización y privatización han reducido la calidad y puesto en entredicho la equidad del sistema de bienestar. La cooperación autonómica se ha situado en mínimos históricos y la administración electrónica se ha estacando en España. La reforma del Gobierno del Partido Popular ha puesto en peligro la prestación de servicios públicos de calidad por parte de las Administraciones Locales.

El Gobierno ha maltratado a las personas empleadas en el sector público, empeorando sus condiciones laborales, retributivas y de protección social, llegando incluso a descalificarlas abierta y públicamente. La congelación de las ofertas de empleo público y la reducción de plantillas han provocado que las Administraciones tengan hoy 300.000 personas menos, muchos de ellos en servicios públicos esenciales. Además, se ha producido una politización de la Administración sin precedentes.

La obsesión por la austeridad ha reducido la eficacia de las políticas públicas. La planificación estratégica y la definición de objetivos de servicio público se han sustituido por políticas cortoplacistas que tienen como única finalidad gastar menos, aunque paradójicamente los supuestos ahorros no se ven por ningún lado.

Se ha abandonado prácticamente todo intento por evaluar los programas públicos, ninguneando a la Agencia de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos.

Con este bagaje no es de extrañar que, según datos del propio Gobierno, la satisfacción de la ciudadanía con los servicios públicos haya caído 20 puntos desde 2011.

 

2. NUESTROS OBJETIVOS

Los y las socialistas sabemos que los poderes públicos son el mejor instrumento para la transformación social y para alcanzar el modelo de sociedad más igualitaria al que aspiramos.

En la Administración descansa la protección y garantía de los derechos de la ciudadanía, el impulso de la actividad económica, la promoción de la igualdad de oportunidades y el mantenimiento de la cohesión social. No hay política con resultados sin una buena Administración.

Es la Administración la que convierte los compromisos en realidades, la que transforma proclamaciones en derechos efectivos, la que empodera a la ciudadanía frente a todos los poderes sociales, económicos o culturales que comprometen sus derechos y su autonomía personal. El diseño de una buena Administración es esencial para la izquierda que representa el PSOE.

Por eso, estamos en condiciones de plantear un ambicioso programa para transformar las Administraciones Públicas, de tal forma que éstas no solo atiendan las necesidades actuales de la sociedad, sino que estén también en disposición de liderar transformaciones sociales durante los próximos lustros.

La crisis económica, los cambios políticos, sociales y tecnológicos, el mayor protagonismo de la ciudadanía en la esfera pública y las políticas destructivas del PP motivan la necesidad y urgencia de un esfuerzo transformador.

El Programa de Administración Pública que planteamos los y las socialistas pretende ser el reflejo organizativo y procedimental del programa político general del PSOE. Es el proyecto de Administración propia de un proyecto socialdemócrata moderno.

Ofrecemos los instrumentos para que las políticas de refuerzo del Estado de Bienestar, de Igualdad,  de revitalización democrática, de desarrollo sostenible, de reforma fiscal o de fomento del empleo estén bien diseñadas y presupuestadas, sean implantadas de manera eficaz y puedan ser evaluadas correctamente.

De este modo, planteamos una estrategia y un compromiso firme con políticas innovadoras de recursos humanos que permitan poner de nuevo en valor el trabajo de las personas que trabajan en la función pública; con el fortalecimiento de los servicios públicos frente a la externalización desaforada de servicios esenciales; con nuevos modelos organizativos adaptados a la realidad del Estado autonómico; con políticas de simplificación e innovación tecnológica; con una apuesta decidida por la transparencia, la evaluación y la rendición de cuentas.

En definitiva, la revalorización de lo público como estrategia; el progreso y el bienestar de la sociedad como objetivo.

 

3. PROPUESTAS

• Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar y, en todo caso, priorizar la gestión pública directa de los servicios públicos esenciales. Las Administraciones sólo podrán encargar a entidades privadas la prestación de servicios públicos cuando se justifique su conveniencia desde el punto de vista económico y social. La Administración dispondrá, en todos los casos, de potestades efectivas,  de control,   de supervisión, inspección y sanción para asegurar la equidad y la calidad del servicio, garantizando en todo momento la transparencia de su actuación.

Innovación administrativa al servicio a la ciudadanía

• Modificar la regulación de los procedimientos administrativos para que desaparezcan definitivamente todas las cargas administrativas que no se deriven de una exigencia de interés general.
• Establecer la cobertura legal y normativa necesaria para propiciar la innovación y la adaptabilidad tecnológica en las Administraciones públicas. Crear un laboratorio de innovación pública con la participación de los particulares y de los propios empleados públicos.
• Retomar los niveles de inversión en tecnologías de la información para obtener una Administración al servicio de la ciudadanía más simple, más ágil, más cercana, y más participativa,  ofreciendo servicios electrónicos de la máxima calidad.
• Hacer realidad la Administración sin papeles y la interoperabilidad real entre e intra las administraciones mediante el uso obligatorio de plataformas y sistemas de tramitación electrónicos.
• Extender a todos los procedimientos de la Administración del Estado la posibilidad de utilizar la notificación electrónica. Avanzar hacia la existencia de un registro electrónico único y simplificar el sistema de identificación digital de la ciudadanía ante la Administración.
• Aprobar un Estatuto de los derechos de la ciudadanía en relación con la administración electrónica que establezca con mayor claridad los derechos y garantías de calidad, de responsabilidad, de seguridad y de gratuidad en el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios públicos electrónicos, además de constituir un auténtico marco relativo a la privacidad y protección de datos. Estableceremos igualmente las condiciones para que la información pública sea abierta y reutilizable.
• Rendir cuentas de manera permanente por parte de las Administraciones públicas ante la ciudadanía. Para cada ámbito de actividad se crearán sistemas de objetivos, variables e indicadores que garanticen el seguimiento continuo y permitan a quienes desarrollan la acción política, la gestión así como a la ciudadanía valorar la eficacia y el impacto de cada actuación pública. Los resultados servirán para proseguir, modificar o abandonar, en su caso, los distintos programas, así como para exigir las responsabilidades que pudieran deducirse por un uso inadecuado de los recursos públicos.
• Impulsaremos el diseño de políticas públicas y de planes estratégicos, así como la evaluación de políticas y programas públicos para mejorar la eficacia, el impacto y la rentabilidad del gasto público. Reforzaremos el papel de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos, dotándola de medios adecuados, y propiciaremos la participación de la ciudadanía en la mejor gestión de los Servicios Públicos.

 

Organización y colaboración interadministrativa

 

• Optimizar la organización de los Ministerios para reducir gastos de funcionamiento, generar economías de escala y hacer que los recursos públicos se dirijan prioritariamente a atender a la ciudadanía. Crear organismos interdepartamentales que gestionen el personal, la contratación, los inmuebles o las tecnologías para toda la Administración del Estado. Sólo podrán crearse y mantenerse empresas y fundaciones públicas por razones de necesidad social, de  sostenibilidad económica  y eficiencia en la gestión.
• Impulsar la colaboración entre Administraciones para eliminar ineficiencias y evitar el derroche de recursos, con garantía en todo caso de la calidad de los servicios, la satisfacción de los derechos de la ciudadanía y la autonomía institucional.
• Promover organismos mixtos de gestión entre el Estado y las Comunidades y Ciudades  Autónomas.

 

Contratación pública

 

• Impulsar un sistema de contratación pública transparente, eficiente en la asignación del gasto público, que asegure la calidad de los bienes y servicios y que sea sostenible ambiental y socialmente. Limitar las posibilidades que actualmente tienen las Administraciones para contratar directamente con terceros sin concurrencia ni publicidad. Sancionar el fraccionamiento de contratos para evitar la aparición de nuevos casos de corrupción, y mejorar el seguimiento de la ejecución para impedir que surjan sobrecostes. En todas las licitaciones superiores a 300000 euros, las sesiones públicas de la Mesa de Contratación serán retransmitidas mediante streaming.
• Incorporar elementos de carácter social y de igualdad en los procedimientos de contratación pública, tanto en el diseño del objeto de los contratos como en los criterios de adjudicación de los mismos. En los contratos que superen un determinado importe exigir como requisito de solvencia, o establecer como criterio de adjudicación, que las empresas sigan determinadas prácticas de responsabilidad social corporativa: que tengan aprobados planes de igualdad, que tengan implantados procesos de gestión medioambientalmente sostenible, que posean un porcentaje mínimo de personas con discapacidad, que no superen determinado porcentaje de temporalidad en los contratos de su plantilla o que hayan suscrito compromisos contra la corrupción. Crear un código de buenas prácticas para la contratación pública al que se podrán adherir todas las empresas que tenga interés en trabajar con las Administraciones Públicas.
• Incorporar a los contratos públicos la obligatoriedad de Pactos de integridad con el fin de prevenir la corrupción y favorecer la competencia leal con los máximos estándares de transparencia y el control de su cumplimiento.
• Incluir en la legislación de contratos públicos incentivos específicos para favorecer la contratación con centros especiales de empleo o de inserción social, con PYMES y con empresas que impulsen la investigación, el desarrollo y la innovación.
• Establecer las medidas oportunas para que las empresas que contraten con la Administración respeten, como un mínimo necesario, las condiciones laborales y retributivas del convenio colectivo. Impulsar la aprobación de un Plan de actuaciones de la Inspección de Trabajo para comprobar el cumplimiento de esta medida. Las Administraciones Públicas llevarán a cabo un riguroso seguimiento y control de la ejecución de los contratos públicos haciendo uso, cuando así se requiera, de la potestad sancionadora y de la capacidad para rescindir los contratos ante incumplimientos de los adjudicatarios.

 

Empleados Públicos

• Recuperar progresivamente los derechos que han perdido en los últimos años quienes trabajan en la función pública. En los primeros tres meses de Gobierno nos sentaremos con los representantes de los empleados públicos para alcanzar un pacto de salarios y de condiciones laborales. La mejora de la situación económica del país se reflejará, progresivamente, en la recuperación de su poder adquisitivo.
• Aprobar medidas concretas para prestigiar la imagen de quienes trabajan en empleos  públicos, acercarla a la ciudadanía, y defender su dignidad y competencia profesional. Revitalizar de manera permanente el Diálogo Social en la Administración Pública.
• Modificar el acceso al empleo público para garantizar que las Administraciones cuenten con los mejores profesionales. Revisar sistemas, pruebas y programas para reducir el componente memorístico, valorar la experiencia profesional previa e introducir periodos evaluables de formación y prácticas. Articular un sistema de ayudas para que la escasez de recursos económicos nunca pueda suponer un obstáculo para preparar, con garantías, las pruebas de ingreso al servicio público.
• Implantar sistemas para evaluar la actividad de los empleados públicos, de modo que un buen desempeño de su función suponga el reconocimiento de su dedicación y profesionalidad. Estableceremos, igualmente, sistemas efectivos para mejorar la carrera y la formación en el empleo público.
• Aprobar un Estatuto del Directivo Público que permita profesionalizar la función directiva en nuestras Administraciones. Establecer criterios objetivos para seleccionar las mejores candidaturas. Se promoverá al tiempo una mayor incorporación de las mujeres a los puestos directivos en la Administración Pública.
• Aprobar Ofertas de Empleo Público suficientes y adecuadas a las necesidades de un Estado social reforzado, asegurando que las tasas de reposición no menoscaben la calidad de los servicios públicos. Adoptaremos las medidas normativas necesarias para solucionar la precaria situación de quienes trabajan en situación de interinidad. Continuaremos aproximando la regulación de los distintos tipos de personal al servicio de las Administraciones Públicas, en línea con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.

 

Buen Gobierno en las Administraciones Públicas: Participación, transparencia, ética pública y prevención contra la corrupción

 

 

• Regular la actividad de lobby ante el Poder Legislativo, el Gobierno y la Administración. Crear un registro obligatorio de lobbies y lobistas. Los representantes públicos deberán dar cuenta de los contactos que mantienen con estos lobbies e informar del contenido de las pretensiones o propuestas formuladas. Todo lobista registrado deberá informar periódica y públicamente de sus actividades. Aprobar un código ético para la actividad de lobby y dotar a la Oficina de Conflictos de Intereses de las prerrogativas y los recursos necesarios para supervisar y sancionar los incumplimientos, tanto del sector público como del sector privado.
• Mejorar las garantías jurídicas de los ciudadanos y ciudadanas para recurrir contra las decisiones administrativas. Eliminar la obligatoriedad del recurso de alzada y convertirlo en potestativo.
• Aprobar una nueva Ley de Expropiación Forzosa que otorgue garantías suficientes a las personas expropiadas y evite prácticas inadecuadas que puedan dar lugar a resultados injustos. La nueva Ley mejorará la información, agilizará el procedimiento y reformará los Jurados Provinciales de Expropiación. Permitirá que la Administración pueda desistir de la expropiación cuando el precio fijado suponga un grave quebranto para las arcas públicas, en coherencia con el régimen de valoraciones establecido en la legislación estatal sobre suelo.
• Poner a disposición electrónica de la ciudadanía en formatos comprensibles y reutilizable toda la información que no se considere por Ley materia reservada o cuya difusión sea susceptible de vulnerar derechos. En particular, cada Administración deberá publicar en su web, accesible a toda la ciudadanía, los presupuestos, el grado de ejecución presupuestaria y la situación de la deuda.
• Modificar la Ley de Transparencia para permitir un efectivo acceso a la información y restringir al máximo la posibilidad de inadmitir solicitudes de información pública y evitar denegaciones de acceso sin fundamentación concreta o la falta de respuesta a las solicitudes. Por otro lado, establecer en los procedimientos de información pública aplicables a los procesos de reclasificación y de recalificación de suelo, la obligación de exponer las variaciones económicas producidas en dichos procesos para impedir la especulación y los eventuales procesos de corrupción.
• Aplicar con el máximo rigor la normativa sobre incompatibilidades y conflictos de intereses a los altos cargos de la Administración. Dotar a la Oficina de Conflictos de Intereses de la independencia funcional y los medios necesarios para realizar el seguimiento y las inspecciones necesarias que eviten cualquier situación de conflicto de interés, tanto durante, como después del ejercicio de cargo público.
• Elevar de 5 a 10 años el periodo mínimo de servicio activo del funcionariado para pasar a excedencia voluntaria y establecer un periodo máximo de permanencia en esta situación a cuyo término se pierde la condición. Estudiar también la pertinencia de aplicar un régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades durante los primeros dos años de la excedencia voluntaria por interés particular.
• Implantar sistemas de control interno efectivos en las empresas públicas y fundaciones, lo que permitirá garantizar la buena gestión financiera y mejorar el sistema de auditorías que realiza la Intervención General de la Administración del Estado sobre dichas entidades, para reducir malas prácticas y actuaciones fraudulentas.
• Crear dentro de la Intervención General de la Administración del Estado una unidad que actúe como Oficina especializada antifraude en materia de gasto público. Esta nueva unidad actuará como enlace con los órganos jurisdiccionales y con la Fiscalía y serviría de apoyo a dichos órganos como peritos judiciales.
• Reforzar la independencia de los órganos de control interno en las Administraciones Locales, de modo que el nombramiento y fijación de retribuciones del funcionariado de administración local con habilitación de carácter estatal no dependa de los órganos políticos a los que éstos deben controlar.